ExDAS hablará en la JEP de cómo falsificaba inteligencia para justificar “falsos positivos”

Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará a John Jairo Díaz Garzón, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de un hombre que habría participado en por lo menos dos casos de falsos positivos, pero que podría tener información clave del rol de la extinta agencia de seguridad en este capítulo de la guerra: según él mismo ha dicho, habría ayudado a que uniformados del batallón Jaime Rooke, del Ejército, con sede en Ibagué, presentaran a civiles como guerrilleros muertos en combate, falsificando información de inteligencia. Díaz Garzón dijo, además, que actuó siguiendo órdenes de las más altas esferas del DAS.

Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará a John Jairo Díaz Garzón, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de un hombre que habría participado en por lo menos dos casos de falsos positivos, pero que podría tener información clave del rol de la extinta agencia de seguridad en este capítulo de la guerra: según él mismo ha dicho, habría ayudado a que uniformados del batallón Jaime Rooke, del Ejército, con sede en Ibagué, presentaran a civiles como guerrilleros muertos en combate, falsificando información de inteligencia. Díaz Garzón dijo, además, que actuó siguiendo órdenes de las más altas esferas del DAS.

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“En mi aporte a la verdad sobre estos hechos”, dijo Díaz Garzón en su solicitud de sometimiento a la JEP, “los cuales obedecen al modus operandi conocido como ‘falsos positivos’, mi participación fue la de construir un hecho anterior que justificara el accionar de la fuerza pública, lo que se conoce como información de inteligencia, para que los militares pudieran darle visos de legalidad y naciera la necesidad del accionar militar”. Según su relato y la investigación de la Fiscalía, con esta información, el entonces comandante del batallón Jaime Rooke ordenaba un operativo en una zona a la que previamente habían llevado a civiles engañados y allí los mataban.

La justicia llegó a este exagente del DAS a través del testimonio de quien habría sido su socio. Como recogió la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al aceptar el sometimiento de Díaz Garzón en diciembre de 2020: “Luis John Castro Ramírez se encargaba de ingresar (las víctimas) al lugar destinado para ser ultimados y acomodarlos con criterio de combate para ser presentados como muertes en desarrollo de operaciones militares contra supuestos integrantes de grupos subversivos”. Castro Ramírez, alias el Zarco, era un reclutador de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Este año ganó notoriedad luego de que su extradición desde España se cayera por vencimiento de términos, en medio de dilaciones que no se han esclarecido.

El Zarco asegura haber reclutado a civiles en Cali (Valle del Cauca) y con engaños haberlos conducido hasta Tolima, donde operaba el batallón Jaime Rooke. Estas personas fueron presentadas después como bajas guerrilleras. Y este hombre, que se ha vuelto central en la investigación, dijo que uno de sus enlaces con las autoridades era un agente del DAS de nombre John. Así llegó la Fiscalía a John Jairo Díaz Garzón y, desde enero de 2019, fue vinculado a un proceso penal por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad en documento público. El exagente se sometió a la JEP y el 21 y el 22 de abril, por primera vez, hablará en versión voluntaria.

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Se tiene indicio de por lo menos dos operaciones que se habrían llevado a cabo con información amañada de inteligencia y que terminaron en posibles ejecuciones extrajudiciales. En ambas, las víctimas habrían llegado hasta el Tolima por falsas promesas de dinero que les hiciera el Zarco. La primera se dio el 28 de febrero de 2008 en la finca Los Mangos, de la vereda Potrerito, de Ibagué. Allí perdieron la vida Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbayo, José Yiner Enríquez, Nelson Vergara, José Never Ramos y Gerardo Antonio Moreno. La segunda fue un mes más tarde, el 30 de marzo de 2008, en la vereda Pringamosal, del municipio de El Guamo. Allí murieron Ferney Tabares y Jorge Armando Guevara.

Según la investigación de la Fiscalía, citada por la JEP, John Jairo Díaz Garzón manipuló la información de inteligencia así: “En calidad de detective del DAS, utilizando el nombre de una de sus fuentes habituales, imprime en documentos públicos de fuentes humanas (…), información que no fue suministrada por la fuente”. Esa información era enviada al Ejército y, “de esta manera y conforme a la certificación operacional suscrita por el comandante del batallón Jaime Rooke, se ordena el pago de $10 millones a la fuente por el resultado, dinero que no tuvo el destino para el cual se erogó por parte del DAS, y que al parecer sirvió para pagar a Luis John Castro (el Zarco)”.

Antes de ser admitido en la JEP, el exagente del DAS le prometió a esa justicia: “En mi versión voluntaria daré a conocer los nombres, fechas y lugares donde se realizaron las reuniones para darles trámite a estos hechos que fueron tenidos en cuenta para realizar una operación militar”. Desde agosto de 2020, la Procuraduría había pedido que Díaz Garzón no fuera admitido en la justicia especial, pues su solicitud de sometimiento “no deja ver con claridad la relación de participación del compareciente en los hechos victimizantes materia de estudio, ni proporciona información para dilucidar los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que conllevaron a los hechos”.

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Díaz Garzón ratificó que sí está dispuesto a aportar verdad y remató: “Puedo decir que mi presencia y trabajo como agente del Estado, funcionario de inteligencia en el teatro de los hechos censurados e investigados, obedeció a órdenes de mis superiores del DAS, quienes trabajaban interinstitucionalmente en maniobras de inteligencia legal e ilegal, tendientes a acabar, debilitar y desprestigiar a las Farc a nivel nacional e internacional, mostrando resultados operacionales contra ellas, para lo cual se gastaban recursos estatales y de apoyos internacionales”. Según le dijo Díaz Garzón a la JEP, todo esto ocurrió “bajo órdenes y directrices de los directivos y del alto mando militar”.

El abogado Ómar Laiton Cortés, del Colectivo de Abogados Opción Jurídica, quien defiende a víctimas de falsos positivos adjudicados al batallón Jaime Rooke, le dijo a El Espectador que “es importante que funcionarios como estos puedan acudir a la JEP, a contar la verdad de lo sucedido y, asimismo que los familiares de las víctimas tengan a bien escuchar a sus victimarios”. Además, señaló que, aunque la Fiscalía venía haciendo un trabajo destacable, los procesos están frenados desde que pasaron a la JEP. Con la comparecencia de Díaz Garzón, esperan “poder levantar el velo de impunidad que existe en muchos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tolima”