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Excombatientes de las extintas Farc residentes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Urías Rondón, ubicado en Playa Rica, La Macarena (Meta) denunciaron ante el gobierno que el 18 de noviembre de 2021, la semana pasada, hombres armados ingresaron a su zona y atentaron contra ellos. Según la carta de los voceros del ETCR, fueron víctimas de secuestro, desplazamiento y también quemaron vehículos del esquema colectivo de protección a la comunidad.
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En la carta presentada al gobierno, los excombatientes aseguran que hasta el momento las autoridades no han tomado ninguna medida para prevenir o mitigar los hechos que, según los denunciantes, afecta la reincorporación “económica, política y social” de los exfarc. Por los ataques, se realizó una reunión en el lugar y se hizo un pliegue de peticiones en el que pedían protección y garantías para cumplir con el Acuerdo de Paz.
Los reincorporados pidieron a las entidades competentes que garantice las condiciones de desplazamiento desde el ETCR Playa Rica (Meta) hasta El Doncello (Caquetá), donde esperan recibir un predio en condiciones de habitabilidad para poder reubicar los proyecto que adelantan. Asimismo, pidieron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) les restablezca el esquema de seguridad y garantice la protección de los líderes y miembros de la comunidad.
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Otra de las exigencias de la comunidad del ETCR de Playa Rica es que se incluya en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) una ruta de emergencia en situaciones de desplazamiento y medidas de seguridad en materia económica, de salud y educación. De la misma manera, pidieron especial protección para la concejala de La Macarena (Meta), Karen Andrea Flores Durán.
En septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la seguridad de los excombatientes en el país. El organismo, encabezado por Carlos Camargo, señaló que la seguridad de los reincorporados de la desaparecida guerrilla está en alto riesgo. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), solo en 2021 fueron asesinados 36 excombatientes. En 2020, la cifra fue de 73 homicidios.
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La Defensoría del Pueblo dijo que ocurren acciones violentas contra personas en reincorporación señaladas de simpatizar o colaborar con distintos grupos armados ilegales, lo cual los obliga a su desplazamiento forzado. En septiembre de este año, Camargo sostuvo que “la seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos”.
De acuerdo con lo expresado por la entidad, esta situación de orden público afecta negativamente en la reincorporación colectiva de los grupos de excombatientes que salen de los antiguos espacios territoriales. En esa ocasión se mencionó que también ocurrieron casos de desplazamiento en las áreas de reincorporación de El Diamante, La Pista y Nueva Esperanza (Meta), Algeciras y Neiva (Huila), y La Blanquita (Antioquia).
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