Andrea Lucía Redondo Vergara tiene 35 años y desde hace 20 se pregunta de día y de noche sobre el paradero de su padre. Es la hija de Oswaldo Rafael Redondo Pineda, secuestrado y desaparecido por el frente 35 de las Farc el 21 de marzo del 2001 en Sincelejo (Sucre). Tenía 10 años cuando su papá salió una mañana de su casa, junto al médico y exalcalde Álvaro Ignacio Ordoñez Giraldo, y no tuvo más noticias de él.
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Su historia es una de las 827 de desapariciones forzadas atribuidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Bloque Caribe de esa guerrilla. Es también uno de los casos sobre los cuales cinco comparecientes de ese grupo reconocieron responsabilidad durante una audiencia este 21 de abril de María la Baja (Bolívar).
Se trata de la primera audiencia de reconocimiento por parte de exintegrantes de la estructura de la cual hicieron parte “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”, hoy jefe de la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia y señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
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Los cinco exjefes del Bloque Caribe imputados por su responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad que les dieron la cara a las víctimas son Abelardo Colorado, alias “Solís Almeida”; Osmany Landero, alias “Hernando González”; Gilberto de Jesús Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; Luis Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Guerra”, y Uriel Oviedo, “Manuel Ortiz” o “Mañe”.
La audiencia es clave por lo que significa para las víctimas que estos cinco exjefes guerrilleros aceptaran su responsabilidad en tomas de rehenes, homicidios, torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Todo ocurrió entre finales de los 90 e inicios de los 2000, cuando sembraron el horror en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en Barranquilla. Pero también lo es por la expectativa que tenían ellas, sus abogados y la propia JEP sobre un posible escenario de no reconocimiento de responsabilidad, teniendo en cuenta que “Iván Márquez”, otrora jefe de esa estructura ilegal, de nuevo es uno de los actores más activos de la guerra.
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Reconocimiento en apuros
“Estoy aquí en nombre de mi papá, víctima de uno de los delitos más crueles, deshumanizantes y dolorosos que pueden existir: la desaparición forzada. No es solo un delito, es una forma de tortura que se prolonga en el tiempo, una herida que no se cierra, la imposibilidad de hacer un duelo, de despedirse, de tener certezas”, le dijo Andrea Redondo a Uriel Oviedo.
Este hombre, durante la diligencia presidida por las magistradas Julieta Lemaitre Ripoll y Catalina Díaz Gómez, aceptó haber sido quien ordenó el asesinato de su padre. Sin embargo, para la joven y para su familia, como para la mayoría de las víctimas, las manifestaciones más recientes no son suficientes ni garantizan un reconocimiento pleno en términos jurídicos.
Dayibeth Jurado, coordinadora del equipo de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que representa a unas 1.500 víctimas acreditadas del caso 01, le dijo a El Espectador que previo a la audiencia había “incertidumbre” entre las víctimas y sus abogados por la posibilidad de que ese reconocimiento de responsabilidad no se diera. Pero, sobre todo, por un aspecto particular de la estrategia de defensa usada por los exjefes del Bloque Caribe.
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La abogada explicó que la postura de los comparecientes ha sido férrea en no aceptar aquellos crímenes o hechos sobre los cuales no hay exmandos de las Farc vivos o acogidos a la JEP que puedan confirmar la información. De allí la razón por la cual la ausencia de personas como “Iván Márquez”, expulsado de la JEP en 2019, podría abrirle la puerta a un vacío judicial y de verdad.
“Hemos observado que los comparecientes no están reconociendo algunos hechos que, por atribución de responsabilidad, deberían ser reconocidos por el rol de mando que ejercían”, explicó la abogada. En su concepto, esa postura de los comparecientes puede terminar siendo revictimizante para quienes, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, han confiado en un esclarecimiento definitivo de sus casos para cerrar las heridas de la guerra.
“Eso implica que las víctimas, que durante todos estos años participaron ante la JEP y han esperado para sentarse con los comparecientes para que estos hechos no sean reconocidos, se sientan un poco frustradas”, agregó la abogada Jurado.
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La puerta de reconocimiento
Pese a las expectativas de las víctimas y de la JEP sobre lo que podría suceder en la jornada del 21 de abril, los cinco exjefes guerrilleros reconocieron su responsabilidad en los crímenes imputados por la justicia transicional. Durante cerca de tres horas, uno a uno, los comparecientes se tomaron la palabra para reconocer que siguieron órdenes del último secretariado de las Farc y secuestraron a centenares de personas con el fin de lograr el control territorial.
También para financiar a su estructura criminal o buscando presionar al Estado y llevarlo a un canje de secuestrados por guerrilleros presos. Sin embargo, la magistrada Lemaitre Ripoll fue enfática en señalar que el reconocimiento debe ser pleno. “El deber de las víctimas no es recuperarse rápido del dolor. Pero el de los comparecientes es reconocer los hechos”, señaló.
Para la abogada Jurado, el proceso que adelanta la JEP sobre secuestros cometidos por el Bloque Caribe de las Farc todavía está en “una etapa muy dinámica”. Un momento clave, en el cual no se puede dar nada por sentado y aún hay posibilidad de que los comparecientes decidan si se comprometen de verdad con la justicia transicional o se arriesgan a ser expulsados.
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Esto, si la propia JEP encuentra que no están cumpliendo con las obligaciones de aporte a la verdad, justicia y no repetición que les exige la instancia creada con el Acuerdo de 2016. Tal y como sucedió con “Iván Márquez” que, como dice la jurista, fue expulsado, pero su regreso a las armas dejó una deuda de verdad sin saldar.
“Las víctimas abrieron la posibilidad de una reconciliación y este es el momento exacto para que todas las partes, no solo los comparecientes, sino la sociedad en su conjunto, logren ingresar por esa puerta”, dijo la abogada Jurado. Hasta ahora, los exjefes de las Farc solo han escuchado la respuesta de las víctimas de secuestros relacionados con el patrón de control territorial y tendrán que responder a sus preguntas puntuales a casos como el de Andrea Redondo, quien pidió que le ayuden a encontrar a su padre secuestrado y desaparecido.
El próximo 24 de abril habrá una nueva sesión en la que se abordarán de forma puntual los otros dos patrones criminales identificados por la JEP. Encuentros como este en María La Baja dejan claro que los comparecientes que decidieron no retomar las armas aún tienen verdades por entregar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
