Exfuncionario del DAS es condenado por tortura de periodista Claudia Julieta Duque

El exfuncionario del DAS, Ronald Rivera Rodríguez, fue condenado a 12 años y medio de prisión por participar en el grupo criminal de funcionarios del Estado que perfilaron, siguieron, chuzaron y torturaron psicológicamente a la periodista Claudia Julieta Duque a principios de los dos mil. Rodríguez era miembro del Grupo de Inteligencia G3, el cual orquestó las intimidaciones más siniestras contra una periodista y abogada que investigaba el crimen contra el humorista Jaime Garzón.

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Rivera Rodríguez había sido declarado inocente en mayo pasado por orden de un juzgado de Bogotá, sin embargo, el Tribunal Superior de la capital consideró que hay prueba suficiente para meter preso al exfuncionario de inteligencia. Además, ordenó su captura inmediata. En síntesis, con la información aportada por Rivera Rodríguez desde el Grupo de Asuntos Especiales (GAES) con destino al Grupo de Inteligencia G3, el cual también integró en 2004, Claudia Julieta Duque fue perseguida, señalada de auspiciadora del terrorismo e intimidada hasta el punto que tuvo que exiliarse dos veces.

En el DAS se crearon grupos exclusivamente para seguir oenegés que “adelantaran acciones contra el Estado colombiano”. Contra todas se orquestó un plan de desprestigio en medios de comunicación, distribución de propaganda y presión a través de amenazas y chantajes. Entre las operaciones priorizadas estuvo “Transmilenio”, en la cual se trabajó para “neutralizar acciones políticas hostiles contra el orden constitucional y el Gobierno Nacional”, de organizaciones “proclives a organizaciones terroristas”.

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Entre esas organizaciones quedó fichado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que entre sus abogados investigadores tenía a Claudia Julieta Duque, quien lideraba las pesquisas por el crimen de Jaime Garzón (1999). Una labor exitosa para el colectivo, pues al final, aunque la justicia cojeó, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, terminó condenado a 26 años de cárcel en febrero de 2021. Unos años antes, en 2016, el Estado colombiano fue declarado responsable por el asesinato de Garzón y la culpa recayó sobre el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y el extinto DAS.

Cuando todas esas denuncias y demandas estaban iniciando, el G3 del DAS, con la información aportada por Ronald Rivera Rodríguez, inició la persecución contra Duque. Este, por ejemplo, es un memorando de 2004 en el que institucionalmente se ordena enviar un mensaje intimidatorio contra ella:

La carrera de intimidaciones contra Duque había iniciado en 2001, cuando fue secuestrada en un taxi en la modalidad de paseo millonario, para después hacerle saber que eso le pasaba por “desenterrar a los muertos y por su amistad con Alirio Uribe”, quien fue director del CAJAR. Los días siguientes, Duque notó como varios carros merodeaban por los alrededores de su casa, entre ellos un taxi de placas SHH 348 que, como se demostró en el proceso, pertenecía al DAS y estaba asignado a la dirección de Inteligencia.

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En septiembre de 2001, Duque se exilió por primera vez. Para entonces, Alirio Uribe había construido la demanda civil contra la Nación por el homicidio de Jaime Garzón, en la que señalaba la clara participación del DAS. Duque regresó a Colombia a finales de 2002, pero las intimidaciones no pararon. Tras ganar un premio Simón Bolívar por un reportaje sobre el crimen contra el humorista, recibió una llamada en la que le dijeron que su hija no llegaría al colegio, porque se había ganado un regalo. Ese día, en su casa le dejaron un ramo de flores enterrado y un queso podrido.

“Todos estos seguimientos continuaron hasta finales de 2004. Particularmente el 17 de noviembre de ese año recibió una llamada telefónica en la que un hombre desconocido la amenazó con estas palabras: ‘me dijo que ahora que yo ando en carro blindado, no tenía salida distinta que matar a mi hija, que la iban a quemar viva, que iban a esparcir sus dedos por mi casa, que ella iba a saber lo que era sufrir y otra serie de cosas que no recuerdo, como que me metí con el que no era’”, se lee en a sentencia.

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Para condenar al exfuncionario Ronald Rivera Rodríguez, el Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta que, en 2003, fue asignado a la Dirección General de Inteligencia, a la que estaba adscrita el G3. En enero de 2004, el procesado formó parte del GAES, el cual suministró información relevante para hacer seguimiento a los miembros del CAJAR. En noviembre de ese año, Rivera Rodríguez fue asignado formalmente al G3, momento en el cual se intensificaron las hostilidades contra Duque. Las labores del condenado, según los testimonios en su contra, fueron de escritorio y de campo.

“Puestas, así las cosas, la sala encuentra que estos hechos convergen en la responsabilidad penal de Ronal Harbey: él integró la organización criminal existente en la Dirección General del DAS, pues desde su llegada en marzo de 2003 prestó su experticia para hacer seguimiento ilegítimo y obtener información de ONG y entes opositores al Gobierno. Particularmente, en el 2004 suministró, mediante el GAES, datos relevantes del Colectivo a la Subdirección de Operaciones y, además, en noviembre de ese año, en el GEI-3 hizo seguimientos y analizó la información relacionada con Claudia Julieta”, concluyó el Tribunal.

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