Exgobernador de Amazonas ante los estrados por supuesta apropiación de recursos

Durante los próximos días en el banquillo de los acusados ante la Corte Suprema de Justicia estará el exgobernador del Amazonas, César Antonio Lugo Morales, quien es señalado de tramitar de manera irregular dos contratos. El primero tenía la finalidad de optimizar el sistema de acueducto del Centro Poblado del corregimiento de Tarapacá en el Amazonas. Ese lo firmó por un poco más de $890 millones, y el segundo que fue por $71 millones, tenía como propósito hacerle interventoría al primero. La Fiscalía le ha reprochado apropiación de recursos e incumplir con la vigilancia de los recursos que tenía como mandatario gubernamental.

Durante los próximos días en el banquillo de los acusados ante la Corte Suprema de Justicia estará el exgobernador del Amazonas, César Antonio Lugo Morales, quien es señalado de tramitar de manera irregular dos contratos. El primero tenía la finalidad de optimizar el sistema de acueducto del Centro Poblado del corregimiento de Tarapacá en el Amazonas. Ese lo firmó por un poco más de $890 millones, y el segundo que fue por $71 millones, tenía como propósito hacerle interventoría al primero. La Fiscalía le ha reprochado apropiación de recursos e incumplir con la vigilancia de los recursos que tenía como mandatario gubernamental.

Lugo Morales se enfrentará al juicio durante los próximos días. El expediente reposa en el despacho del magistrado de la Sala de Primera Instancia, Jorge Caldas, y conocerá los argumentos de la Fiscalía para llevar al exmandatario ante los estrados judiciales. En el escrito de acusación de 20 páginas que conoció este diario reposa que el primer convenio se suscribió luego de que se realizó un estudio que determinó que la comunidad de esa zona presentaba problemas de suministro de agua potable. Con esa falencia, el exgobernador le dio vida a una resolución que culminó en un proceso licitatorio y adjudicando el contrato a César Augusto Jiménez.

Lo que dice la Fiscalía es que, además, de que hubo irregularidades en esa etapa del convenio, Lugo Morales le entregó la obra al contratista sin los permisos de concesión de aguas y vertimiento de líquidos que debía realizarse, pues para concretar el proyecto, el cauce principal del Río Cotuhé debía tener un desvío, y ese trámite un permiso especial que quedó prohibido desde la administración anterior. Así las cosas, lo que dice la Fiscalía es que, para que Lugo Morales tuviera vía libre para esa obra, antes debía tramitar la concesión de aguas superficiales.

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Además de eso, desde el búnker le reprocharon al exgobernador que tampoco había en firme, ni en trámite una licencia ambiental para la construcción y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales, que previniera, mitigara, corrigiera o compensara los impactos y efectos ambientales que podría dejar a su paso el proyecto. Y en materia de actos administrativos, Lugo Morales, según la Fiscalía, también tuvo falencias. No hubo una resolución que le permitiera al secretario de Planeación, Luis Ernesto Gamboa celebrar el contrato que hoy lo tiene líos jurídicos.

En materia de dinero, la Fiscalía tiene que el exgobernador autorizó entregar el 50% como anticipo del valor total pactado. Así las cosas, a César Augusto Jiménez, el contratista, supuestamente, se le giró alrededor de $449.220 millones para compra de materiales, alquiler de maquinaria, mano de obra y gastos de transporte. Sin embargo, aunque el dinero fue desembolsado, desde el búnker encontraron que el contrato estaba suspendido y el dinero no había sido invertido en la obra, pero tampoco había regresado a las arcas de la Gobernación.

“Pese a que Lugo Morales como gobernador y administrador de los recursos del departamento de Amazonas contaba con garantías para exigir el cumplimiento del contrato, o en su defecto, recuperar la suma cancelada por concepto de anticipo no lo hizo. No hizo efectiva la póliza de cumplimiento la cual se venció el 7 de junio de 2018, así mismo, se abstuvo de aplicar la sanción de caducidad”, dice el escrito de acusación conocido por este diario.

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Entonces, la Fiscalía le reprocha al exgobernador no solo que no vigiló el convenio celebrado, sino que, además, se apropió en favor del contratista César Antonio Jiménez del anticipo del contrato. “Cesar Antonio Lugo Morales era capaz de comprender que apropiarse de dineros públicos en favor de terceros, sin verificar el cumplimiento del contrato y sus requisitos, era una conducta ilícita. Tenía la capacidad de determinarse y aún así no lo hizo, cuando como gobernador le era exigible velar y custodiar los recursos”, le dijo la Fiscalía.

Desde el búnker no solo le reprochan sus actuaciones en el contrato de optimización de acueducto, sino además la interventoría por la que pactó un valor superior a los $71.900.000. Como ocurrió con el primer convenio, el exgobernador ordenó el pago del anticipo del 50%, es decir, alrededor de un poco más de $35 millones. En este caso, la Fiscalía encontró que el pacto tampoco se llevó a cabo. La interventoría, a juicio de la investigación, se limitó a avalar la suspensión del contrato macro que prometía optimizar el sistema de acueducto en esa zona del país.

Para la Fiscalía, en este segundo convenio también hubo una apropiación de dinero ya que a la fecha nunca existió inversión sobre lo acordado. “La suma cancelada dentro del contrato de interventoría nunca fue devuelta al departamento de Amazonas y César Antonio Lugo Morales como gobernador y administrador de los recursos del departamento tampoco adoptó las medidas de control e intervención necesarias que permitieran la recuperación del anticipo cancelado”, dice el ente acusador.

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Por estos hechos, el exgobernador fue imputado en marzo de 2021 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Aunque la audiencia de acusación se ha postergado desde mayo pasado, se espera que, durante los próximos días, el magistrado Caldas analice los argumentos de la Fiscalía y de inicio a la etapa de juicio. En materia disciplinaria, en octubre del año pasado, a través de edicto, la Procuraduría le abrió una investigación, pero para mayo de este año se registró el cierre de ese proceso.

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