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El exgobernador de Córdoba Edwin Besaile se declaró inocente en el escándalo de corrupción llamado cartel de la hemofilia. El exmandatario regional ser culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado dentro del conocido caso. Según la Fiscalía, durante su gobernación, se efectuaron pagos para la atención de supuestos pacientes de hemofilia, que terminaron desviándose a particulares.
(En contexto: Edwin Besaile y Alejandro Lyons conocían la ilicitud de sus actos: Fiscalía)
En la audiencia en la que se inauguró el juicio en su contra y ante el magistrado Ariel Torres, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Edwin Besaile negó nuevamente su participación en este entramado de corrupción. En contraste, su antecesor en la Gobernación, Alejandro Lyons, ya fue condenado por su participación en este caso, pese a que permanece en Estados Unidos.
Los pagos que cuestiona la Fiscalía habían sido autorizados durante el mandato de Alejandro Lyons, . De acuerdo con el ente investigador, Musa Besaile, condenado por corrupción, su hermano Edwin, los hermanos Lyons Muskus y varios funcionarios, pactaron para poder delinquir contra la administración pública y hacia 2013, hubo un aumento inusitado de los reportes de pacientes con hemofilia en necesidad de tratamiento.
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Según esta investigación, desde el 2016 hasta el 2019, años en los que fue gobernador, Besaile habría adquirido compromisos para garantizar cuotas burocráticas y continuar recibiendo coimas ilegales que provenían del dinero de las regalías y de los destinados al tratamiento de la hemofilia. Si bien ningún paciente murió, sí se afectaron las finanzas del departamento.
En su exposición, la Fiscalía destacó algunas irregularidades de los contratos y los supuestos servicios de salud prestados destacando que “en muchos de los conceptos médicos, era la misma fisioterapeuta en distintos municipios al mismo tiempo quien brindaba los tratamientos. Los conceptos para los tratamientos eran el mismo formato, sin que se realizara una valoración independiente por cada uno de los pacientes”. Con esto, según la Fiscalía, se da cuenta que los servicios ofrecidos en los contratos celebrados no existían o no eran acordes con lo pactado.
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