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El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, fue sentenciado a 181 meses de prisión. Según la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario regional de 42 años abusó de su posición como líder de ese departamento al firmar un convenio especial de cooperación científica y tecnológica para hacer una investigación "sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción", que tuvo "siete irregularidades sustanciales".
La primera, no garantizó la participación de otros proponentes. La segunda, no verificó la experiencia de Olfis (Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud), la entidad ganadora del convenio. Tercero y cuarto, no comprobó la capacidad técnica, administrativa y financiera de Olfis, ni que fuera entidad sin ánimo de lucro. Quinto, no incluyó a comunidades indígenas, como indicaban los estudios previos. Sexto, no comprobó que en el convenio se hubiera involucrado la red de salud pública departamental. Y, por último, no divulgó en el sistema de contratación pública el proceso del convenio.
La investigacion contra Ballesteros arrancó en septiembre de 2017 y, en octubre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención. La Fiscalía lo acusó de haber permitido que terceros -en este caso, Olfis- se apropiaran de recursos de La Guajira cuyo propósito era mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según la Fiscalía, cuando se hizo el primer desembolso por el 10 % del proyecto, que eran $1.746 millones, Olfis se "embolsilló" $471 millones con la venia de Ballesteros.
Para lograrlo, dice la sentencia, "se infló el valor de algunos elementos de trabajo". Por ejemplo, de 1.640 baldes para hacer trabajo de campo. Se pagaron valores de nómina a gente aunque las sumas no correspondían con sus funciones. Se reconocieron auxilios de movilidad a personas que no tenían derecho a él y se alquilaron vehículos que nunca se usaron. Se duplicaron actividades de los subcontratistas de Olfis. El hermano del representante legal de Olfis y otros recibieron "contratos corbata" o de papel.
Ballesteros, a quien en La Guajira conocen como Chemita, llegó a la Gobernación en junio de 2014, tras unas elecciones atípicas para escoger al sucesor de Francisco Kiko Gómez, para esa época destituido y con procesos penales en su contra comenzando (fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de la exconcejal Yandra Brito). Venía de una familia política poderosa: su padre, Jorge Ballesteros, eran entonces senador, fue dos veces gobernador de La Guajira y apoyó la campaña de Kiko Gómez en 2011.
La Fiscalía encontró que después de posesionarse como gobernador y antes de que se celebrara el convenio, Ballesteros, a través de su padre, "solicitó dinero a los señores Boris Alberto Corrales Higuera y Eduardo José Sierra Gutiérrez para materializar la adjudicación del convenio". Ellos no accedieron. Ballesteros, dice el documento, hizo lo mismo con Fredi Alexánder Díaz, representante legal de Olfis, quien accedió a entregarle $200 millones una vez recibiera el primer desembolso.
En juicio, Eduardo José Sierra ratificó esa versión. Contó que a través de un hombre llamado Jairo Suárez, amigo suyo y cuñado de la hija del exsenador Ballesteros, consiguieron una cita con este "porque se sabía que era quien asesoraba a su hijo en los temas de salud". El excongresista, por su parte, admitió la reunión y que fue quien autorizó el encuentro en la Casa de Gobierno, "lo cual permite aducir que disponía sobre asuntos en la Gobernación", pero negó tajantemente haber implicado alguna vez la solicitud de una "tajada".
En el proceso, la Fiscalía le dijo a la Corte que Ballesteros comisionó a un funcionario de su entera confianza, Carlos Galvis, "para que este se encargara de gestionar lo necesario y cumplir el irregular cometido". Para la Fiscalía, fue Galvis quien se encargó de "hacer el lobby para la aprobación del proyecto", y "es pieza importante del entramado delictivo, pues durante años fungió como asesor de competitividad en el departamento de La Guajira en diferentes administraciones".
::Los exgobernadores que, por corruptos, tienen en jaque a La Guajira::
La defensa de Ballesteros manifestó que ese tipo de convenios pueden hacerse por contratación directa. La Corte le respondió que así es, pero que ello no eximía al entonces gobernador de requerir "pluralidad de oferentes", o de llevar a cabo "una debida planeación" para determinar si otra entidad podía ejecutar el proyecto. "Tal actuación debía estar orientada a salvaguardar los intereses generales, siguiendo estrictamente los principios de legalidad, transparencia, objetividad...", recalcó el alto tribunal.
Ballesteros, dijo también la Corte, recibió a través de informes de interventoría alarmas de que Olfis estaba incumpliendo el convenio. Pero, al "no sancionarlo por el mal manejo de los recursos desembolsados, ni hacer efectivas las garantías constituidas o aplicar la cláusula penal pecuniaria mientras estuvo al frente de la gobernación", se constató que él "era consciente" de lo que Olfis estaba haciendo con dineros que salían del erario de La Guajira.
Esta es la última escala en la carrera política de quien, en 2014, prometió nuevos aires para un departamento seriamente golpeado tras el paso de Francisco Kiko Gómez por su gobernación. Ballesteros alegó su inocencia hasta el final, pero, para la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, no quedó duda de que sus actuaciones irregulares frente a un convenio que buscaba investigar el dengue en La Guajira fueron hechas "a consciencia". Al político le queda aún la opción de apelar su fallo, para que la Sala Penal de la misma corte dé la palabra final.