La Procuraduría destituyó e inhabilitó 12 años a la exgobernadora del Quindío y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Sandra Paola Hurtado, y 10 años a los exgobernadores, John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez porque “suscribieron seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío) sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales”. El Ministerio Público, el cual calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima.
(En contexto: Abren indagación contra tres exgobernadores por caso de corrupción en la Corte Suprema)
La Procuraduría enfatizó en que “no existe justificación para que los exmandatarios hayan utilizado la figura de convenio interadministrativo para trasladar la facultad contractual a empresas carentes de capacidad de ejecución que terminaron subcontratando, porque no tenían la solvencia representada en capacidad técnica, administrativa, logística, ni operativa para desarrollar los objetos contractuales”. Aclaró que “no está prohibido subcontratar algunas de las actividades que desarrollen los objetos contractuales, sino que la entidad ejecutora subcontrate la totalidad de las obligaciones”.
El Ministerio Público, además, suspendió seis meses al exgerente de EPQ (antes Esquín S.A E.S.P), ), Heidelman Grajales Puentes, y al exgerente de Provinquindío, Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, pues aceptaron el convenio cuando, en ese momento, las empresas que dirigían no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
La decisión fue apelada por los sancionados y será resuelta por la sala disciplinaria de la Procuraduría el próximo 18 de enero.