15 Oct 2021 - 12:45 a. m.

Existe deuda legislativa con comunidades étnicas en educación: Consejo de Estado

El señalamiento lo hizo el alto tribunal tras el estudió una demanda de un sindicato de docentes étnicos que pedían declarar la nulidad del Decreto 3323 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional con el que se reglamentaba el proceso de selección mediante concurso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente.

La Sección Segunda del Consejo de Estado exhortó al Congreso de la República para que, con la debida garantía de la consulta previa, expida un régimen especial que regule las relaciones entre el Estado y el personal docente de las comunidades étnicamente diferenciadas. La determinación del alto tribunal obedece al estudio de una demanda que pedía declarar la nulidad de un decreto emitido en 2005 que reglamentaba el concurso para etnoeducadores afrocolombianos y raizales.

Los demandantes que hacen parte del Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores del Pacífico Nariñense resaltaron que la ilegalidad del decreto condujo a que etnoeducadores afrocolombianos fueran remplazados por docentes “comunes”. En ese sentido, resaltaron que, como ese proceso de selección no atiende las particularidades de cada comunidad, da paso a la pérdida de las culturas autóctonas y, con ello, a lo que se denominó como un “genocidio cultural” que puede comprobarse en los despidos de los que han sido víctimas cientos de etnoeducadores nombrados en provisionalidad por sus comunidades.

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Los demandantes explicaron que, aunque un título de licenciado en básica primaria confiere valor o capacidad a quien lo obtuvo para instruir a los niños de una escuela común, no lo hace para desarrollar la identidad cultural de los niños que pertenecen a una comunidad étnica, pues los conocimientos que adquirió tal educador no comprenden la cosmovisión, lengua, usos, costumbres, tradiciones, historia, valores, entre otros, propios de una etnia.

En su defensa, el Ministerio de Educación, entidad demandada, trajo a colación una serie de decretos que en efecto dan cuenta que la norma demandada perdió fuerza de ejecutoria por la falta de regulación legal integral de las relaciones entre el Estado y los docentes. Desde la fecha, la cartera ministerial aseguró que se dio inicio a un trámite de consulta previa para avanzar en el diseño de un estatuto especial de los docentes indígenas.

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El alto tribunal recogió los argumentos de ambas partes y concluyó que en efecto el decreto demandado incurrió en causal de nulidad una vez entró en vigor otra serie de normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional, porque no respetó los derechos fundamentales a la identidad cultural y educativa que se derivan del principio de diversidad étnica y cultural, como tampoco el mandato de reserva legal que previó el constituyente en materia de servicio público educativo y de carrera docente. Con lo anterior, el Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del decreto.

Además, exhortó al Congreso a saldar la deuda que tienen en materia de educación con las comunidades étnicas. “Es preciso anotar que a pesar de los múltiples requerimientos realizados al Congreso de la República, se observa con preocupación que en la actualidad aún puede constatarse la deuda legislativa con las comunidades étnicas en materia de educación, lo que se traduce en la transgresión del estatus constitucional especial de que gozan y del propósito del Constituyente de 1991 de reivindicar estos pueblos a través del reconocimiento pleno de su existencia, la eliminación de las prácticas discriminatorias y abusivas de las que han sido objeto históricamente, así como la protección frente al riesgo de desaparición física y cultural”, dice la providencia.

Con lo anterior, el legislativo a través de una consulta previa debe expedir expida un régimen especial que regule las relaciones entre el Estado y el personal docente de las comunidades étnicamente diferenciadas.

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