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La Corte Internacional de Justicia escucha este lunes los argumentos de una demanda que interpuso Managua contra Bogotá por supuestas violaciones a sus derechos sobre el espacio marítimo que le otorgó esa misma corte en 2012.
La Corte Internacional de Justicia escucha este lunes los argumentos de una demanda que interpuso Managua contra Bogotá por supuestas violaciones a sus derechos sobre el espacio marítimo que le otorgó esa misma corte en 2012.
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16 Jul 2021 - 3:31 a. m.

Exmagistrada será indemnizada por maltrato al interior del Consejo de Estado

Stella Conto será indemnizada por la Nación por orden de un juzgado de Bogotá. La exintegrante del alto tribunal logró probar que fue víctima de comentarios despectivos y maltrato verbal por parte de algunos magistrados que trabajaban con ella en 2013.

Un fallo de un juzgado administrativo de Bogotá condenó a la Nación y ordenó indemnizar a la exmagistrada del Consejo de Estado, Stella Conto por el daño causado a la dignidad de la exintegrante del alto tribunal. Conto logró demostrar que fue víctima de matoneo, hostigamientos por parte de sus colegas en el alto tribunal durante varios años. Igualmente, demostró que algunos de los togados que eran sus compañeros en el alto tribunal la sometieron a matoneo, ridiculización y demás comentarios misóginos por una entrevista que dio a este diario en el que argumentó un salvamento de voto.

(Puede ver: La magistrada que alzó la voz contra la discriminación)

Los hechos que denunció Conto sucedieron en 2013, cuando el Consejo de Estado tramitaba una demanda por pérdida de investidura contra doce congresistas. La Sala Plena del alto tribunal decidió negar un impedimento que presentó el entonces magistrado Mauricio Fajardo para conocer las citadas demandas contra los congresistas que aprobaron un informe de conciliación en el Congreso de la reforma a la Justicia que terminó cayéndose. Conto y otros dos magistrados se apartaron de la decisión e hicieron un salvamento de voto, entre ellos, Hugo Bastidas quien también salió a medios a explicar su decisión.

(Le puede interesar: “Supuse que debía callar y soportar. Me equivoqué”: Stella Conto)

El 12 de junio de 2013, fueron citados a una sesión extraordinaria que no se grabó y en la que fue centro de debate y reproche la salida a medios de Conto explicando su salvamento de voto. La exmagistrada en su demanda a la Nación dice que fue hostigada y fustigada por haber explicado a El Espectador su determinación. Asimismo, aseguró que, dos años después, los magistrados afrontaban un caso de pérdida de investidura y que le advirtieron guardar no comentar nada en medios de comunicación. En esa oportunidad si quedaron grabados los comentarios en su contra y que hoy son reprochados por el juez del caso.

El fallo de primera instancia advierte que Conto recibió un trato “humillante y desobligante por más de seis años, lo que afectó su entorno familiar y social (...) este tipo de amonestaciones, lo único que dejan es, tristeza, dolor, desconsuelo, indignidad, humillación, etc., moción de censura, la cual no puede ser aceptada desde ningún punto de vista (...) las acusaciones en su contra, irrespeto por haber salvado su voto, discriminación como mujer, no dar curso a la investigación previa para saber quiénes habían realmente filtrado la información o faltado al reglamento, y para completar el no querer reconstruir un acta”.

“Si bien es cierto, existía preocupación para algunos magistrados del H. Consejo de Estado, por las publicaciones que se realizaron, sin que existiere autorización por parte de la Sala, lo cierto, es que no se puede atacar a un compañero de Sala por haber hecho público su salvamento de voto, como se hizo con la doctora Conto Díaz, hasta al punto de señalársele que debía agradecer su nombramiento, sin que se hiciere alusión a su compañero hombre, el Dr. Hugo Bastidas, quien también había acudido a los medios para hacer pública su decisión en similar sentido”, dice el fallo del juez administrativo de Bogotá.

El juez del caso agregó que “Es que este tipo de eventos no pueden aceptarse en una Alta Corporación, que de seguro gozará de un impacto nefasto ante la sociedad. Estos hechos y omisiones reiterados durante más de 5 años, dejaron secuelas adversas sobre la salud de la actora, sobre su bienestar emocional y su dignidad, así como, además, la necesidad sobreviniente de fijarse como meta que debía luchar por su dignidad de mujer, lo que lograría únicamente demostrando que el acta de la sesión del 12 de junio de 2013, iba a ser reconstruida y publicada, para lo cual había lidiado tantos años”

En contexto: La mutación del derecho en Colombia: una mirada al caso de Stella Conto (Análisis)

El otro fallo a su favor

La exmagistrada del Consejo de Estado Stella Conto Díaz del Castillo se convirtió en un símbolo en contra de la violencia de género luego de alzar su voz para denunciar que era víctima de violencia psicológica y económica de parte de su esposo, Virgilio Albán Medina. Tras divorciarse, promovió una acción judicial para ser reparada que tuvo varios caminos encontrados. Primero, una sala de la Corte Suprema de Justicia falló a su favor diciendo que sí tenía derecho a ser reparada -más allá de sus altos ingresos, pero luego, otra sala de ese mismo tribunal revocó la decisión al indicar que la tutela no era el medio para hacer este reclamo. El tema lo terminó zanjando la Corte Constitucional en febrero de 2020.

Con ponencia del entonces magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y con la presencia de los conjueces Natalia Ángel Cabo, Carlos Atehortúa Ríos, Juan Carlos Henao Pérez y Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte señaló que sí hay lugar a las pretensiones de la exmagistrada. En rueda de prensa, el magistrado Reyes señaló que el caso permitió unificar jurisprudencia para aclarar que los jueces de familia sí pueden ordenar el pago de alimentos, como medidas de reparación en procesos de divorcio.

“Cuando en un divorcio o en la cesación de efectos civiles de un matrimonio católico se demuestre la existencia de daños, de ultrajes, de maltratos, debe acudirse a la Convención de Belém do Pará, que está integrada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que (dispone) la obligación de que los Estados ajusten su legislación para conceder procesos ágiles que permita la reparación de la mujer violentada. El juez tiene que acudir a ella para decir que si hay daño, tiene que haber reparación”, señaló Reyes. Por eso, se ordenó capacitar a los operadores judiciales al respecto.

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