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Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ya tienen definidos sus lugares de reclusión, desde donde enfrentarán el proceso penal por presuntamente haber hecho parte del entramado de corrupción que terminó en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos permanecerán en Bogotá y Cali, ciudades en las cuales fueron capturados hace apenas dos días.
Según la información que se conoce hasta el momento, Bonilla ya fue trasladado del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, hacia el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado al norte de la capital. Por su parte, Velasco fue trasladado de la sede del ente investigador en la ciudad de Cali hacia la Escuela de Carabineros de la capital del Valle del Cauca. Esto, por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Los exministros Bonilla y Velasco fueron capturados en la noche del 18 de diciembre, tras una audiencia que duró alrededor de 12 horas y en la que la magistrada Aura Cristina Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que hay razones suficientes para ordenar que los exfuncionarios enfrenten el proceso desde la cárcel y no en libertad o con medida de aseguramiento domiciliaria, como había pedido la Fiscalía.
Para la magistrada Rosero Baquero, la medida de aseguramiento en centro carcelario es “urgente, necesaria e idónea”. Los abogados de Bonilla y Velasco habían pedido que la solicitud inicial de la Fiscalía fuera negada, teniendo en cuenta que los exfuncionarios han participado en todas las diligencias del caso y no habría riesgo de fuga. En cuanto a Bonilla, de forma particular, su defensa pidió que se tuviera en cuenta su edad y su delicado estado de salud.
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Para la Fiscalía, los exfuncionarios del gobierno Petro hicieron parte de una “organización criminal” en la que, al parecer, se habría fraguado el desvío de al menos COP 612.000 millones del erario público, a través de proyectos en la Ungrd y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). El ente investigador ha dicho que los exfuncionarios presuntamente habrían comprometido la asignación de 79 proyectos a varios congresistas.
El objetivo de esas movidas, según la teoría de la Fiscalía, era amarrar los votos de senadores y representantes a la Cámara para que, a cambio de “cupos indicativos” o proyectos, les dieran luz verde a algunos de los proyectos claves del gobierno Petro en el Legislativo. Entre esas iniciativas están, por ejemplo, los proyectos de la reforma pensional y la reforma a la salud, que han sido parte de la bandera del presidente Gustavo Petro.
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Uno de esos capítulos está relacionado con los ocho congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que ya están salpicados por el escándalo de corrupción y se encuentran bajo la lupa de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A ellos se suma una larga lista de nombres de altos funcionarios del gobierno y congresistas que, al parecer, tendrían relación con el millonario desfalco a la entidad pública.
Los nombres de Bonilla y Velasco entraron al grueso expediente por las declaraciones de tres testigos claves, que ya lograron negociar preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía: María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd. Sus versiones tienen hoy a Bonilla y Velasco enfrentando desde la cárcel una imputación por tres delitos: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
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