Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, presentó ante un juzgado de Bogotá una tutela en contra del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro aumentó un 23,7% el salario mínimo para 2026. Linares, en representación de un empresario, señaló que la medida vulnera el derecho al debido proceso y al mandato de concertación tripartita. En su documento, le pidió a la justicia frenar el aumento hasta que haya una respuesta de fondo.
Podría interesarle: Emergencia económica: Carlos Camargo será ponente de revisión del decreto del gobierno
La tutela fue presentada en contra de la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según el exmagistrado, el incremento del salario mínimo tendría efectos negativos que no fueron tenidos en cuenta por el gobierno a la hora de tomar la decisión.
“Un incremento en promedio del 23,7% del SMMLV y el auxilio de transporte, decretado sin evaluar adecuadamente su impacto negativo en las MIPYMES –incluidas microempresas, pequeños negocios o incluso comerciantes personas naturales– y en los trabajadores informales en Colombia, requiere de la intervención inmediata del juez constitucional", dice la tutela.
La razón de esa intervención, dice el documento, tiene un alto impacto sobre las MIPYMES, y especialmente sobre pequeños negocios, quienes no podrán sostener sus actuales estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas, enfrentando el cierre definitivo o la quiebra como consecuencia de las barreras creadas por el mismo Gobierno nacional".
Le recomendamos: Los casos y retos claves para la Corte Constitucional en 2026
Según el exmagistrado Linares, las MIPYMES componen el 99,7% del tejido empresarial nacional y que “en algunos casos, los mayores costos para las compañías serán trasladados a los consumidores”, sin que sea una solución real. El incremento, dice la tutela, pondría en “una situación más gravosa a los trabajadores informales, en tanto que enfrentarán mayor dificultad para acceder a un trabajo formal, pero a la vez deben asumir los mayores costos en bienes y servicios generados por la inflación derivada del aumento”.
De igual manera, sostiene que “ante una afectación al aparato productivo, el Estado no solo tendrá mayores costos fiscales como lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), sino que recibirá menos ingresos tributarios por concepto de impuestos sobre la renta”. Eso quiere decir, según las palabras del exmagistrado, “menor bienestar social para todos los colombianos”.
Asimismo, reza en el documento, el gobierno no atendió puntos legales claves para hacer el aumento. “Ello representa una vulneración actual y ostensible del derecho fundamental al debido proceso”, señaló Linares. Aunque el exmagistrado resaltó que ya hay un proceso en el Consejo de Estado que busca la nulidad de la medida, la tutela es necesaria porque “la aplicación inmediata del acto administrativo cuestionado, expedido con vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo, produce efectos económicos y sociales irreversibles que no pueden ser conjurados oportunamente por los mecanismos ordinarios de control judicial”.
Según la tutela, el gobierno no tuvo en cuenta a otros sectores fundamentales para establecer el aumento del salario. “Al final de cada año, la Comisión de Concertación discute y establece el salario mínimo para el año siguiente. La comisión es de composición tripartita pues está integrada por el Gobierno nacional, las asociaciones empresariales y los sindicatos”, pero esta vez, señala el documento, la decisión fue concretada solamente por el gobierno.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
