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El excongresista liberal César Pérez García, quien incluso fue presidente de la Cámara, enfrentará un nuevo juicio penal, esta vez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, quien no alcanzó a posesionarse como alcalde de Remedios (Antioquia). La víctima era miembro de la Unión Patriótica y fue baleado, en plena persecución al partido, en Medellín el 16 de mayo de 1988.
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“En la acusación, la Sala Especial de Instrucción determinó que Pérez García perteneció a la cúpula de un grupo paramilitar, en el que tuvo una posición de influencia y mando, y desde allí presuntamente dio órdenes para eliminar a los militantes de la UP en municipios del nordeste antioqueño, como Vegachí, Segovia y Remedios, en donde había perdido poder político”, explicó la Corte Suprema.
La alta corte precisó que la defensa de Pérez García ha intentado explicar que el asesinato del miembro de la UP habría sido cometido por uno de sus compañeros políticos. No obstante, en el expediente fue descartado ese argumento, dado que existía una fuerte disputa entre el movimiento de izquierda y la presencia política que el excongresista quería lograr en Antioquia.
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Pérez García fue vinculado al proceso luego de que, en octubre de 2014, la Fiscalía declarara 34 muertes de integrantes de la UP como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, por lo que sus investigaciones jamás serán archivadas. Entre ellos está Elkin de Jesús Martínez, quien también fue referenciado en el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2017, sobre integrantes y militantes del perseguido partido político.
Según denunció Martínez, cuando era concejal de Remedios, en 1988 formó parte de una comisión para investigar un saqueo ocurrido ese año en el nordeste antioqueño, que habría sido realizado a mano armada en contra de campesinos que fueron torturados y heridos de bala, acusado a militares del Batallón Bomboná. La comisión denunció haber sido amenazada de muerte ante la Procuraduría.
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“Luego de resultar electo alcalde por la UP, Martínez Álvarez fue objeto de múltiples amenazas por medio de escritos y panfletos que procedían del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño (MRN). Consta en el expediente que el 11 de mayo de 1988 el señor Martínez recibió en su casa un sobre con una nota de condolencia y un escrito amenazante en los siguientes términos: ¡alcaldes electos de Apartadó, Yondó, Segovia, Mutatá y Remedios… lo prometido es deuda, sus horas están contadas!”, agregó la CIDH.
En la mañana del 16 de mayo de 1988, cinco días después de la amenaza, el alcalde electo fue asesinado por un sicario, con arma de fuego, cuando se encontraba en la recepción del hotel El Cristal en Medellín. La víctima, dice la CIDH, se preparaba para ir al aeropuerto con rumbo a Cartagena, ciudad en la cual iba a participar en el VI Congreso Nacional de Administradores de Fondos y Bienes del Servicio Público.
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El expolítico liberal enfrentará el nuevo juicio por su supuesta participación en la muerte de Martínez Álvarez en detención domiciliaria, pues está condenado a 30 años de prisión por un siniestro episodio contra miembros de la UP y la población civil en Antioquia. En mayo de 2013 fue sentenciado por el delito de homicidio agravado, pues se probó su responsabilidad en la Masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988.
Por esas fechas, la organización Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) amenazaba concejales electos de la UP, mediante graffitis en las paredes de las casas del centro de Segovia. También asesinaron campesinos. La organización estaba comandada por Fidel Castaño, líder también de las Auc, quien se habría aliado con miembros de la Fuerza Pública para exterminar a los simpatizantes del partido.
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El 11 de noviembre de 1988, el sol se estaba ocultando cuando tres camperos entraron a Segovia, tomaron calles distintas y comenzaron a disparar contra toda persona en el lugar. La comunidad recuerda que hubo niños baleados por la espalda, peatones que quedaron tendidos en plena vía pública y hasta hogares donde cayeron granadas de mano. Tras más de hora y media del ataque, quedaron 46 muertos y 60 heridos.
Durante el proceso investigativo, el excongresista Pérez García fue señalado por el exparamilitar Alonso de Jesús Baquero, conocido como Negro Vladimir, quien aseguró que había financiado la masacre, con el único objetivo de conseguir el control político en la zona. “Le pidió a Henry de Jesús Pérez y a Fidel Castaño que sacaran del camino a la izquierda de Segovia, municipio en el cual la mayoría de las personas apoyaban a la Unión Patriótica”, dijo el criminal en su declaración.