Para al menos 15 familias bogotanas, la ilusión de ver a sus hijos vestir la camiseta de un club internacional terminó convertida en un proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Félix Antonio Mora Ortiz, señalado de idear y ejecutar un esquema de estafa que prometía oportunidades de jugar fútbol como anzuelo para apropiarse de más de COP 57 millones.
De acuerdo con la investigación, Mora Ortiz se presentó ante las víctimas como presidente de una escuela de formación deportiva con supuestos contactos y convenios en el exterior. Con ese discurso, entre 2022 y 2023, habría logrado convencer a un grupo de padres de que sus hijos tenían una oportunidad real de viajar a México y España para someterse a pruebas físicas y técnicas ante clubes profesionales.
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Según las evidencias recopiladas por el ente acusador, el hombre habría tejido una narrativa cuidadosamente elaborada para ganarse la confianza de los padres. Les habría asegurado que, gracias a sus vínculos con instituciones deportivas en el extranjero, podía garantizar cupos de evaluación para los menores.
El dinero solicitado, según les habría explicado, cubriría trámites indispensables como la expedición de pasaportes, la gestión de visas, la compra de tiquetes aéreos, el hospedaje durante la estadía y la organización misma de las pruebas físicas en los países de destino.
Confiados en que sus hijos tenían a la mano una oportunidad única, los padres habrían entregado sus ahorros sin sospechar que, según la Fiscalía, ninguno de esos servicios estaba realmente garantizado. Las gestiones prometidas nunca se concretaron: los viajes no se realizaron, los supuestos convenios no existían y el dinero recaudado, que supera los COP 57 millones, habría sido apropiado por Mora Ortiz.
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Tras recaudar las pruebas suficientes, una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá presentó escrito de acusación contra Mora Ortiz, a quien se le imputa el delito de estafa.
Durante la audiencia, el hombre no aceptó los cargos, por lo que el caso continuará su curso bajo las reglas del Procedimiento Penal Especial Abreviado, contemplado en la Ley 1826 de 2017, que busca agilizar los trámites judiciales en delitos de menor complejidad.
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