Diez policías que habrían participado en el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, ocurrido el pasado 25 de julio en Chochó (Sucre) deberán permanecer en prisión mientras continúa su proceso penal. Así lo decidió la jueza 1 de control de garantías de Sincelejo después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría que pidieron que se impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los uniformados.
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Los policías que fueron cobijados con esta medida responden a María Camila Buriticá Valencia, Jesús María Bolaño Castor, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamit Henao, Huber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Puerta Rodríguez, Leila Ávila. Los uniformados son señalados por la Fiscalía de haber participado en el crimen que terminó con la vida de los tres jóvenes que fueron señalados como miembros del Clan del Golfo y de ocultar las pruebas de este hecho.
De acuerdo con la jueza, los uniformados no se pueden escudar en que habrían recibido órdenes de un superior para justificar su inocencia, “ya que esa obediencia termina cuando se violentan derechos humanos, como en este caso” afirmó la delegada de la Rama Judicial. Además, aseguró que a pesar de que los imputados no tengan antecedentes, la gravedad de los hechos hace necesaria su detención en centro carcelario, puesto que considera que los policías presentan un riesgo para la comunidad. Aseguró que tomó esta decisión por la gravedad del caso que consideró como “un caso triste, un caso grave, un caso aberrante”.
Este miércoles, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, favorecimiento a terceros, falsedad en documento público y destrucción de material probatorio. Los uniformados que ahora serán enviados a la cárcel, al parecer, fueron cómplices del coronel Benjamín Núñez, principal sospechoso de haber disparado a sangre fría, y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
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De los once policías investigados por este hecho, el único que no se ha presentado ante las autoridades es el coronel Núñez, sobre quien pesa una circular roja de la Interpol después de salir del país con destino a México. Dos patrulleros en sus testimonios señalaron al coronel de haberle disparado a los tres jóvenes estando en completa indefensión dentro de una patrulla de la Policía. De acuerdo con lo expusieron ante las autoridades los jóvenes fueron capturados bajo la excusa de que podrían ser los responsables de la muerte de un policía por parte del Clan del Golfo en el marco del plan pistola.
Lo que se sabe es que después de que, presuntamente, el coronel Núñez disparó contra los jóvenes, los uniformados habrían tomado una ruta más lenta hacia el hospital, pero a su llegada ya estaban sin vida. Tras salir del centro hospitalario, según la Fiscalía, varios de los uniformados habrían ocultado pruebas claves para la investigación.
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Lo que reposa en el expediente es que Núñez habría disparado siete veces contra los jóvenes y que estos impactos habrían perforado el suelo de la patrulla. Para no dejar evidencia de los disparos, el patrullero Jesús María Bolaño, de acuerdo con la Fiscalía, habría ido a donde un mecánico para que ocultara los agujeros de las balas. El técnico que hizo el trabajo le contó al fiscal del caso que, en efecto, fue abordado por varios policías que le pidieron unos “arreglitos” para el vehículo.
Así las cosas, apoyada en videos, audios y testimonios, la Fiscalía reconstruyó los hechos por los que ahora se dictó prisión preventiva contra estos uniformados. El único uniformado que aún no está en el radar de la Fiscalía es el coronel Núñez quien entregó a la Fiscalía una denuncia sobre las supuestas amenazas contra él y su familia.
La carta fue entregada al ente investigador días después de que se le suspendiera de su cargo por las investigaciones adelantadas en su contra. En un video, sus defensores aseguraron que Núñez se presentará a la justicia cuando se garantice la seguridad de él y de su familia, mientras tanto, estos diez uniformados permanecerán privados de la libertad mientras se decide su futuro.
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