La ciudadana francesa Anne Emanuelle Sáenz Garrel ya no será más la dueña del Pasaje Comercial de La Sabana, un centro de comercio ubicado en Los Mártires, en el centro de Bogotá. El Tribunal Superior de la capital, en proceso de extinción de dominio solicitado por la Fiscalía, acaba de fallar en contra de Sáenz Garrel, quien es miembro de una familia vinculada con éxito a la industria del cine y la televisión gala, y quien no tomó las riendas de un edificio utilizado por el hampa capitalina, en los últimos años, para vender celulares robados.
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El tribunal capitalino en segunda y última instancia determinó que locales comerciales en el Pasaje, los cuales estaban subarrendados, sin el conocimiento de Sáenz Garrel, funcionaban como un centro de comercio ilegal de celulares. Funcionarios de Policía Judicial descubrieron entre 2012 y 2015 que allí se vendían como pan caliente celulares que figuraban con reportes de hurto en la página de IMEI Colombia y, además, en las bases de datos negativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
La última vez que Sáenz Garrel, quien heredó el edificio en 1989, supo sobre el proceso de extinción de dominio fue en marzo de 2017, cuando el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Bogotá le dio la razón a la Fiscalía. El expediente alertó a Thierry Garrel, padre adoptivo de la mujer y reconocido producto y crítico de cine en Europa. Desde 2018, Thierry Garrel ha envido cartas a la Embajada de Francia en Colombia y al Ministerio de Justicia nacional, expresando su preocupación por lo que considera una “expropiación abusiva”.
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El caso causó tal revuelo dentro del cuerpo diplomático, que el entonces embajador francés en Colombia, Gautier Mignot, le escribió una carta al exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que le expresaba su preocupación sobre el caso. La Procuraduría, por su parte, interpuso un recurso para que la justicia reconsiderara su decisión, en 2017, sobre el centro comercial del centro de Bogotá, el cual cuenta con más de 80 locales. El Ministerio Público señaló, por ejemplo, que no se probó que la ciudadana francesa hubiese tenido conocimiento de la actividad criminal en su antigua propiedad.
Su defensa judicial, además, apeló a que al ser una ciudadana extranjera, no residente en el país, no tenía forma de enterarse del negocio criminal y de las diligencias de allanamiento y registro practicadas por las autoridades. Tampoco tuvo reportes de quienes delegó para recolectar el dinero de arriendo. Incluso, reprobó que en primera instancia se hubiese decidido imponer extinción de dominio sobre todo el inmueble, cuando se encontraron actividades irregulares solo en algunos locales.
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El Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, dejó en firme lo decidido en primera instancia. En principio, consideró que no era desproporcionado secuestrar todo el edificio, pues el mismo bien cuenta con un exclusivo folio de matrícula inmobiliaria. Si bien el Tribunal reconoció que algunas diligencias de allanamiento no cumplieron con los requisitos legales, las que sí estaban protegidas por la ley eran suficientemente graves. Por ejemplo, el 19 de julio de 2012 la Policía encontró que los locales Servicio Técnico, Movicel y Blackberry eran centros donde se comercializaba con celulares robados a la ciudadanía.
“La actuación cuenta con la entrevista del 19 de agosto de 2014, rendida en las instalaciones de la dirección de investigación criminal e interpol por una fuente humana quien por seguridad, se hizo llamar Chimbi29, quien manifestó que en el referido inmueble, los locales comerciales denominados Chinalandia, Servitablet y Compucell Uno, compraban y vendían celulares hurtados, les cambiaban los IMEI reportados como hurtados por libres, así como también cambiaban los stikers donde los fabricantes colocan los sistemas de identidad de los aparatos electrónicos”, reseñó el Tribunal.
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Por si fuese poco, 15 de los locales allanados y registrados no contaban con autorización para la venta de equipos móviles, de acuerdo con el reporte del Mintic. Y en otra de las grandes conclusiones, el Tribunal consideró que la francesa Anne Emanuelle Sáenz Garrel tenía en completo abandono su propiedad, antes perteneciente a su padre. Y a pesar de los esfuerzos por delegar administradores, sus intentos fueron casi nulos por revisar lo qué pasaba en el edificio del corazón de Bogotá. Desde 1992, por ejemplo, le entregó poder al abogado Alberto Hernández Mora, quien falleció tiempo después y, en 2004, la administración quedó en manos de sus hijos.
“En el presente asunto, como acertadamente lo consideró el a quo (el juzgado de primera instancia), las pruebas documentales como testimoniales aportadas al proceso indican que la afectada nunca mostró una actitud diligente frente a los deberes de cuidado y vigilancia que constitucionalmente le fueron asignados a fin de procurar el cumplimiento de la función social inherente a su propiedad, mostrando que su único interés, era recibir las sumas dinerarias que le generaban la explotación económica del inmueble”, señaló el Tribunal. Con la agravante de que Sáenz Garrel estuvo dos veces a Colombia, en los últimos años, y ni siquiera entró al edificio.
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El Tribunal también reprochó la actitud de los intermediarios de la francesa, pues en Bogotá y Colombia los ciudadanos soportan diariamente el robo de sus celulares, que luego son vendidos a precio de huevo en puestos de venta criminales. Así las cosas, el desenlace de la película del Pasaje Comercial de la Sabana culminó en contra de Sáenz Garrel, quien según el expediente apenas y sabía que tenía ese bien en Colombia. Un expediente judicial que alcanzó a tener personajes estelares como ministros de justicia, embajadores y una familia que sabe lo que es ganar los festivales de cine de Venecia y Cannes.
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