La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio en Bogotá, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Gustavo Petro, por declaraciones que consideraron revictimizantes y desinformativas.
Durante su intervención en Washington D.C., Carranza aseguró que viajó como abogado personal de la familia Petro y no en representación del Gobierno colombiano. En su exposición, advirtió sobre lo que llamó “una agenda de varios actores políticos en Colombia para erosionar la unidad nacional”, y señaló una presunta instrumentalización del caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay “como narrativas en contra del presidente”.
“Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano, y a pedir un monitoreo sobre esta circunstancia, porque todos los días vemos cómo en diferentes casos la Fiscalía filtra información, los medios hacen ataques infundados y precandidatos terminan atacando la unidad nacional”, dijo Carranza.
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El abogado también mencionó que se ha intentado culpar del atentado al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cercano al mandatario.
Ante estas afirmaciones, La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa judicial e internacionalmente a la familia de Uribe Turbay, expresó su rechazo categórico, asegurando que las declaraciones del apoderado del presidente “revictimizan a los familiares y buscan relativizar un crimen de lesa humanidad”.
En un comunicado, la firma Mosquera Marín señaló que el caso “no es ni será una bandera política, sino una causa de derechos humanos”, y cuestionó el uso del Sistema Interamericano para desviar la atención de las responsabilidades institucionales.
Asimismo, los representantes legales informaron que presentaron una protesta formal ante la CIDH y solicitaron medidas cautelares en favor de los familiares del senador asesinado, al considerar que las manifestaciones de Carranza configuran un escenario de gravedad, urgencia y posible daño irreparable, conforme al artículo 25 del reglamento del organismo.
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El caso por el crimen de Miguel Uribe Turbay continúa en investigación en Colombia y actualmente hay seis personas vinculadas a la investigación. Todavía hace falta saber quiénes son los autores intelectuales.
Primera sanción por el magnicidio
El pasado 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la sanción de siete años de privación de la libertad impuesta al menor de 15 años que disparó contra el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, durante un atentado ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
El fallo ratifica la decisión emitida el 27 de agosto por un juez especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, quien ordenó que el joven cumpla la medida en un centro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El adolescente, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por ser menor de edad, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación el 4 de agosto por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que aceptó en la audiencia respectiva.
Sin embargo, el 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay falleció como consecuencia de las heridas causadas en el ataque. La Fiscalía pidió modificar la acusación por homicidio agravado, pero la solicitud fue negada al determinarse que, dentro del sistema penal para adolescentes, no es posible reformular cargos una vez aceptada la acusación inicial.
En consecuencia, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Bogotá mantuvieron la sanción de siete años de privación de la libertad, que el joven deberá cumplir en un centro especializado del ICBF.
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