Familia de Pedro Aguilar, investigada también por el cartel de la chatarrización

Imagen de Pedro Aguilar cuando fue recapturado en Cali, en abril pasado. / Cortesía Policía

Es un hecho que la investigación que se abrió hace un par de años por el llamado cartel de la chatarrización, que tiene al líder camionero Pedro Aguilar tras las rejas desde febrero de 2017, recayó ahora sobre su familia. La Fiscalía notificó que ya les imputó cargos en Cali a Liliana Duque Delgado, María Alejandra Aguilar Duque, Felipe Lloreda Cucalón y Luis Eduardo Aguilar Rodríguez; la exesposa, hija, yerno y hermano dde Aguilar, respectivamente. Y la actual pareja de Aguilar, Jenny Johanna Castillo, fue capturada ayer en España, con circular de Interpol en su contra. 

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Los familiares de Aguilar a quienes ya le imputaron dos delitos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fueron detenidos el pasado miércoles en la capital vallecaucana. "Están vinculados directamente en una compleja red ilegal para la adquisición de bienes y la conformación de empresas de papel", aseguró la Fiscalía, organismo que aseguró que los recursos que han movido estas personas derivan del cobro fraudulento por chatarrización de camiones que, se supone, lideró durante un buen tiempo Pedro Aguilar. 

"De acuerdo con el material probatorio, recolectado desde 2016, a raíz del testimonio de una fuente humana y la entrega de pruebas documentales, Pedro Aguilar se habría apoderado con una millonaria suma de dinero derivada de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones de carga, vehículos que, según las evidencias, nunca fueron destruidos. En la millonaria defraudación también estarían involucrados particulares, policías,  funcionarios del Ministerio de Transporte, quienes se habrían apropiado de 600.000 millones de pesos con la falsa chatarrización de los camiones", añadió la entidad. 

Mientras la pareja de Aguilar es traída al país, las autoridades buscan también a otra de sus hijas, Claudia Liliana Aguilar, quien vive en Canadá. Aguilar, por su parte, sigue recluido desde abril pasado, luego de haber recuperado su libertad por un par de semanas de una manera particular: sus abogados defensores pidieron audiencia para pedir su libertad y a la diligencia, que se hizo el 21 de marzo pasado, se presentó un fiscal falso que no se opuso a la solicitud de los litigantes. 

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Aguilar es investigado por concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y estafa agravada. La Fiscalía lo señala como uno de los promotores de un cartel que se creó para defraudar al Estado legalizando la chatarrización de camiones que en realidad nunca salieron de circulación o que no cumplían los requisitos para hacer parte de este proceso. Por cada camión chatarrizado, el Estado reconocía $50 millones. Se estima que el fraude se hizo con más de 12.000 automotores, por lo que Aguilar y varias personas más habrían recibido más de $600.000 millones. 

Por este expediente también fueron capturados en febrero del año pasado, además de Aguilar, cinco funcionarios del grupo de automotores de la Policía, dos de la Dijín y tres de la Sijín Metropolitana de Cali: un subintendente, tres intendentes y un patrullero, todos activos, a quienes les imputaron concusión (soborno) y concierto para delinquir. "Aguilar León, al parecer, lideraba la organización a través de la cual se postularon y desintegraron vehículos sin el lleno de los requisitos, utilizando documentos falsos, con el fin de obtener un beneficio económico establecido en la Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte", resaltó entonces la Fiscalía.