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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya función es recibir las declaraciones de aporte de verdad en el marco del conflicto armado, sigue sin poder llevar a cabo una diligencia que busca esclarecer el crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. La familia del expresidente de la Asamblea Constituyente, asesinado el 2 de noviembre de 1995 frente a la Universidad Sergio Arboleda, ha intentado por todas las vías frenar el aporte testimonial del Julián Gallo y Rodrigo Londoño -Timochenko-, miembros del partido FARC y desmovilizados de la antigua guerrilla que se atribuyó el delito. Ahora acudieron a la tutela.
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En la mañana de este jueves 11 de noviembre, la familia de Gómez Hurtado radicó una acción de tutela ante el Tribunal de Paz de la JEP buscando evitar que el senador Julián Gallo se presente, durante el transcurso del día, ante la Sala de Reconocimiento de la JEP. Así mismo, la petición busca que Rodrigo Londoño -Timochenko- se aparte de ese despacho y de la Sala de Determinación de los Hechos y Conductas. Incluso, de acuerdo con los abogados de los accionantes, la JEP no tendría competencia para conocer sobre el asesinato de Gómez Hurtado y, por tanto, todo proceso investigativo debería estar en manos de la Fiscalía.
En el documento conocido por El Espectador, la familia de Gómez Hurtado asegura que la JEP no estaría reconociendo sus derecho como víctimas, situación que iría en contrasentido con los objetivos de ese tribunal especial. “Debemos partir que el análisis que debe surtir la Sala de Reconocimiento no puede basarse solo en una carta y en una reunión para definir si dan o no apertura a un macro caso, más allá de que su trascendencia e importancia para la vida nacional les imponga un tipo de presión mediática para resolver crímenes hasta ahora sin resolver, luego de más de 25 años de haber sido cometido el magnicidio”, se lee en la acción de tutela.
Los accionantes aseguran que la JEP carece de competencia para conocer del caso, pues existen otras líneas de investigación ya adelantadas en la Fiscalía, “dotadas de presunción de validez jurídica”. En el documento sostienen que, por lo menos, debería haber una colaboración armónica entre ambas instituciones, antes de comenzar un proceso que pueda carecer de resultados por su carácter urgente, de acuerdo con las valoraciones que la familia denuncia.
Según el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP tiene ciertas reglas para admitir los casos que manejará bajo su ala. En primer lugar, que la conducta haya sido cometida con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, luego, que tal acción haya sido con ocasión o en relación con el conflicto armado. La familia indica que, si bien el hecho se remonta al 2 de noviembre de 1995, las primeras líneas investigativas indicaban que la extinta guerrilla Farc no tenía relación con el crimen.
“De allí que la relación entre la solicitud de algunos desmovilizados de la guerrilla de querer rendir un aporte deliberado de verdad (ante una jurisdicción incompetente) no es razón jurídica ni fáctica suficiente para dar por sentado que la magnitud y gravedad de los hechos tenga que ver directa o indirecta con el conflicto armado interno erosionando o, peor aun, obstruyendo, de manera inconstitucional, la línea de investigación que por mandato de la ley viene adelantando la Ficalía”, denunció en la acción de tutela.
El pasado 30 de octubre, de acuerdo con un comunicado de la JEP, la primera audiencia testimonial del senador Julián Gallo tuvo que ser suspendida, pues a mediados de ese mes la familia de Álvaro Gómez Hurtado presentó un recurso de reposición contra el auto de citación. “En el mismo documento se citó a diligencia de aporte de verdad a Rodrigo Londoño, exjefe de la antigua guerrilla, para el 17 de noviembre que, ante la interposición del recurso de reposición, tampoco se encuentra en firme”, aseguró el órgano de justicia transicional.
Desde que Patricia Linares, expresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció que había recibido una carta del partido FARC reconociendo el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado , y otras cinco personas entre 1987 y 1995, los familiares del líder conservador han rechazado esa teoría del caso como si se tratara de un complot. “No hay ningún indicio de que fuera la guerrilla. El cinismo de nuestros líderes y la instrumentalización del Gobierno es ilimitado. El régimen se prestó para eso y ha logrado lavarle la cara a Ernesto Samper”, le dijo a este diario Enrique Gómez Martínez, abogado y sobrino de Gómez Hurtado.
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Además, el periodista Mauricio Gómez, hijo del dirigente conservador, también ha sido repelente con tal reconocimiento de responsabilidad. “Yo tengo muchos interrogantes sobre eso. El primero de ellos es que las Farc, cuando asesinaron a mi padre, estaban fuera del mapa. En ese momento en Colombia no se hablaba sino del Proceso 8.000. Las Farc no estaban en nada. Mi padre estaba librando una guerra contra el régimen ilegítimo de Samper, que instauró con el dinero de la mafia. Entonces, me parece súper extraño que, en la batalla que estaba mi padre contra Samper, lleguen las Farc a matarlo, así como de sorpresa y de la nada”, expresó a este diario hace semanas.
A principios de octubre de 2020, el expresidente Ernesto Samper, a quien Gómez Hurtado denunció por supuestamente haber recibido dineros del narcotráfico para financiar su campaña en 1994 -el denominado proceso 8.000-, arremetió contra la familia de Gómez Hurtado. “Está buscando una indemnización económica por cuenta del crimen. No ha habido una sola prueba sobre la hipótesis que han trabajado. Nos sorprende y nos preocupa las revelaciones de las Farc porque si eso se comprueba, hemos sido víctimas de su silencio (…) no aceptamos el que se nos atribuya un crimen de Estado”, aseguró en entrevista con RCN Radio.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado, por su parte, respondió que en ningún momento busca “desangrar el Estado”, ante una posible sentencia a favor por un crimen que data de 1995. Así mismo, anunciaron a través de un comunicado, el pasado 15 de octubre, que no han demandado a la Nación y que, si eso sucediera, no buscan beneficiarse económicamente: “Las eventuales indemnizaciones (…) serán destinadas como donación a la Defensoría del Pueblo para la atención jurídica a través de la Defensoría Pública de Oficio en memoria de los ciudadanos falsamente imputados, en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de los últimos 25 años”.
Entre tanto, por el crimen de Álvaro Gómez solo ha sido condenada una persona: Héctor Paúl Flórez Martínez. De acuerdo con la justicia colombiana, se trata de uno de los cuatro sicarios que le disparó al exdirector de El Nuevo Siglo, frente a la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Flórez Martínez ha insistido en su inocencia desde el principio, tanto que ha elevado su expediente a tres salas de la Corte Suprema de Justicia, acciones todas que le han negado. Hoy el procesado se encuentra libre por buen comportamiento y por descontar horas educándose.
