Después de tres años este martes finalizó el proceso en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El otrora exsenador de la República es investigado por presuntamente haber asistido a una reunión en enero de 2015 en una finca de Bello (Antioquia) para buscar apoyo político a su candidatura política.
Ramos fue acusado por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntamente haber buscado el apoyo político de los paramilitares junto a otros tres dirigentes político con el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’. Para la Corte Suprema de Justicia el exmandatario departamental asistió a la reunión para fija beneficios dentro de la ley de Justicia y Paz.
En el desarrollo del juicio el exgobernador aseguró que sí asistió a la reunión pero únicamente a comunicar y socializar con ´Báez’, quien fungía como el representante de las AUC en el proceso de desmovilización que se adelantaba en ese momento con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Ver Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos)
En este sentido señaló que la ley impide procesar penalmente a aquellos que contando con autorización del Gobierno asistan a reuniones relacionadas con negociaciones y procesos de paz. Señala que pese a que no fue autorizado a la reunión de Bello, sin contaba con el aval de participar en cualquier acercamiento que permitiera la desmovilización de dicho grupo armado ilegal.
Frente a la resolución de acusación aclaró que nunca hizo ningún tipo de pacto o buscó apoyo político de las AUC. En su carrera política, aclaró, siempre combatió a los grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia, por lo que falso seria vincularlo con los mismos. (Ver El expediente de Luis Alfredo Ramos)
Por su parte, la defensa del exsenador rechazó estas acusaciones indican que se basan en declaraciones falsas y contradictorias por parte de desmovilizados de las AUC y excomandantes paramilitares. Reseña que muchos de ellos ya reconocieron haber faltado a la verdad y por eso fueron condenados por las autoridades judiciales por delitos relacionados con falso testimonio y fraude procesal.
La bancada de la defensa del procesado sostuvo que buscando beneficios judiciales y económicos varios testigos, entre los que se encuentra Enrique Areiza, faltaron a la verdad y luego reconocieron su falla. Debido a esto aseguran que ha sido una víctima de “cartel de los falsos testigos” en el país.
Tras finalizar el juicio Ramos se mostró confiado en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acepte las peticiones de absolución hechas por la Procuraduría General y su abogado en los alegatos de conclusión.
Por Redacción Judicial
