Fiscal Claudia Carrasquilla, vinculada a investigación por presunto montaje judicial

Claudia Carrasquilla es una de las figuras más importantes hoy en día en la Fiscalía. Su carrera de más de 25 años en la entidad la ha llevado a ocupar uno de los cargos más importantes dentro del ente investigador: la Delegación para la Seguridad Ciudadana. Su nombre se ha destacado en los últimos años por los casos relevantes que ha dirigido. Sin embargo, es por una de esas investigaciones que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar abrió un proceso en su contra.

Claudia Carrasquilla es una de las figuras más importantes hoy en día en la Fiscalía. Su carrera de más de 25 años en la entidad la ha llevado a ocupar uno de los cargos más importantes dentro del ente investigador: la Delegación para la Seguridad Ciudadana. Su nombre se ha destacado en los últimos años por los casos relevantes que ha dirigido. Sin embargo, es por una de esas investigaciones que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar abrió un proceso en su contra.

El pasado 11 de septiembre, el tribunal disciplinario le formuló a la fiscal Carrasquilla pliego de cargos por presuntas faltas disciplinarias y la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En ambas situaciones, según calificó el tribunal departamental, se habrían presentado dolo y faltas gravísimas.

La raíz de este proceso es la denuncia presentada por el patrullero de la Policía William Molina Torres, quien fue vinculado a un expediente porque, supuestamente, hizo parte de la red criminal Los Sicarares, conformada por civiles y miembros de la Fuerza Pública, que realizaba hurtos en Valledupar y otras ciudades del norte del país. La investigación fue dirigida por Carrasquilla, pero, según Molina, la fiscal habría incurrido en varias irregularidades que podrían ser calificadas de montaje en su contra. 

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De acuerdo al denunciante, el 17 de julio de 2015 fue capturado por solicitud de la fiscal Carrasquilla, que lo señalaba a como miembro de Los Sicarares. Las pruebas de la Fiscalía de la supuesta pertenencia del uniformado a la organización de hurtos fueron el testimonio de David Andrés Martínez Pinzón (alias El Calvo), que hacía parte de esta red delincuencial, y varias interceptaciones telefónicas. Sin embargo, según cuenta el denunciante, los audios no fueron socializados y los testimonios no eran confiables, dado que El Calvo había sido capturado mucho antes de los hurtos por los que fue imputado el uniformado e, incluso, Molina habría participado en la detención del presunto criminal.

Según contó el patrullero, el intendente Orlando Cardozo notificó de esta última condición a la fiscal Carrasquilla, pero esta habría obviado la información al momento de pedir la medida de aseguramiento en contra del uniformado supuestamente miembro de la red delincuencial. Por esta razón, un juez de garantías de Valledupar decretó medida de aseguramiento en contra del policía el 30 de julio de 2015.

En la denuncia también se asegura que las declaraciones del Calvo habrían sido coaccionadas por los investigadores. Cardozo, que era uno de ellos, le habría prometido a Martínez Pinzón ayuda económica a cambio de que declarara en contra del uniformado. Para darle más credibilidad a su testimonio, aseguró el denunciante, al Calvo le habrían mostrado varias fotos del policía Molina Torres para que así fuera capaz de identificarlo en un reconocimiento fotográfico.

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El uniformado investigado por la fiscal Carrasquilla aseguró en su denuncia que, luego de que un juez de conocimiento de Valledupar revocó su medida de aseguramiento, el 26 de octubre de 2015, la Fiscalía presentó un nuevo testigo dudoso, Leonardo Carrillo Giraldo. Este, que también fue capturado por Molina, aseguró que había participado en 2010 en hurtos supuestamente cometidos en complicidad con el uniformado.

De acuerdo al denunciante, la fiscal habría incurrido en varias irregularidades frente a la recaudación de los testimonios de Carrillo y Martínez. Aunque la ley exige que la fiscal encargada del caso esté presente en el momento de una declaración jurada, Claudia Carrasquilla no habría hecho acto de presencia en los centros penitenciarios en los que los dos testigos realizaron sus declaraciones en contra del patrullero Molina. Pero, aún así, la funcionaria del ente investigador habría validado las declaraciones estampando su firma, como si realmente hubiera estado en el momento de las diligencias.

Frente a esta denuncia, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar procedió a realizar las pesquisas correspondientes. En un primer momento se amplió la versión del uniformado, quien afirmó que los dos testigos en su caso ya habían sido condenados por falso testimonio debido a los señalamientos en su contra. A pesar de ello, cuestionó el procesado, su caso no había sido precluido, aunque la Fiscalía ya había perdido a sus dos testigos y sus testimonios no tenían validez.

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Por otro lado, la fiscal Claudia Carrasquilla respondió a los señalamientos y aseguró que, en medio de una investigación de cerca de un año en contra de una red de hurto de Valledupar, fueron identificados 30 integrantes de dos bandas delincuenciales, entre los que estaba William Molina Torres, funcionario de la Sijín del Cesar. También aseguró que, entre las pruebas, no solo estaban los testimonios suministrados por David Martínez, sino que este había realizado un reconocimiento fotográfico del uniformado.

Carrasquilla dijo que “Leonardo (Carrillo,) de quien no recuerda su apellido, también lo señaló como uno de los funcionarios de la Policía Nacional que trabajaba al servicio de la organización delincuencial”. Además, la fiscal aseguró que incluso había otro testigo en contra del uniformado, pero no fue usado porque el abogado defensor de este último se abstuvo de firmar la declaración.

La fiscal también reconoció que Martínez y Carrillo habían sido condenados por falso testimonio, pero ese proceso “es producto de un constreñimiento y un chantaje que fraguó el fiscal (4 del eje temático de falsos testigos) y el abogado de Molina”. Según Carrasquilla, los obligaron a aceptar cargos, presionándolos con su pronta salida de la cárcel.

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Por otro lado, la fiscal Claudia Carrasquilla negó con vehemencia que ella no estuviera presente en el momento en el que los dos testigos rindieron su testimonio juramentado. La ausencia de sus registros del centro penitenciario donde estaban los dos testigos, explicó Carrasquilla, se debía a que la directora del penal le daba ingreso directo a la oficina jurídica, lugar donde supuestamente recibió las declaraciones en contra de Molina.

En la misma línea, uno de los miembros del grupo investigador de Carrasquilla, Wilmer Brito, aseguró que no se presentó ninguna irregularidad o presión en las recolección de testimonios en contra del patrullero Molina. No obstante, el funcionario judicial hizo la salvedad de que no recordaba si la fiscal había hecho parte o no de la diligencia en la que Leonardo Carrillo presentó su declaración juramentada.

El tribunal disciplinario departamental también se entrevistó con Leonardo Carrillo, uno de los supuestos testigos en contra del policía. En esta versión jurada, el señalado delincuente reconoció que Molina lo capturó en ocasiones anteriores y aseguró que los investigadores de la Sijin, que hacían parte del equipo de Carrasquilla, lo presionaron para hablar en contra del sindicado. Asimismo, dijo que en el momento de su declaración jurada no estuvo la fiscal y que por esa intervención en contra del uniformado había sido condenado por falso testimonio a 63 meses de prisión.

El Consejo Seccional del Cesar entró a estudiar las pruebas y los testimonios recogidos. Aunque no analizó las supuestas presiones y falsos testimonios presentados en el caso en contra de Molina, el Tribunal le puso la lupa a las actuaciones de la fiscal Carrasquilla en relación con los testimonios recolectados tanto de Leonardo Carrillo como David Martínez.

Según el tribunal departamental, Claudia Carrasquilla no hizo acto de presencia en la declaración juramentada de Martínez, llevada a cabo el 5 de junio de 2014, como lo demostrarían los ingresos al penal y los registros de viaje de la Fiscalía. Aun así, la funcionaria insistió en que sí hizo acto de presencia y hasta firmó el acta de la declaración. La Judicatura concluyó que la fiscal simuló su presencia en lugares donde no estuvo. De esta forma, según el tribunal,  la funcionaria habría incurrido en varias faltas.

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También, la representante del ente acusador pudo cometer fraude procesal, debido a que, a pesar de que la declaración de David Martínez no tenía validez -por la ausencia de la fiscal al momento de su realización-, Carrasquilla la exhibió como una de las pruebas reina para que un juez de garantías le otorgara medida de aseguramiento al uniformado William Fernando Molina.

“La imputación disciplinaria se hace por la sala en la modalidad de culpabilidad dolosa, por cuanto se evidencia que la doctora Carrasquilla Minami, de manera consciente y voluntaria, dirigió su accionar en todos los hechos antes establecidos a sabiendas de que no había estado presente en la declaración jurada de 5 de junio de 2014 y se consignó en el acta levantada ese día que sí intervino en la diligencia y sin embargo decidió judicializar los hechos investigados, logrando obtener una decisión judicial en contra de Molina Torres”, concluyó el tribunal disciplinario departamental.

Con esta decisión, la fiscal Claudia Carrasquilla, una de las funcionarias estrella del ente acusador del último tiempo, afrontará un complejo proceso disciplinario en su contra.