Fiscal que ordenó cerrar investigación por DD.HH deberá justificar su decisión

Después de rechazar la petición de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), de revertir la decisión del fiscal Karim A. Khan de cerrar el examen preliminar sobre las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) llamó a este funcionario para que explique las razones por las que tomó tal determinación que llevaron a culminar indagaciones que estaban desde junio de 2004.

En contexto: Este es el acuerdo de cooperación entre el Estado y la Corte Penal Internacional

La Corte, argumentado a través del Estatuto de Roma, aseguró que Khan tiene, “una obligación de informar sin demora” las razones por las que tomó la decisión de cerrar esta investigación previa. A pesar de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que no tiene el poder de revisar la decisión de este funcionario, el alto funcionarios si se encuentra en la obligación de entregar toda la información que le sea requerida, incluyendo las razones de su decisión.

Según los colectivos que pidieron revertir esta decisión, y que han aportado información para este caso, consideran que “su decisión de cerrar el examen preliminar no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana”.

Lea aquí: CPI cierra examen preliminar sobre la situación en Colombia

La decisión emitida en los últimos días se da en el marco de las solicitudes que hicieron los colectivos sobre verificar y revocar la decisión emitida en abril de este año. En su momento, Khan argumentó que el progreso presentado por el gobierno, junto a las diferentes cortes, la sociedad civil, los tribunales de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han aportado a la paz. Para el fiscal estuvo claro que las autoridades colombianas no son “ni inactivas ni reacias ni incapaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma”.

Las declaraciones reveladas en abril de este año no fueron de buen recibo de los colectivos quienes consideraron que el alto funcionario “no proveyó información suficiente sobre las razones del cierre del examen preliminar, en particular dada la duración del examen preliminar y de las expectativas que puede haber suscitado en quienes proporcionaron información antes o durante el examen preliminar”. De ahí la solicitud de la explicación detallada de por qué no se abrió una investigación formal en este caso y por el contrario se archivó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Después de rechazar la petición de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), de revertir la decisión del fiscal Karim A. Khan de cerrar el examen preliminar sobre las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) llamó a este funcionario para que explique las razones por las que tomó tal determinación que llevaron a culminar indagaciones que estaban desde junio de 2004.

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La Corte, argumentado a través del Estatuto de Roma, aseguró que Khan tiene, “una obligación de informar sin demora” las razones por las que tomó la decisión de cerrar esta investigación previa. A pesar de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que no tiene el poder de revisar la decisión de este funcionario, el alto funcionarios si se encuentra en la obligación de entregar toda la información que le sea requerida, incluyendo las razones de su decisión.

Según los colectivos que pidieron revertir esta decisión, y que han aportado información para este caso, consideran que “su decisión de cerrar el examen preliminar no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana”.

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La decisión emitida en los últimos días se da en el marco de las solicitudes que hicieron los colectivos sobre verificar y revocar la decisión emitida en abril de este año. En su momento, Khan argumentó que el progreso presentado por el gobierno, junto a las diferentes cortes, la sociedad civil, los tribunales de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han aportado a la paz. Para el fiscal estuvo claro que las autoridades colombianas no son “ni inactivas ni reacias ni incapaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma”.

Las declaraciones reveladas en abril de este año no fueron de buen recibo de los colectivos quienes consideraron que el alto funcionario “no proveyó información suficiente sobre las razones del cierre del examen preliminar, en particular dada la duración del examen preliminar y de las expectativas que puede haber suscitado en quienes proporcionaron información antes o durante el examen preliminar”. De ahí la solicitud de la explicación detallada de por qué no se abrió una investigación formal en este caso y por el contrario se archivó.

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