Fiscalía acusó formalmente a dragoneante del INPEC por secuestro de Jineth Bedoya

Como presunto responsable del delito de secuestro, la Fiscalía General acusó al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Marco Javier Morantes Pico, por los actos violentos ocurridos en contra de la periodista Jineth Bedoya, perpetrados en mayo del 2000. La comunicadora quien llegó hasta la cárcel Modelo de Bogotá para realizar una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, un exintegrante de las extintas AUC, no tenía permiso de ingresar al centro carcelario, según la investigación.

Lo que reposa en el expediente es que Bedoya fue atendida por Morantes Pico, quien estaba encargado del filtro de acceso y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora. El dragoneante, al parecer, le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada. No obstante, ese aval no existía y la demora para su ingreso habría sido pensada para que la comunicadora quedara sola y fuera abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro a una bodega.

Lea aquí: Colombia es responsable del secuestro y tortura de Jineth Bedoya: Corte IDH

En el lugar, Bedoya fue retenida, torturada y abusada sexualmente. Posteriormente, un grupo de personas la trasladó a Villavicencio (Meta), donde fue abandonada en vía pública. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del caso, estableció que esta situación fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes privados de la libertad, con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública y del INPEC, que habrían actuado en retaliación por las publicaciones que hacía la periodista sobre varios acontecimientos criminales que ocurrían en el establecimiento carcelario.

En la resolución de acusación contra Morantes Pico, la Fiscalía no ordenó su detención preventiva. No obstante, ofició a Migración Colombia y a otras autoridades para garantizar que no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales. El proceso penal en contra del dragoneante se sigue de acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000, es decir, el sistema penal anterior.

Le puede interesar: Jineth Bedoya: “Sé que mi vida está en riesgo, pero no es razón para callarme”

Aunque esta es la decisión más reciente en material penal en el país, la comunicadora, en octubre pasado, recibió un espaldarazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya que condenó a Colombia como responsable de su secuestro, abuso y tortura. El caso llegó a instancias internacionales luego de que, en junio de 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentara el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la responsabilidad del Estado por los vejámenes sufridos por la periodista y su madre, Luz Nelly Lima, quienes también fueron amenazadas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Como presunto responsable del delito de secuestro, la Fiscalía General acusó al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Marco Javier Morantes Pico, por los actos violentos ocurridos en contra de la periodista Jineth Bedoya, perpetrados en mayo del 2000. La comunicadora quien llegó hasta la cárcel Modelo de Bogotá para realizar una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, un exintegrante de las extintas AUC, no tenía permiso de ingresar al centro carcelario, según la investigación.

Lo que reposa en el expediente es que Bedoya fue atendida por Morantes Pico, quien estaba encargado del filtro de acceso y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora. El dragoneante, al parecer, le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada. No obstante, ese aval no existía y la demora para su ingreso habría sido pensada para que la comunicadora quedara sola y fuera abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro a una bodega.

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En el lugar, Bedoya fue retenida, torturada y abusada sexualmente. Posteriormente, un grupo de personas la trasladó a Villavicencio (Meta), donde fue abandonada en vía pública. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del caso, estableció que esta situación fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes privados de la libertad, con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública y del INPEC, que habrían actuado en retaliación por las publicaciones que hacía la periodista sobre varios acontecimientos criminales que ocurrían en el establecimiento carcelario.

En la resolución de acusación contra Morantes Pico, la Fiscalía no ordenó su detención preventiva. No obstante, ofició a Migración Colombia y a otras autoridades para garantizar que no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales. El proceso penal en contra del dragoneante se sigue de acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000, es decir, el sistema penal anterior.

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Aunque esta es la decisión más reciente en material penal en el país, la comunicadora, en octubre pasado, recibió un espaldarazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya que condenó a Colombia como responsable de su secuestro, abuso y tortura. El caso llegó a instancias internacionales luego de que, en junio de 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentara el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la responsabilidad del Estado por los vejámenes sufridos por la periodista y su madre, Luz Nelly Lima, quienes también fueron amenazadas.

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