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La Fiscalía General ordenó el archivo de una investigación que se seguía contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, interpusiera una denuncia en su contra señalando “ataques indiscriminados (…) sin respaldo probatorio” que estarían afectando su buen nombre e integridad.
La denuncia se dio en el marco de unas declaraciones que realizó la defensora Marín sobre presuntas conductas de violencia de género por el ministro Benedetti en un caso de presunta violencia intrafamiliar. Sin embargo, el ente investigador concluyó que no se pueden interpretar dichas declaraciones como una afrenta directa contra el ministro Benedetti y no constituyen una conducta punible.
“Esa manifestación no puede ser apreciada como una afrenta contra la integridad moral del querellante (Armando Benedetti), pues las personalidades públicas se someten al escrutinio de los ciudadanos por el rol social que cumplen”, señaló la Fiscalía.
Según detalló el ente acusador, las declaraciones de la defensora Marín fueron a un medio de comunicación en noviembre del año pasado y resaltó que varios medios ya habían publicado la información, por lo que no se constituye como un señalamiento directo hacia Benedetti.
“Solo una referencia generalizada a lo que los medios de comunicación venían publicando sobre el comportamiento del funcionario en torno a las investigaciones de carácter penal que enfrentaba y, en segundo lugar, el hecho es cierto y documentado en esta actuación, por lo que la conducta de la querellada resulta objetivamente atípica frente al delito de calumnia”, agregó la Fiscalía.
En ese contexto, el ente investigador también resaltó que los funcionarios públicos están expuestos al escrutinio ciudadano dado su trabajo. “Así como los servidores públicos, quienes por la importancia social de las funciones que realizan están sujetos a un mayor escrutinio social, puesto que la opinión pública actúa como un mecanismo de control social sobre el desempeño de los cargos que ostentan”, concluyó.
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