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Para las 2:30 de la tarde de este miércoles 30 de julio estaba programada la inspección de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, con el objetivo de seguirle el rastro a un contrato de $2.500 millones de pesos, que habría sido firmado en 2021, durante la administración del exdefensor Carlos Camargo.
Según las pesquisas de la Fiscalía, el contrato firmado cuando Camargo estaba al frente de la Defensoría habría beneficiado a un viejo compañero de estudios suyo, en la Universidad Sergio Arboleda: Andrés Guzmán Caballero, fundador y socio del consorcio Adalid-Iacom 2021. El abogado, experto en seguridad, incluso trabajó para el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador.
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El objetivo de ese contrato de 2021 era comprar una plataforma de análisis forense. ¿Para qué? Para “analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo (computador, celular, cámara, etc.), procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”, según la información del contrato revelada por W Radio.
Para esa adquisición, el Banco Interamericano de Desarrollo le habría dado luz verde a un crédito por US$ 18 millones. Además de la deuda para comprar el sistema que beneficiaría a Guzmán Caballero, le dio una ñapa a su amigo: lo puso al frente de la defensoría delegada para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión, un alto cargo dentro de la entidad.
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El problema del polémico contrato no solo fue su alto costo, la deuda en la que se incurrió para comprar software y la entrega de ese negocio a un amigo del defensor Camargo, que luego terminó trabajando en la misma entidad. A eso se suma que el sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep), denunció que el sistema estaba siendo usado para ejecutar “chuzadas” de la Defensoría.
“El laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios —especialmente aquellos sindicalizados— que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís”, denunciaron en su momento desde el mencionado sindicato. Un señalamiento más a su gestión, que estuvo marcada por nombramientos de amigos suyos en altos cargos de la entidad.
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El Espectador supo que la visita no era una sorpresa para la Defensoría del Pueblo, pues no es la primera vez que la Fiscalía adelanta este tipo de diligencias en el marco de la investigación. La inspección de hoy será liderada por Adriana Angélica Ruiz, investigadora comisionada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según indicaron desde el ente investigador.
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