‘Fiscalía convirtió mi caso en un chisme de peluquería’: Sandra Morelli

Alterada salió la contralora Sandra Morelli en la tarde de este miércoles, luego de finalizar el interrogatorio en la Fiscalía por los presuntos sobrecostos, que según la Auditoría General ascenderían a los $54.000 millones, en el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría, ubicada en la segunda etapa del centro comercial Gran Estación en Bogotá. Sostuvo que muchas de las preguntas que le hicieron en la diligencia judicial fueron “imbecilidades porque no saben dónde encontrar el delito, resulta que yo no suelo delinquir”.

Y agregó: “Me preguntaron respecto de los temas del edificio, pero al final entonces las preguntas tenían que ver con qué peluquero era el que me peinaba a mí”. Además, indignada, precisó: “pues yo dejé las constancias de que me parecía que eso era realmente una cosa súper absurda, yo nunca voy a la peluquería como todos pueden apreciar, pero las pocas veces que he tenido que ir no es a encontrarme con un sujeto que no conozco”.

El sujeto al que hace referencia la contralora es Alberto Aroch Mugrabi, un empresario de textiles y de construcción que tiene dos indagaciones por presunto lavado de dinero en la Fiscalía. Y, justamente, Aroch Mugrabi es el propietario del 10% de la firma Proyectos y Desarrollos, con la cual la Contraloría firmó el polémico contrato de arrendamiento de la nueva sede. Según pudo establecer El Espectador en septiembre de 2013, el empresario de textiles controla otro 40% de Proyectos y Desarrollos a través de su empresa Moda Sofisticada. (Ver: Los líos de la Contraloría)

“Yo no puedo responder por alguien con el cual no he hecho ningún negocio, que a su vez es socio de las personas con las que hicimos el negocio. A mí me preguntan es que si lo había visto, lo conocía y que si iba a la peluquería de un señor José Botero, que queda cerca a mi casa, y allí me encontraba con ese señor. Eso me parecer realmente una cosa muy traída de los cabellos. Se volvió un chisme de peluquería. Esas hipótesis me ponen un contexto de unas pruebas totalmente absurdas y falsas y que no tiene que ver nada con la realidad”, añadió Sandra Morelli.

Sin embargo, nunca mencionó que el pasado 17 de julio prorrogó este contrato hasta el 31 de diciembre, por un valor de $13.299 millones. Este diario conoció el documento en el que la Contraloría argumenta que necesita ampliar la vigencia del convenio, que vence el próximo 6 de agosto, hasta el 31 de diciembre “mientras gestiona más recursos para continuar con el contrato de arrendamiento No. 233 de 2012 o le aprueban el presupuesto de inversión para proceder a la compra de sede en la ciudad de Bogotá”. En pocas palabras, la prórroga se fundamenta en que el ente de control fiscal no cuenta con una sede propia y mientras la consigue deberá seguir instalada en el edificio de Gran Estación y pagando una mensualidad que desde el 1 de septiembre será de $2.770 millones.

Por este costoso arriendo fue que la Fiscalía la llamó a interrogatorio y sobre cual la Auditoría General el pasado 2 de julio encontró un detrimento de una cifra cercana a los $54.000 millones si se tienen en cuenta los gastos de mudanza y adecuación de las instalaciones. Un trasteo en el que Morelli insistió desde 2011, argumentando que las dos sedes antiguas, ubicadas en el centro de la ciudad, no ofrecían las condiciones necesarias para trabajar. Los edificios Cardenal Crisanto Luque y la Torre Colseguros, que eran propiedad de la Contraloría, fueron desocupados para que la entidad se trasladara en arriendo a la construcción de Gran Estación.

Sin embargo, según la Auditoría el traslado de la Contraloría era temporal, mientras se hacía el diagnóstico en las otras dos sedes para clarificar si eran funcionales y se realizaban las adecuaciones. En ningún momento se habló de la venta de las instalaciones, lo que terminó consolidándose con el colector público del Estado Central de Inversiones S. A. (CISA). Los dos edificios donde funcionó el ente de control fiscal hasta julio de 2012 fueron vendidos por $22.000 millones menos de lo que valían en realidad.

Para la Auditoría, la Contraloría “no tuvo en cuenta las propuestas de la firma Terranum, Sociedad empresarial del Grupo Santo Domingo y del Banco Agrario interesados en adquirir las antiguas sedes para determinar que la mejor propuesta era la presentada por CISA, ni pudo demostrar que la Torre Colseguros ni el Edificio Cardenal Crisanto Luque eran edificaciones que la Entidad no requería para el ejercicio de sus funciones”. (Ver: Los $76 mil millones que enredan a la contralora Morelli).

A la salida del interrogatorio, la contralora también se refirió a la auditora Laura Marulanda: “Simultáneamente me cita la auditora y ella no acepta, según me están informando ahora, que yo no podía ir a la diligencia. Óigame, pero es que esto ni en la época de la inquisición, que no me aceptó no haber asistido a la diligencia. Entonces, tengo que asistir a la Fiscalía y simultáneamente a la Auditoría”. Luego, frente a la advertencia de Marulanda de ponerle un abogado de oficio si no se presentaba en las siguientes horas a la Auditoría sostuvo que “ella bien pueda hacer lo que a bien tenga, ¿no? Y que nombre un abogado de oficio, que lo haga, de verdad me parece magnífico, así me ahorro la plata del abogado”.

También fue incisiva en señalar, sobre la posibilidad de ir a prisión, que “esas son las ganas que tienen”. Y agregó: “la Fiscalía ha esculcado por todos lados, tanto en el ejercicio de la función como desde que nací a hoy y a toda mi familia. Han estado un poco de malas, pero yo no sé cuáles son los límites porque si yo me voy a una peluquería encontrarme con un tipo que no conozco y a hacer un lavado de activos, pues yo no sé a dónde podemos llegar”.

De ahí que haya sostenido que durante los “dos años y medio y casi tres en estas investigaciones que pasan por chuzadas, por recolección ilegal de pruebas, luego por lavado de activos y por perros que ladran y no han podido todavía tomar ninguna decisión de fondo. Además, que examinen de verdad cuáles son las acciones”. Finalmente, fue enfática en explicar que va a utilizar “los instrumentos de defensa que me da el ordenamiento nacional e internacional y no me da pena porque por encima de la arbitrariedad de los Estados están los derechos humanos de Sandra Morelli, de todos ustedes y de cualquier mendigo de la calle. Para eso existen cortes internacionales, para eso existen protecciones diplomáticas. Si las tengo que usar, las uso”.

Alterada salió la contralora Sandra Morelli en la tarde de este miércoles, luego de finalizar el interrogatorio en la Fiscalía por los presuntos sobrecostos, que según la Auditoría General ascenderían a los $54.000 millones, en el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría, ubicada en la segunda etapa del centro comercial Gran Estación en Bogotá. Sostuvo que muchas de las preguntas que le hicieron en la diligencia judicial fueron “imbecilidades porque no saben dónde encontrar el delito, resulta que yo no suelo delinquir”.

Y agregó: “Me preguntaron respecto de los temas del edificio, pero al final entonces las preguntas tenían que ver con qué peluquero era el que me peinaba a mí”. Además, indignada, precisó: “pues yo dejé las constancias de que me parecía que eso era realmente una cosa súper absurda, yo nunca voy a la peluquería como todos pueden apreciar, pero las pocas veces que he tenido que ir no es a encontrarme con un sujeto que no conozco”.

El sujeto al que hace referencia la contralora es Alberto Aroch Mugrabi, un empresario de textiles y de construcción que tiene dos indagaciones por presunto lavado de dinero en la Fiscalía. Y, justamente, Aroch Mugrabi es el propietario del 10% de la firma Proyectos y Desarrollos, con la cual la Contraloría firmó el polémico contrato de arrendamiento de la nueva sede. Según pudo establecer El Espectador en septiembre de 2013, el empresario de textiles controla otro 40% de Proyectos y Desarrollos a través de su empresa Moda Sofisticada. (Ver: Los líos de la Contraloría)

“Yo no puedo responder por alguien con el cual no he hecho ningún negocio, que a su vez es socio de las personas con las que hicimos el negocio. A mí me preguntan es que si lo había visto, lo conocía y que si iba a la peluquería de un señor José Botero, que queda cerca a mi casa, y allí me encontraba con ese señor. Eso me parecer realmente una cosa muy traída de los cabellos. Se volvió un chisme de peluquería. Esas hipótesis me ponen un contexto de unas pruebas totalmente absurdas y falsas y que no tiene que ver nada con la realidad”, añadió Sandra Morelli.

Sin embargo, nunca mencionó que el pasado 17 de julio prorrogó este contrato hasta el 31 de diciembre, por un valor de $13.299 millones. Este diario conoció el documento en el que la Contraloría argumenta que necesita ampliar la vigencia del convenio, que vence el próximo 6 de agosto, hasta el 31 de diciembre “mientras gestiona más recursos para continuar con el contrato de arrendamiento No. 233 de 2012 o le aprueban el presupuesto de inversión para proceder a la compra de sede en la ciudad de Bogotá”. En pocas palabras, la prórroga se fundamenta en que el ente de control fiscal no cuenta con una sede propia y mientras la consigue deberá seguir instalada en el edificio de Gran Estación y pagando una mensualidad que desde el 1 de septiembre será de $2.770 millones.

Por este costoso arriendo fue que la Fiscalía la llamó a interrogatorio y sobre cual la Auditoría General el pasado 2 de julio encontró un detrimento de una cifra cercana a los $54.000 millones si se tienen en cuenta los gastos de mudanza y adecuación de las instalaciones. Un trasteo en el que Morelli insistió desde 2011, argumentando que las dos sedes antiguas, ubicadas en el centro de la ciudad, no ofrecían las condiciones necesarias para trabajar. Los edificios Cardenal Crisanto Luque y la Torre Colseguros, que eran propiedad de la Contraloría, fueron desocupados para que la entidad se trasladara en arriendo a la construcción de Gran Estación.

Sin embargo, según la Auditoría el traslado de la Contraloría era temporal, mientras se hacía el diagnóstico en las otras dos sedes para clarificar si eran funcionales y se realizaban las adecuaciones. En ningún momento se habló de la venta de las instalaciones, lo que terminó consolidándose con el colector público del Estado Central de Inversiones S. A. (CISA). Los dos edificios donde funcionó el ente de control fiscal hasta julio de 2012 fueron vendidos por $22.000 millones menos de lo que valían en realidad.

Para la Auditoría, la Contraloría “no tuvo en cuenta las propuestas de la firma Terranum, Sociedad empresarial del Grupo Santo Domingo y del Banco Agrario interesados en adquirir las antiguas sedes para determinar que la mejor propuesta era la presentada por CISA, ni pudo demostrar que la Torre Colseguros ni el Edificio Cardenal Crisanto Luque eran edificaciones que la Entidad no requería para el ejercicio de sus funciones”. (Ver: Los $76 mil millones que enredan a la contralora Morelli).

A la salida del interrogatorio, la contralora también se refirió a la auditora Laura Marulanda: “Simultáneamente me cita la auditora y ella no acepta, según me están informando ahora, que yo no podía ir a la diligencia. Óigame, pero es que esto ni en la época de la inquisición, que no me aceptó no haber asistido a la diligencia. Entonces, tengo que asistir a la Fiscalía y simultáneamente a la Auditoría”. Luego, frente a la advertencia de Marulanda de ponerle un abogado de oficio si no se presentaba en las siguientes horas a la Auditoría sostuvo que “ella bien pueda hacer lo que a bien tenga, ¿no? Y que nombre un abogado de oficio, que lo haga, de verdad me parece magnífico, así me ahorro la plata del abogado”.

También fue incisiva en señalar, sobre la posibilidad de ir a prisión, que “esas son las ganas que tienen”. Y agregó: “la Fiscalía ha esculcado por todos lados, tanto en el ejercicio de la función como desde que nací a hoy y a toda mi familia. Han estado un poco de malas, pero yo no sé cuáles son los límites porque si yo me voy a una peluquería encontrarme con un tipo que no conozco y a hacer un lavado de activos, pues yo no sé a dónde podemos llegar”.

De ahí que haya sostenido que durante los “dos años y medio y casi tres en estas investigaciones que pasan por chuzadas, por recolección ilegal de pruebas, luego por lavado de activos y por perros que ladran y no han podido todavía tomar ninguna decisión de fondo. Además, que examinen de verdad cuáles son las acciones”. Finalmente, fue enfática en explicar que va a utilizar “los instrumentos de defensa que me da el ordenamiento nacional e internacional y no me da pena porque por encima de la arbitrariedad de los Estados están los derechos humanos de Sandra Morelli, de todos ustedes y de cualquier mendigo de la calle. Para eso existen cortes internacionales, para eso existen protecciones diplomáticas. Si las tengo que usar, las uso”.