La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 35 años de prisión impuesta al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de cinco personas tras el holocausto del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco. La decisión afirma que la respuesta de las autoridades a la toma armada del M-19 al edificio el 6 de noviembre de 1985 no se hizo bajo la marcha, sino que se ejecutó el “Plan Tricolor 83”, que era una estrategia pensada ante una posible insurrección generalizada en el país, que implicaba “destruir” al enemigo.
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(En contexto: La nefasta verdad detrás de la retoma del Palacio de Justicia, según la Corte Suprema)
Además, la decisión judicial enfatiza en que al menos cinco de los hoy desaparecidos sí salieron con vida del Palacio y que, si bien con el tiempo sus cuerpos se han ido identificado, esto no quiere decir que no hayan desaparecido. “Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas”, puntualizó la Corte Suprema. A propósito de la decisión, El Espectador habló con César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera, empleado de la cafetería del Palacio, a quien su familia no volvió a ver después de que saliera a trabajar ese día.
¿Cómo reciben la condena contra el general Arias Cabrales?
De una manera muy positiva. Consideramos que es un fallo histórico y fundamental, no solo en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, sino para todo el país porque manda un mensaje muy fuerte a todos los violadores de derechos humanos, civiles y militares de que finalmente sí puede haber justicia.
¿La esperaban?
Las esperanzas que hubiera de justicia no eran muchas dado el fallo desfavorable hace unos años en la Corte Suprema de Justicia en el caso del coronel en retiro (Luis Alfonso) Plazas Vega, que también es uno de los principales responsables de las desapariciones. Pero este fallo (el de Arias Cabrales) analizó en detalle y profundidad los fallos de primera y segunda instancia y las peticiones de los abogados del general (r) Arias Cabrales, y encontró que sí había plena prueba de su responsabilidad en las desapariciones como máximo jefe del operativo del Palacio de Justicia. Y también encontró que hay plena prueba de la salida con vida de por lo menos cinco de los desaparecidos.
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¿Qué mensaje envía la decisión?
El fallo es muy, muy, valioso. Manda un mensaje importantísimo tanto a los violadores de derechos humanos como a los demás estamentos de Justicia, donde hay otra serie de investigaciones muy importantes, entre ellas la del coronel Sánchez Rubiano, quien era el comandante del B2 de la Brigada 13, y la del general (Iván) Ramírez Quintero, que era comandante del Coici (Comando de Inteligencia y Contrainteligencia). Esas investigaciones están atrasadas en la justicia ordinaria y deben agilizarse y dar los fallos que ojalá sean favorables para determinar su responsabilidad en las desapariciones y demás crímenes cometidos en el Palacio de Justicia.
La sentencia habla de que en el “rescate” del Palacio hubo una “solución final” y que las personas que salían con vida eran llevadas a la Casa del Florero para interrogarlas y no con fines humanitarios…
El fallo le da importancia a las comunicaciones militares que se encuentran en los procesos y queda perfectamente claro que la decisión del aparato militar era acabar con todo, que no había nada que permitiera el respeto de la vida de los civiles atrapados, sino que (el plan) era acabar con su enemigo, sin importar quien se llevaran por delante. Y también queda muy claro que a las personas detenidas no debían pasarlas a la justicia ordinaria sino a las instancias militares superiores. O sea que se estaba configurando muy claramente el delito de la desaparición.
La Corte enfatiza en que sí hubo desaparición forzada, contrario a lo esbozado por la Fiscalía recientemente. ¿Cómo lo ven ustedes?
Consideramos que esta sentencia tan importante, tan valiosa, debe obligar a la Fiscalía a volver a hacer una investigación seria y determinar los demás responsables. Hay una cantidad de pruebas y otros vinculados de los cuales la Fiscalía no ha adelantado nada. La Fiscalía hizo un trabajo valioso cuando estuvo al frente la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, quien investigó realmente el caso del Palacio de Justicia y llevó a la a la acusación de Arias Cabrales, Plazas Vega y la demás cúpula militar. Pero hace ya varios años, la Fiscalía dejó de investigar completamente el caso y empezó con la teoría de que solo había falsas identificaciones y no desaparecidos, que fue lo que hace unos días afirmó uno de sus funcionarios, de una manera descarada, contrariando completamente las decisiones judiciales nacionales y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
::Fiscalía terminó retractándose: sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia::
La condena también dice que la conducta del general (r) Arias Cabrales se da en el contexto del conflicto armado. ¿Qué pasa si se acoge a la JEP?
El general ya intentó ir a la JEP hace un tiempo y finalmente desistió, tal vez porque pensaba que la Corte lo iba a absolver. Es probable que lo intente nuevamente, no sabemos o si hay alguna posibilidad de que la JEP lo reciba. De todas maneras, hay un punto muy importante. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que condenó al Estado colombiano por los desparecidos del Palacio) ordena que el caso no puede salir de la justicia ordinaria. La JEP también tiene la obligación de acatar el fallo de la Corte Interamericana y, por tanto, no debería admitir a Arias Cabrales, como tampoco debería haber admitido a salir al general Iván Ramírez, que es un tema que todavía está en discusión y que es necesario aclararlo.
Usted se ha dedicado 34 años de su vida a esta búsqueda de la verdad y la justicia por la desaparición de su hermano. ¿De dónde sacar las fuerzas para seguir?
Yo he persistido porque es mi obligación. Es lo único que puedo hacer por mi hermano desaparecido a quien le cortaron completamente su vida y sus sueños. Lo único que puedo hacer por él es buscar que haya justicia, que se sepa la verdad y que los responsables paguen. Realmente yo no soy quien ha dedicado mi vida al esclarecimiento de esta situación. Es especialmente importante hacer el reconocimiento de mi padre, Enrique Rodríguez, quien dedicó todo lo que le quedaba de vida desde la desaparición de mi hermano hasta su muerte, a buscar que se hiciera justicia por todos los medios a su alcance.
Hay otras personas que merecen un reconocimiento muy especial como el abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien nos acompañó también hasta que lo asesinaron en el 98 y que gracias a él se logró la exhumación de los restos de Cementerio del Sur, que era una pieza fundamental para poder establecer que sí había desaparecidos. Es muy importante la labor de la fiscal Angela María Buitrago como fiscal, que fue quien realmente investigó y llevó a los responsables ante los juzgados. También, los jueces, los magistrados y ahora es muy importante hacerle el reconocimiento a la Corte Suprema de Justicia con un fallo que es histórico para el país, que manda un mensaje muy importante a los violadores de derechos humanos, especialmente a miembros del Estado y de las fuerzas militares.
¿Qué falta?
La Fiscalía debe todavía practicar pruebas que han sido pedidas, debe vincular a otros militares y civiles que hay indicios serios o pruebas de que tienen responsabilidad en las desapariciones y demás delitos. Debe investigar, que es su obligación, y no descargarse con Medicina Legal, en que lo único que hay que hacer es terminar de entregar los cadáveres de los desaparecidos cuando fueron entregados en confusión con otras personas.
Por Redacción Judicial
