Fiscalía deberá ofrecer disculpas a médico que acusó falsamente de guerrillero

Humberto Ortiz Castro, médico de profesión, no era ningún guerrillero o colaborador de las Farc, como lo acusó la Fiscalía en 2005. De acuerdo con una reciente sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en un pleito por indemnización económica, el ente acusador cometió una serie de errores que terminaron en el repudio social a la familia del médico, meses injustificados en prisión y un desembolso del Estado por malas prácticas investigativas en Popayán (Cauca).

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Por haber acusado sin fundamento a Ortiz, la Fiscalía fue condenada a ofrecerle disculpas al médico y a su familia. Además, por perjuicios morales la víctima recibirá una indemnización de 4,5 salarios mínimos, cifra que también recibirán sus hijos. A los hermanos de Ortiz les correspondió 2,5 salarios mínimos. Sin embargo, en términos económicos resultó perdiendo la víctima, pues el Consejo de Estado, aunque confirmó su inocencia, le negó $45 millones que el Tribunal Administrativo del Cauca le había reconocido en 2012.

Esta historia inició el 30 de julio de 2005, día en que se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en la casa de Ortiz, donde el médico había radicado su consultorio. Al momento de la diligencia estaban a la espera de atención médica Edinson Riascos y Reinaldo Bedoya, quienes fueron señalados por la Fiscalía como integrantes de las Farc. Los tres fueron capturados ese mismo día, pero con el tiempo se constató que solo Riascos era guerrillero o colaborador del grupo armado.

El 8 de agosto de 2005, la Fiscalía delegada ante los jueces penales de Popayán se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en firme contra Ortiz, por lo que duró nueve días detenido, sin embargo, vinculado al proceso por el delito de rebelión. Tal era la certeza de la Fiscalía, que el 31 de octubre de ese año lo imputó por la conducta atribuida a las guerrillas en Colombia. Incluso, el 9 de diciembre de 2005 fue acusado formalmente, lo que conllevó a su segunda captura el 30 de enero de 2006.

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“Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán absolvió al demandante Humberto Ortiz Castro por el delito de rebelión porque no se demostró que hiciera parte de las Farc. El actor fue puesto en libertad el 15 de septiembre de 2006”, agregó el Consejo de Estado. Así entonces, Ortiz pasó dos periodos privado de la libertad, lo que motivó su demanda a la Fiscalía.

El médico explicó que él y su familia padecieron el escarnio público por haber sido señalado como colaborador de las Farc, no recibió el dinero que pudo haber trabajado y, a su vez, incurrieron en gastos de defensa judicial. La Fiscalía se opuso a la demanda, pues Ortiz se habría expuesto, supuestamente, a prestar servicios médicos a un guerrillero sin informar a las autoridades.

El Tribunal Administrativo del Cauca no le dio la razón a la Fiscalía y la condenó a pagarle $45 millones a Ortiz, por concepto de lucro cesante, es decir, por el tiempo que el profesional dejó de percibir su sueldo en el primer y segundo proceso de captura (nueve días y luego siete meses y 17 días, respectivamente). La Fiscalía nuevamente apeló y el caso cayó en manos del Consejo de Estado. Una de las primeras determinaciones del despacho fue solo reconocerle el lucro cesante de la primera captura, porque la segunda fue responsabilidad de la Rama Judicial, entidad que el médico no demandó.

Además, el Consejo encontró que la primera captura de Ortiz fue ilegal porque los funcionarios de la Fiscalía incurrieron en irregularidades en el documento de la diligencia de allanamiento y registro a la residencia. El funcionario encargado justificó el trámite porque “al inmueble ingresaban constantemente personas sospechosas”, que no es ninguna de las causales que admite la ley para allanar una vivienda. Además, la Fiscalía no señaló las casillas disponibles para acreditar las causales, solo escribió: “verificación”.

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“Las irregularidades en el decreto de la diligencia de allanamiento y registro fueron advertidas por el Ministerio Público en la audiencia pública ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, y esta autoridad judicial resaltó en la sentencia absolutoria que el motivo por el cual se solicitó el allanamiento no fue ‘porque ahí hubiera un centro de atención clandestina para guerrilleros’, sino porque supuestamente habían visto entrar mucha gente que no era conocida en el lugar. Esta fue la justificación plasmada en la solicitud de allanamiento que, como se expuso previamente, no correspondía con las causales consagradas”, agregó el Consejo.

Y, por otro lado, de haber llenado el documento conforme lo exige la ley, tampoco hubiese sido declarado culpable Ortiz, según el Consejo. Las pruebas señalan que Edinson Riascos, el guerrillero, manifestó no conocer al médico con anterioridad. El médico Ortiz, por su parte, declaró que uno de los asistentes al consultorio lo buscó para un procedimiento quirúrgico y recibió dinero a cambio de sus servicios. Además, que su profesión le impedía negarse a prestar atención. El plazo para que la Fiscalía solicitara perdón finalizó a principio de mes. Este diario no encontró una manifestación pública de la entidad.

Humberto Ortiz Castro, médico de profesión, no era ningún guerrillero o colaborador de las Farc, como lo acusó la Fiscalía en 2005. De acuerdo con una reciente sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en un pleito por indemnización económica, el ente acusador cometió una serie de errores que terminaron en el repudio social a la familia del médico, meses injustificados en prisión y un desembolso del Estado por malas prácticas investigativas en Popayán (Cauca).

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Por haber acusado sin fundamento a Ortiz, la Fiscalía fue condenada a ofrecerle disculpas al médico y a su familia. Además, por perjuicios morales la víctima recibirá una indemnización de 4,5 salarios mínimos, cifra que también recibirán sus hijos. A los hermanos de Ortiz les correspondió 2,5 salarios mínimos. Sin embargo, en términos económicos resultó perdiendo la víctima, pues el Consejo de Estado, aunque confirmó su inocencia, le negó $45 millones que el Tribunal Administrativo del Cauca le había reconocido en 2012.

Esta historia inició el 30 de julio de 2005, día en que se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en la casa de Ortiz, donde el médico había radicado su consultorio. Al momento de la diligencia estaban a la espera de atención médica Edinson Riascos y Reinaldo Bedoya, quienes fueron señalados por la Fiscalía como integrantes de las Farc. Los tres fueron capturados ese mismo día, pero con el tiempo se constató que solo Riascos era guerrillero o colaborador del grupo armado.

El 8 de agosto de 2005, la Fiscalía delegada ante los jueces penales de Popayán se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en firme contra Ortiz, por lo que duró nueve días detenido, sin embargo, vinculado al proceso por el delito de rebelión. Tal era la certeza de la Fiscalía, que el 31 de octubre de ese año lo imputó por la conducta atribuida a las guerrillas en Colombia. Incluso, el 9 de diciembre de 2005 fue acusado formalmente, lo que conllevó a su segunda captura el 30 de enero de 2006.

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El médico explicó que él y su familia padecieron el escarnio público por haber sido señalado como colaborador de las Farc, no recibió el dinero que pudo haber trabajado y, a su vez, incurrieron en gastos de defensa judicial. La Fiscalía se opuso a la demanda, pues Ortiz se habría expuesto, supuestamente, a prestar servicios médicos a un guerrillero sin informar a las autoridades.

El Tribunal Administrativo del Cauca no le dio la razón a la Fiscalía y la condenó a pagarle $45 millones a Ortiz, por concepto de lucro cesante, es decir, por el tiempo que el profesional dejó de percibir su sueldo en el primer y segundo proceso de captura (nueve días y luego siete meses y 17 días, respectivamente). La Fiscalía nuevamente apeló y el caso cayó en manos del Consejo de Estado. Una de las primeras determinaciones del despacho fue solo reconocerle el lucro cesante de la primera captura, porque la segunda fue responsabilidad de la Rama Judicial, entidad que el médico no demandó.

Además, el Consejo encontró que la primera captura de Ortiz fue ilegal porque los funcionarios de la Fiscalía incurrieron en irregularidades en el documento de la diligencia de allanamiento y registro a la residencia. El funcionario encargado justificó el trámite porque “al inmueble ingresaban constantemente personas sospechosas”, que no es ninguna de las causales que admite la ley para allanar una vivienda. Además, la Fiscalía no señaló las casillas disponibles para acreditar las causales, solo escribió: “verificación”.

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Y, por otro lado, de haber llenado el documento conforme lo exige la ley, tampoco hubiese sido declarado culpable Ortiz, según el Consejo. Las pruebas señalan que Edinson Riascos, el guerrillero, manifestó no conocer al médico con anterioridad. El médico Ortiz, por su parte, declaró que uno de los asistentes al consultorio lo buscó para un procedimiento quirúrgico y recibió dinero a cambio de sus servicios. Además, que su profesión le impedía negarse a prestar atención. El plazo para que la Fiscalía solicitara perdón finalizó a principio de mes. Este diario no encontró una manifestación pública de la entidad.