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5 Jun 2021 - 8:39 p. m.

Fiscalía deja claras las reglas de juego de investigación durante las marchas

El ente acusador emitió una directiva que establece los lineamientos de investigación y judicialización en el marco de las protestas.
Paro Nacional 19 de Mayo
Paro Nacional 19 de Mayo
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Una directiva de 19 páginas de la Fiscalía General deja claras las reglas de investigación en el marco de las manifestaciones presentadas desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el actual Gobierno. En el documento firmado por el fiscal general, Francisco Barbosa recuerdan la protección de la protesta social, exponen los lineamientos generales para la investigación de delitos ocurridos en las manifestaciones y reiteran que las movilizaciones pacíficas no pueden ser objeto de sanción penal.

“En ningún caso se puede procesar o judicializar a una persona por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Por el contrario, solo la violencia realizada en el curso de una protesta y la utilización de medios ilícitos en el marco de esta pueden ser objeto de investigación penal, dentro de los parámetros fijados por la ley, la jurisprudencia aplicable y la presente directiva, y siempre con arreglo a los medios de prueba obrantes en cada caso concreto”, expone el documento.

El jefe del búnker le recordó a los fiscales delegados que, a propósito de las situaciones padecidas durante los últimos días en el país, desde el ente que preside, deben adelantar investigaciones “oportunas, eficientes, exhaustivas, profesionales, imparciales, libre de estereotipos, discriminación y estigmatización” que permitan el esclarecimiento de los hechos y con ello imponer los delitos que sean necesarios. No obstante, aclaró que deben diferenciar los actos de protestas con las actuaciones ilícitas.

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Recordó que, básicamente, cuatro actuaciones son propias de la protesta pacífica. Se trata de: la presencia y la concentración pacífica en algunos puntos públicos; las acciones de mínima lesividad; las expresiones verbales; y la quema de banderas (no declarado delito por parte de la Corte Constitucional). Situaciones contrarias a las mencionadas son consideradas actos de violencia.

“La Fiscalía tiene el deber de investigar los diferentes hechos que constituyan conductas punibles cometidas en el marco o con ocasión de la protesta social, con observancia del principio de debida diligencia y celeridad”, reposa en el documento y añade que los comportamientos delictivos que se presenten en el marco de la protesta social, incluidos los actos de violencia ejercidos en la misma, deben ser investigados en contexto y no como casos aislados.

“Esta perspectiva global permitirá discernir los casos que se encuentran amparados por el legítimo derecho a la protesta de aquellos que exceden su ejercicio, comprender en la comisión de los delitos ocurridos, así como posibles situaciones de exclusión de tipicidad o antijuridicidad que confluyan en su realización”, dice el documento.

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Una de las bases de investigación para la Fiscalía es la caracterización del territorio en el que se cometió el hecho, así como el análisis detallado de situaciones a partir de la asociación de casos y la identificación de patrones de criminalidad. “Se buscará identificar otras formas de delincuencia propias de la zona, ciudad, municipio, localidad, barrio o comuna, que pueden tener lugar aprovechando el contexto de la protesta pacífica, con el fin de deslegitimarla o con fines criminales propios”. Los focos de violencia, en este caso, no solo son responsabilidad de adultos sino también deja en evidencia el actuar de jóvenes.

La Fiscalía tiene claro que la protesta pacífica es un derecho constitucional de ahí que estime pertinente exponer su postura sobre los adolescentes que hacen parte de estas y se ven envueltos en situaciones delictivas. “Las infracciones a la ley penal que llegaren a ejecutar los adolescentes no pueden ser investigadas y judicializadas a través de la justicia para adultos”.

En ese orden de ideas, lo que dice la Fiscalía es que cuando los adolescentes se involucren en actividades ilegales sus casos deberán ser conocidos por los fiscales delegados para el Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA) quienes tomarán las decisiones conforme a las particularidades del caso.

Terrorismo, homicidios y violencia sexual

Además de priorizar los casos de los jóvenes y adolescentes, la Fiscalía pidió en la directiva tener un especial cuidado en los delitos que se registran en el marco de las manifestaciones. En muchos casos se ha documentado el terrorismo, el homicidio y la violencia sexual como unos de los hechos más recurrentes en estos escenarios de ahí que los fiscales delegados tengan en cuenta ciertos parámetros para avanzar con las investigaciones.

Por ejemplo, en cuanto al homicidio la directiva es clara al recordar que el delegado del búnker debe tener en cuenta las afectaciones al derecho a la vida y a la protesta social cuando el propósito de una persona sea desincentivar o sabotear la realización de una manifestación; cuando estas hayan influido en una persona para cometer una conducta grave; cuando la protesta social haya provocado una oportunidad de cometer un acto ilegal y cuando la determinación de la víctima de una conducta hubiera estado relacionada con su participación en las manifestaciones.

En materia de violencia sexual, el delito puede estar dirigido especialmente a las mujeres que hacen parte de la protesta de ahí que la normativa aclare que se priorizarán las investigaciones y judicializaciones de estas conductas con la finalidad de proteger de manera adecuada al género femenino.

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“La Fiscalía también debe analizar el contexto en el que se cometen estas conductas, así como los móviles de la misma y la caracterización de la víctima y del victimario, en atención a los escenarios de discriminación y violencia de género que pueden tener lugar y agudizarse particularmente en el marco o con ocasión de la protesta social”, dijo el ente acusador.

Frente al terrorismo, la directiva aclaró que este delito no puede ser cometido en el marco de las manifestaciones debido a que no solo deslegitima la protesta social sino también atenta contra de la vida de algunos manifestantes por lo que, según la Fiscalía, “se debe prestar especial atención a los daños que recaigan en bienes dedicados a garantizar otros derechos fundamentales, como los bienes necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia, las clínicas y los hospitales”.

La Justicia Penal Militar

La directiva recordó cuándo la justicia ordinaria puede avocar conocimiento de situaciones en contra de uniformados de la fuerza pública. Si bien los policías y los militares tienen su propia jurisdicción para ser acusados penalmente, en algunos casos excepcionales el ente acusador puede asumir una investigación en su contra.

Entre otras cosas, la directiva recordó los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en los que mencionan que la relación de un delito con “el acto de servicio” se desborda cuando la conducta cometida es de una gravedad inusitada que vincula, incluso, crímenes de lesa humanidad o contrarios a la dignidad humana.

“Un acto del servicio nunca puede ser delictivo, por ende, aquel no será castigado, como si el que tenga relación con el servicio (...) Si el delito comporta la violación grave de un derecho fundamental o del derecho internacional humanitario siempre debe tenerse como ajeno al servicio”, reposa en la directiva.

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