La Fiscalía General de la Nación ordenó la libertad de 16 personas que habían sido capturadas y aprehendidas en relación con los hechos violentos registrados el pasado 21 de junio, cuando un grupo de personas hostigó a 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales del Ejército Nacional en el corregimiento de Fondas, en el municipio de El Tambo (Cauca).
La decisión se tomó luego de que un fiscal de la Seccional Cauca concluyera que las detenciones realizadas el 23 de junio no cumplían con los requisitos legales de una captura en flagrancia. Según el análisis de los informes oficiales y los hechos documentadas, durante el operativo de la Policía y el Ejército para rescatar a los militares, no fue posible establecer con precisión las condiciones de modo, tiempo y lugar en que las personas habrían sido sorprendidas cometiendo el delito.
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Este incumplimiento llevó a que el procedimiento fuera declarado ilegal durante la audiencia previa que debe realizar el ente acusador. En consecuencia, las 16 personas —que habrían participado de la retención de los uniformados por orden del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc—, fueron dejadas en libertad, aunque firmaron un acta de compromiso para comparecer ante las autoridades judiciales cuando sean requeridas.
En cuanto a los tres adolescentes aprehendidos, fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que asumirá las acciones correspondientes en su caso.
¿Cómo ocurrió la retención de los 57 militares?
El pasado sábado 21 de junio, durante una operación militar que buscaba ubicar a un presunto líder del frente Carlos Patiño, fueron retenidos inicialmente cuatro uniformados del Ejército. Con el paso de las horas, el informe final del Ejército reportó un total de 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales que estuvieron retenidos hasta el 23 de junio.
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El general Elkin Rodríguez, segundo comandante del Ejército, indicó que esta es la octava asonada de la comunidad contra las tropas, en el marco de una estrategia de guerra en la que las disidencias, bajo el mando de Iván Mordisco, estarían utilizando a la población como escudo humano para frenar la acción de las autoridades.
Los hechos se presentaron en el corregimiento de Fondas, en el municipio de El Tambo (Cauca), una zona en el centro del cañón del Micay, donde el Ejército enfrenta un escenario de constante confrontación. Cada vez que las tropas intentan llegar hasta posiciones del frente Carlos Patiño, sectores de la comunidad son instrumentalizados para impedir su avance.
De acuerdo con el general Federico Mejía Torres, comandante de la Tercera Brigada, la operación tenía como objetivo dar con el paradero de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, uno de los presuntos jefes del frente Carlos Patiño, disidencia que rompió filas con Iván Mordisco el año anterior. Además, se investiga la participación de otros dos mandos señalados como responsables de la retención: Jhon Alexander Jiménez Marín, alias Zamora, y alias Geovanny.
Una situación similar ocurrió el pasado 6 de marzo en la vereda La Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo (Cauca). En esa ocasión, también se reportó la retención de 28 policías y un soldado, presuntamente por instrucción de integrantes del mismo grupo armado. Fueron liberados el 8 de marzo gracias a la intervención de una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la ONU y otros organismos internacionales.
Ambos episodios tienen lugar en el contexto de la operación lanzada por el Gobierno desde octubre del año pasado para recuperar el control del cañón del Micay, una región históricamente dominada por economías ilegales y presencia armada.
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Aunque se anunció como una política integral para llevar el Estado a ese territorio, organizaciones sociales y comunitarias han denunciado que la presencia estatal ha sido principalmente militar, sin una oferta efectiva de programas sociales que transformen las condiciones de vida de la población.
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