Fiscalía dice que no interceptó los celulares de Humberto de la Calle e Iván Cepeda

El vicefical general Jaime Camacho señaló que los celulares de el exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle y el senador Iván Cepeda no han sido interceptados por la Sala Esperanza de la Fiscalía General. La aclaración de Camacho se relaciona con la denuncia que hizo hace una semana dos exfuncionarios del propio ente investigador quienes son procesados por el caso chuzadas. Se trata de el exfiscal Fabio Martínez Lugo y elexcoordinador de la Sala Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora. Este último fue condenado por realizar interceptaciones de manera ilegal a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

Vea: ¿Chuzadas desde la Fiscalía? Escándalo que va creciendo?

En la denuncia hecha por Martínez Lugo y Gómez Góngora se menciona que el jurista Jorge Enrique Ibáñez y los exasesores de las Farc Diego Martínez y Enrique Santiago también fueron interceptados ilegalmente. Sin embargo, Camacho dice no han sido interceptados. "Sobre el abogado Alex Vernot y el empresario Carlos Mattos (quienes son mencionados por los exfuncionarios de la Fiscalía) hay investigaciones y juicios en curso por corrupción judicial y en el marco de esas investigaciones hubo interceptaciones controladas por los jueces de control de garantías", afirmó el vicefiscal Camacho.

Sobre las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra, quienes habrían fungido como intermediarias entre el líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, y el Gobierno para negociar un sometimiento a la justicia, se verifica la legalidad de las interceptaciones. Sobre la primera, dice Camacho, hay inteceptaciones intermitentes desde 2009 hasta 2019. Sobre Sierra existe una que data de 2016. "Estamos verificando que las interceptaciones hayan sido ordenadas por los fiscales (...) Estamos verificando el tema tecnológico porque en la Fiscalía las interceptaciones no se hacen fácil, es un procedimiento muy complejo y se puede verficar si sobre esos números hay interceptaciones", puntualizó Camacho. 

Hace exactamente 15 días el fiscal general encargado, Fabio Espitia Garzón, El fiscal general (e), anunció que está revisando la legalidad de interceptaciones realizadas desde esa entidad a los números telefónicos de Álvaro Leyva Durán y la exsenadora Piedad Córdoba. En la rueda de prensa hecha por Camacho se indica que todavía se trabaja en esta verificación. Sobre los casos de del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade y el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, no se refirió el alto funcionario del ente investigador.

En el caso del exdirector del CTI, Julián Quintana, El Espectador conoció que su celular fue interceptado en medio de las investigaciones que se adelanta contra el exsecretario general de la Contraloría en Córdoba Alfredo Mendoza Fortich y su hermano Carlos Raúl. La Fiscalía dice que estos dos le habrían pedido $6.000 millones a Otto Bula, testigo clave del caso Odebrecht, para favorecerlo en un proceso de extinción de dominio. En medio de las investigaciones, Quintana es mencionado por los dos hermanos que fueron llamados a juicio en enero de 2020.

El caso chuzadas

Desde noviembre de 2018, al interior de la Fiscalía se investiga sobre las interceptaciones que funcionarios habrían hecho ilegalmente. El escándalo al interior de la Fiscalía se desató con la captura del exdirector de BRG Laude Fernández, exdirector del Berkeley Research Group (BRG), señalado der ser parte de una red de chuzadas que funcionaba en el Sistema Esperanza del ente investigador. Luego se supo que miembros del sindica de pilotos habían sido interceptados ilegalmente. Por estos mismos hechos Gómez Góngora fue condenado a ocho años de prisión y Martínez Lugo llamado a juicio. 

Laude recobró su libertad casi que instantaneamente y fue recapturado ej junio pasado. Esta vez por las interceptaciones hechas al presidente en Colombia de Enel, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo. BRG tenía contratos con Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). En medio de contratos con estas dos empresas fue que se dieron las chuzadas. Las víctimas de las chuzadas tenían en común que se enfrentaban a las compañías en procesos judiciales. Sin embargo, Tanto la aerolínea como el GEB dicen que no conocían de las presuntas andanzas de Laude Fernández para chuzar a sus contrapartes.

Además, hace tres semanas, la Procuraduría intentó hacer una diligencia al interior de la Fiscalía con el propósito de recolectar información sobre el trabajo de los fiscales  Daniel Hernández y Álvaro Betancur, pues, según una denuncia, habrían utilizado expedientes como fachada para ordenar interceptaciones. Esos procesos, dice el documento, son el del exfiscal Fabio Martínez Lugo, los que se abrieron contra Laude Fernández y uno más de Odebrecht. En los dos, primeros, el fiscal es Álvaro Betancur. En el último, es Daniel Hernández.

Una semana después, El periodista Daniel Coronell publicó en Semana una columna titulada “¿La paz chuzada?”, en la que aseguró que los exfuncionarios  Martínez Lugo y Gómez Góngora enviaron una solicitud para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ofrecieron entregar información sobre un tema sensible y controversial: ambos aseguraron que, mientras fue fiscal general, Néstor Humberto Martínez obtuvo información a través de interceptaciones ilegales realizadas desde la entidad que lideró. La semana pasada, la periodista María Jimena Duzán, develó parte del documento que Gómez Góngora y Martínez Lugo remitieron a la JEP, en el cual se dan detalles sobre cómo habría operado el nuevo capítulo de chuzadas. 

El vicefical general Jaime Camacho señaló que los celulares de el exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle y el senador Iván Cepeda no han sido interceptados por la Sala Esperanza de la Fiscalía General. La aclaración de Camacho se relaciona con la denuncia que hizo hace una semana dos exfuncionarios del propio ente investigador quienes son procesados por el caso chuzadas. Se trata de el exfiscal Fabio Martínez Lugo y elexcoordinador de la Sala Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora. Este último fue condenado por realizar interceptaciones de manera ilegal a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

Vea: ¿Chuzadas desde la Fiscalía? Escándalo que va creciendo?

En la denuncia hecha por Martínez Lugo y Gómez Góngora se menciona que el jurista Jorge Enrique Ibáñez y los exasesores de las Farc Diego Martínez y Enrique Santiago también fueron interceptados ilegalmente. Sin embargo, Camacho dice no han sido interceptados. "Sobre el abogado Alex Vernot y el empresario Carlos Mattos (quienes son mencionados por los exfuncionarios de la Fiscalía) hay investigaciones y juicios en curso por corrupción judicial y en el marco de esas investigaciones hubo interceptaciones controladas por los jueces de control de garantías", afirmó el vicefiscal Camacho.

Sobre las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra, quienes habrían fungido como intermediarias entre el líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, y el Gobierno para negociar un sometimiento a la justicia, se verifica la legalidad de las interceptaciones. Sobre la primera, dice Camacho, hay inteceptaciones intermitentes desde 2009 hasta 2019. Sobre Sierra existe una que data de 2016. "Estamos verificando que las interceptaciones hayan sido ordenadas por los fiscales (...) Estamos verificando el tema tecnológico porque en la Fiscalía las interceptaciones no se hacen fácil, es un procedimiento muy complejo y se puede verficar si sobre esos números hay interceptaciones", puntualizó Camacho. 

Hace exactamente 15 días el fiscal general encargado, Fabio Espitia Garzón, El fiscal general (e), anunció que está revisando la legalidad de interceptaciones realizadas desde esa entidad a los números telefónicos de Álvaro Leyva Durán y la exsenadora Piedad Córdoba. En la rueda de prensa hecha por Camacho se indica que todavía se trabaja en esta verificación. Sobre los casos de del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade y el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, no se refirió el alto funcionario del ente investigador.

En el caso del exdirector del CTI, Julián Quintana, El Espectador conoció que su celular fue interceptado en medio de las investigaciones que se adelanta contra el exsecretario general de la Contraloría en Córdoba Alfredo Mendoza Fortich y su hermano Carlos Raúl. La Fiscalía dice que estos dos le habrían pedido $6.000 millones a Otto Bula, testigo clave del caso Odebrecht, para favorecerlo en un proceso de extinción de dominio. En medio de las investigaciones, Quintana es mencionado por los dos hermanos que fueron llamados a juicio en enero de 2020.

El caso chuzadas

Desde noviembre de 2018, al interior de la Fiscalía se investiga sobre las interceptaciones que funcionarios habrían hecho ilegalmente. El escándalo al interior de la Fiscalía se desató con la captura del exdirector de BRG Laude Fernández, exdirector del Berkeley Research Group (BRG), señalado der ser parte de una red de chuzadas que funcionaba en el Sistema Esperanza del ente investigador. Luego se supo que miembros del sindica de pilotos habían sido interceptados ilegalmente. Por estos mismos hechos Gómez Góngora fue condenado a ocho años de prisión y Martínez Lugo llamado a juicio. 

Laude recobró su libertad casi que instantaneamente y fue recapturado ej junio pasado. Esta vez por las interceptaciones hechas al presidente en Colombia de Enel, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo. BRG tenía contratos con Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). En medio de contratos con estas dos empresas fue que se dieron las chuzadas. Las víctimas de las chuzadas tenían en común que se enfrentaban a las compañías en procesos judiciales. Sin embargo, Tanto la aerolínea como el GEB dicen que no conocían de las presuntas andanzas de Laude Fernández para chuzar a sus contrapartes.

Además, hace tres semanas, la Procuraduría intentó hacer una diligencia al interior de la Fiscalía con el propósito de recolectar información sobre el trabajo de los fiscales  Daniel Hernández y Álvaro Betancur, pues, según una denuncia, habrían utilizado expedientes como fachada para ordenar interceptaciones. Esos procesos, dice el documento, son el del exfiscal Fabio Martínez Lugo, los que se abrieron contra Laude Fernández y uno más de Odebrecht. En los dos, primeros, el fiscal es Álvaro Betancur. En el último, es Daniel Hernández.

Una semana después, El periodista Daniel Coronell publicó en Semana una columna titulada “¿La paz chuzada?”, en la que aseguró que los exfuncionarios  Martínez Lugo y Gómez Góngora enviaron una solicitud para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ofrecieron entregar información sobre un tema sensible y controversial: ambos aseguraron que, mientras fue fiscal general, Néstor Humberto Martínez obtuvo información a través de interceptaciones ilegales realizadas desde la entidad que lideró. La semana pasada, la periodista María Jimena Duzán, develó parte del documento que Gómez Góngora y Martínez Lugo remitieron a la JEP, en el cual se dan detalles sobre cómo habría operado el nuevo capítulo de chuzadas.