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La Fiscalía General y la Policía ocuparon bienes avaluados en $20.000 millones en Cartagena y Turbaco (Bolívar), los cuales estarían relacionados a presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). Entre los inmuebles que miembros del CTI y la Fuerza Pública hicieron posesión hay propiedades del exdirector de Cardique, Olaff Puello Castillo, investigado por la presunta celebración irregular de 220 contratos en 2016 dentro de la autoridad ambiental.
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El operativo se realizó luego de que la Contraloría General alertara al ente investigador de los posibles hechos de corrupción en Cardique. Hace dos meses un juez de control de garantías le otorgó el beneficio de casa por cárcel a Puello Castillo, quien es procesado por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdo restrictivo de la competencia y concierto para delinquir. En su momento el exfuncionario se declaró inocente.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, los contratos que están bajo la lupa de las autoridades nunca cumplieron con sus objetivos: obras de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios. Parte de los 28.000 millones de pesos destinados para la ejecución de estas labores, al parecer, terminaron en manos del entonces director de la corporación, Puello Castillo, y algunos de sus colaboradores y contratistas en la entidad.
La evidencia obtenida por la Fiscalía en el proceso penal contra los presuntos involucrados en la millonaria defraudación, permitió identificar 104 bienes que habrían sido adquiridos por los investigados durante el tiempo en el que ocurrió el ilícito o con los dineros que, supuestamente, estaban destinados para la ejecución de los contratos. Ante estos indicios, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder sobre 43 inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción.
Por Redacción Judicial
