Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de prevaricato por omisión y peculado por uso al empresario Carlos Mattos por sus polémicas salidas irregulares de la cárcel La Picota, centro en el que se encontraba recluido a raíz de las condenas en su contra por sobornar a jueces de la República para torcer procesos a su favor. El escándalo se conoció como el caso Hyundai, debido a que Mattos ejercía la representación de la empresa en Colombia.
El caso por el que la Fiscalía lo acaba de imputar tiene su origen tras una publicación hecha por Noticias Caracol en 2022, en la que, a pesar de estar preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en imágenes quedaron registradas las salidas del empresario de la prisión y visitas a su oficina al norte de Bogotá, sin tener permiso para esos movimientos.
Lea también: La batalla política y jurídica por el futuro del caso Petro en la Comisión de Acusación
Ese escándalo que estalló durante el gobierno de Iván Duque tuvo desenlace con el despido de Mariano Botero Coy, quien para entonces era el director del INPEC. Mientras que Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, los dragoneantes del Inpec que habrían participado en las salidas, fueron vinculados a una investigación judicial. Por su parte, el empresario Mattos fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde están recluidos algunos de los criminales más peligrosos del país.
Los exfuncionarios relacionados con las salidas de Mattos fueron imputados el 2 de octubre de 2024 por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso (cuando un funcionario público usa de forma indebida bienes del estado) y prevaricato por omisión (omitir sus tareas como funcionarios públicos).
Le puede interesar: Corte Constitucional tumba dos restricciones de la Ley de Encuestas aprobada por el Congreso
En materia de justicia, el empresario empezó a ser indagado, pero nunca le imputaron cargos, por lo que buscó negociar un principio de oportunidad con el que, a cambio de la “donación”, como señaló la Fiscalía, de dos camionetas marca Hyundai, cada una avaluada en más de COP 182 millones. Sin embargo, una jueza de Bogotá negó esa negociación y la Fiscalía lo imputó a Mattos para que responda en un eventual juicio por los delitos de prevaricato por omisión y peculado por uso.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Mattos, para el momento de los hechos, ejercía actos de presión e intimidación para doblegar a los dragoneantes que lo transportaban a citas médicas para modificar las rutas y visitar su oficina en el norte de Bogotá. “El señor Mattos determinó a los funcionarios cuando provocó en ellos la decisión de realizar los cambios”, dijo.
La fiscal agregó: “Usted determina a que le dieran un uso al vehículo exclusivo para remisiones médicas autorizadas por el Inpec. No cumplieron la orden de remisión, por el contrario se desconocen las actividades que realizó con el vehículo. Realizaba labores cotidianas en su oficina para luego recogerlo en horas de la tarde y trasladarlo al centro penitenciario (…) Más grave cuando usted determina para que le permitan desplazarse en un vehículo particular de su empresa”.
Por su parte, la defensa de Mattos se opuso a la imputación presentada por parte de la Fiscalía y señaló que “pareciera que al imputación está direccionada a funcionarios del Inpec”. Asimismo, cuando la jueza del caso preguntó si había claridad por parte del empresario sobre la imputación, este respondió que no entendía el tiempo, modo y lugar de los eventos.
“No tengo claro acerca del tiempo, modo y lugar de los eventos que la Fiscalía quiere imputarme. En ningún momento la Fiscalía mencionó cómo, cuándo y dónde determiné o induje a los dragoneantes del Inpec que la Fiscalía mencionó. Supuestamente yo determine para que se cometieran presuntos delitos. Mencionó que supuestamente yo le pedí a un funcionario del Inpec acerca de un traslado presionándolo (...) No es nada claro para mi que yo haya tratado de hacer cometer algunos delitos. No veo en que momento se pudieron haber cometido esos delitos (...) Por razones humanitarias tuve que parar en la oficina que es en la vía hacia la clínica, no hubo ninguna desviación desde la Picota a la clínica. Siempre fui a todas las citas. Nunca falté. No sé por qué la fiscal dice que yo no fui, yo sí asistí. A todas las citas”, dijo Mattos durante la audiencia.
Sin embargo, la fiscal respondió a su inquietud señalando que Mattos amenazó y presionó a los guardias del centro penitenciario para que modificaran la ruta de destino. “Les indica que iba a hablar con el director del Inpec”, si no modificaban la ruta, señaló la fiscal.
Por su parte, Carlos Mattos no aceptó los cargos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
