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3 Feb 2022 - 5:34 p. m.

Caso Cemex: expresidente de Cemex Colombia, Carlos Jacks, no aceptó cargos

La antigua cabeza de la multinacional renunció a su cargo en 2016 tras conocerse la presunta compra irregular de un lote en Antioquia, donde se estaba construyendo una planta cementera. La Fiscalía ahora procesa a este ciudadano mexicano por el delito de administración desleal y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. En 2019, su mano derecha fue condenada y aceptó su responsabilidad.
Carlos Jacks Director General de CEMEX,  durante el Foro de The Economist "Impulsando el crecimiento de America Latina "Foto: Gabriel Aponte
Carlos Jacks Director General de CEMEX, durante el Foro de The Economist "Impulsando el crecimiento de America Latina "Foto: Gabriel Aponte
Foto: Gabriel Aponte - Gabriel Aponte

De manera virtual se adelanta una crucial la imputación de cargos por los delitos de administración desleal y enriquecimiento ilícito a favor de terceros, contra la antigua cabeza de Cemex en Colombia: el ciudadano mexicano Carlos Jacks Cahvarría. El exejecutivo de la multinacional cementera quedó en el radar de las autoridades desde 2016, cuando renunció a su cargo luego de conocerse detalles sobre posibles irregularidades en la compra de un lote en Maceo, Antioquia, en donde se adelantaba la construcción de una planta de cemento.

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Hoy la Fiscalía, ocho años después de ese escándalo, lo citó para iniciar su proceso penal formalmente. Además de varios documentos y correos que darían cuenta de las irregularidades en la adquisición del predio, el ente investigador tiene el testimonio de Camilo González Téllez, exvicepresidente jurídico de Cemex, condenado por estos hechos, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía de 32 meses de prisión —que pagó bajo libertad condicional.

“Señor Carlos Jacks usted permitió y conoció que estos hechos se llevaran a cabo. Esto conllevó a que la compañía, Cemex, sufriera un detrimento de $40.000 millones. Estos delitos de administración desleal y enriquecimiento ilícitos a favor de terceros fueron realizados de manera dolosa”, señaló el fiscal del caso, quien sustentó este señalamiento citando correos electrónicos en los que había sido copiado y documentos relacionados con la adquisición del predio y en los que aparece su firma.

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Luego de las aclaraciones solicitadas por la defensa de Jacks, los apoderados de víctimas y el juez del caso, Jacks no aceptó cargos. “Luego de escuchar los planteamientos del señor fiscal y sus conclusiones me niego totalmente a aceptar cargos”, señaló el antiguo alto ejecutivo de la multinacional cementera y que denunció los hechos al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La empresa es representada por el abogado Jaime Granados.

González Téllez, quien señaló en medio de su proceso que Jacks era su jefe directo y tenía conocimiento de todo lo relacionado con el cuestionado predio, impulsó la iniciativa de comprar cuatro activos de una empresa llamada CI Calizas y Minerales S.A. El problema era que los activos estaban comprometidos en un proceso de extinción de dominio. Según la investigación judicial, González Téllez sabía de la situación y siguió adelante con el negocio.

González Téllez admitió en ese momento que él sabía de antemano que los lotes que Cemex quería en Antioquia estaban en un proceso de extinción de dominio, por la relación entre CI Calizas y Minerales y José Aldemar Moncada, uno de los hombres claves en el desfalco a la DIAN. Fue condenado por haberse quedado ilegalmente con más de $36.000 millones a través de devoluciones fraudulentas del IVA y fue asesinado en abril de 2016 por sicarios en Envigado (Antioquia).

“El señor Jacks conocía el negocio, sabía, estaba enterado; yo no actué a espaldas de él cuando firmé ese memorando de entendimiento. Yo simplemente cumplí con una instrucción que él me dio. Recuerdo mucho cuando el señor Carlos Jacks tomó la decisión de hacer este pago de 3 millones, el señor Édgar Ángeles y yo nos opusimos. Édgar Ángeles era el vicepresidente de Operaciones de toda la región. Nos opusimos a que se hiciera ese pago porque sabíamos que ya estaba en curso la extinción de dominio”, indicó González en su momento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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