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Cuatro intentos fueron necesarios para que la Fiscalía General de la Nación pudiera imputarle un nuevo delito al empresario Carlos Mattos por el denominado caso Hyundai. La dificultad residía en que Mattos está en España y no ha acudido a las citas con la justicia, alegando temas médicos, por lo que el ente investigador había pedido a un juez de la República que lo declarara en contumacia, que es una figura jurídica que le permite a la Fiscalía continuar con el caso sin la presencia del implicado.
Este viernes, un juzgado aceptó la posición del ente investigador y declaró a Mattos en contumacia luego de valorar un examen médico que señala que los padecimientos del empresario no le impiden acudir a las diligencias. Acto seguido, la Fiscalía procedió a imputarlo por el delito de cohecho, por la supuesta entrega de un soborno de por lo menos $100 millones, para desviar un proceso contra la compañía coreana Hyundai Motor Company.
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Se trata de una nueva imputación de cargos a Mattos, quien tiene otra investigación a cuestas por haber sobornado supuestamente a un juez y manipulado el sistema de repartos de procesos en los juzgados de Paloquemao. En esta ocasión, la Fiscalía argumentó que Mattos le habría entregado la millonaria suma a la jueza Ligia del Carmen Hernández quien ya aceptó ante juzgado de Bogotá que sí recibió dinero por parte del empresario, luego de haber tomado una decisión que favoreció a su empresa.
La Fiscalía igualmente buscará ante la sede de la Interpol en Francia una orden de captura internacional contra Mattos y acudirá al gobierno español para que lo entregue en extradición. Cabe recordar que este nuevo proceso contra el empresario surgió de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de la juez Hernández pues, hasta el año pasado, solo se sabía de un pago irregular a un juez (Reinaldo Huertas).
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En el caso de la juez Ligia del Carmen Hernández, la Fiscalía hizo una serie de hallazgos en los procesos de colaboración a los que se han acogido varios capturados dentro del proceso que hoy se conoce como el caso Hyundai. En específico tres de ellos: Edwin Macías Castañeda, Dagoberto Rodríguez y David Durán, ya capturados. Los tres le contaron a la Fiscalía que sabían que Mattos le envió dinero a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que para la época de los hechos era Ligia Hernández, a raíz de un proceso paralelo al caso Hyundai y que Dagoberto Rodríguez había sido el encargado de llevarle los fajos de billete a la hoy exjueza.
Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, a través de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal. En medio de las pesquisas de la Fiscalía, Rodríguez Niño, aceptó los hechos, el 4 de octubre de 2018, ante el juez 63 penal municipal con función de control de garantías.
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De otro lado, según las pruebas en contra de la exjueza Hernández, el abogado David Durán habría hablado en varias ocasiones a Rodríguez para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza. Aunque la Fiscalía no fue clara con el monto, pues Rodríguez les contó que había sido por lo menos $200 millones pero todavía no hay evidencias para probarlo, Hernández aclaró durante la audiencia que recibió $100 millones. “Nada más”, agregó la investigada. Tanto Durán como Rodríguez coincidieron en que el pago se realizó después de que la exjueza fallara en favor de Mattos.
En otra ocasión relatada por Rodríguez, y que reveló la Fiscalía durante la audiencia en que la exjueza aceptó el cargo de soborno, el abogado se encargó de concretar una reunión con Mattos dentro de un carro y allí se habría pactado otro envío de dinero a Hernández. Con las tres declaraciones que coincidían con el mismo hecho, la Fiscalía procedió a verificar la información y realizó una inspección al archivo de la Judicatura. Tras esas pesquisas, el ente investigador estableció que, en efecto, para la época de los hechos narrados por los tres hombres, la exjueza Hernández tenía en su despacho una demanda presentada por la empresa de Mattos.
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Por Redacción Judicial
