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A través de un comunicado público, la Fiscalía informó que abrió una investigación para determinar de dónde provienen los mensajes amenazantes e intimidatorios que estarían dirigidos al coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán. Según el ente investigador, durante las últimas dos semanas, el fiscal que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe, por presunto soborno y fraude procesal, viene siendo frecuentemente víctima de amenazas sistemáticas. (Lea también: La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe)
“La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a los distintos sectores de la sociedad civil para que se respete la independencia y autonomía judicial, principios esenciales en la consolidación de un Estado democrático. De igual manera, insta a que se permita que los procesos a cargo de la entidad se resuelvan en derecho, lejos de cualquier controversia política o personal”, indicó la entidad que, además, rechazó de manera enfática estos hechos.
Gabriel Jaimes Durán es uno de los funcionarios más importantes de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Él es el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema; es decir, quienes manejan los casos de más alto perfil, y vive uno de los momentos más mediáticos de su extensa carrera como funcionario público. Sobre todo, después de que el pasado 3 de septiembre de 2020, el propio Barbosa le encomendara la que podría ser su tarea más crucial en su paso por el ente investigador: el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe. (Le puede interesar: Gabriel Jaimes, fiscal del caso Uribe, tiene una investigación preliminar en su contra)
El caso llegó a esta entidad el pasado el 1 de septiembre del año pasado, luego de que Uribe renunciara al Senado y le pidiera a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema enviar su proceso a la Fiscalía, pues desprovisto de su fuero, sería esta la competente para conocer su caso. Así, la investigación llegó a manos de Jaimes Durán quien tras aterrizar en el expediente, pidió que el proceso contra el expresidente se adelantara por el sistema penal acusatorio (el más garantista), y no por la Ley 600 de 2000.
Cuando quedó definido que, en efecto, el proceso seguiría su curso por el sistema penal acusatorio, el meollo del asunto consistió en definir si la investigación empezaba desde cero o si se le daba validez a las labores de la Corte Suprema de Justicia y se equiparaba la indagación que Uribe rindió ante el alto tribunal con la imputación de cargos. Sobre este asunto, Gabriel Jaimes opinó que no era viable comparar una indagación con la imputación, pues ambas diligencias tenían características opuestas. (Noticia relacionada: Fiscalía pide darle la razón a la defensa de Uribe y que su proceso empiece de ceros)
Pero, contrario la postura del fiscal, un juez de conocimiento decidió que estas diligencias sí eran equiparables y dio por hecho la imputación de cargos contra el expresidente Uribe. Aunque el defensor del exmandatario, Jaime Granados, se ha valido de varios recursos judiciales para tratar de tumar esta decisión, lo cierto es que, a la fecha, el proceso sigue su curso en esas circunstancias y Jaimes Durán tiene a cuestas la responsabilidad de definir si emite una acusación formal contra el expresidente Uribe o si solicita el archivo del proceso.
Y mientras esa decisión se conoce, esta semana, un colectivo de veeduría ciudadana conformado por 1.290 personas y 260 organizaciones le pidieron al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, quien en los próximos días decidirá si lleva a juicio o no al exmandatario, que reconozca la condición de víctima que tiene el senador Iván Cepeda, en medio de un lío judicial por supuesto fraude procesal y soborno a testigos.
Entre los firmantes del documento está la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien recientemente renunció al partido Colombia Humana. “Iván Cepeda es un hombre de paz, transformó el dolor por el asesinato de su padre en una lucha en defensa de la Paz y los Derechos Humanos”, ha expresado en su cuenta de Twitter. También estampó su firma el congresista del partido Verde Antonio Sanguino, quien a su vez es copresidente de la Comisión de Paz del Senado y ha expresado su constante apoyo al adversario judicial de Álvaro Uribe Vélez.
Las voces de apoyo para Iván Cepeda se suman al llamado reciente que hizo él mismo a través de un documento en el que plasmó 40 preguntas para el fiscal Gabriel James, como “constancia histórica” ante lo que él considera una desviación del proceso penal contra Uribe y una persecución a las mismas víctimas. “De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, escribió el congresista del Polo. (Noticia relacionada: “Desde que el caso de Uribe llegó a la Fiscalía no ha habido garantías”: Iván Cepeda)
De acuerdo con el abogado Reinaldo Villalba, representante de Iván Cepeda, el fiscal Jaimes se ha encargado de “eliminar” o “desacreditar” las labores investigativas llevadas a cabo durante ocho años por la Corte Suprema de Justicia, cuyo trámite judicial se trabó tras la renuncia del expresidente Uribe al Congreso. “No ha hecho ningún esfuerzo (el fiscal Gabriel Jaimes) en examinar el modus operandi que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra”, agregó Cepeda.
Francisco Barbosa, en defensa de su fiscal delegado
Durante el trascurso de la tarde, el fiscal general Francisco Barbosa convocó a una rueda de prensa para pronunciarse oficialmente sobre las presuntas amenazas que denunció el fiscal delegado Gabriel Jaimes. En compañía de una decena de funcionarios, Barbosa se comprometió a seguir adelante con la investigación que se llevan contra Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta los principios de “autonomía” e “independencia” que debe cumplir el ente investigador.
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“Quiero decirles a los colombianos que no vamos a permitir que se pretenda alterar el curso normal y objetivo de la justicia, a través de amenazas, intimidaciones o presiones de cualquier tipo contra la acción constitucional y legal que lidera la Fiscalía. Este equipo directivo que me acompaña, con la vicefiscal general, los delegados nacionales, el director del CTI, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia rechazamos las amenazas de las que ha venido siendo víctimas en los últimos días el doctor Gabriel Ramón Jaimes”, concluyó Barbosa.