Fiscalía investiga a ocho soldados por abuso sexual a niña indígena en Risaralda

Se desconocen las identidades de los militares involucrados. / Archivo

Una menor de edad indígena de 12 años, perteneciente al pueblo embera, fue abusada sexualmente el pasado 22 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Los responsables serían un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, adscrita a la Brigada 8 del Ejército.

Así lo dio a conocer esa unidad militar, al anunciar que los hechos ya son objeto de investigación interna. “Según información preliminar el deplorable hecho fue (puesto) en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un suboficial. De inmediato se puso en conocimiento de la autoridad competente”, indicó la institución en un comunicado.

La Autoridad Tradicional Indígena de Pueblo Rico aseguró que la menor de 12 años pertenece al Resguardo Gito Dokabú-Embera Katío y que fue secuestrada el día 21 de junio y abusada “por un grupo indeterminado de solados”: “Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo Embera Katío”.

El mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División, señaló que el pelotón que hacía presencia en la zona lo conforman 30 uniformados y que fueron transportados a Pereira. “En el momento salen de su función principal que estaban garantizando todo el corredor de movilidad hacia el Chocó. La tropa fue relevada y estamos a total de disposición para que se esclarezcan los hechos”, dijo el general Ospina. La autoridad indígena, no obstante, solicitó que los militares sean sancionados por la justicia indígena.

“Este tema no es de Justicia Penal Militar, está de conocimiento de la justicia ordinaria. Los soldados están en una condición de concentración. Es un grupo de 30 soldados que estaba destacado en ese sector. La investigación arrojará quiénes están comprometidos”, agregó.

El caso ya fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que designó a una fiscal de la Seccional Risaralda para iniciar los actos urgentes de investigación y recopilar información. El general Ospina explicó que los implicados son soldados regulares con 12 meses de servicio y que todavía tenían seis meses más para prestar servicio.

En las últimas horas, la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, anunció que ocho miembros del Ejército Nacional fueron identificados como los presuntos autores del hecho. Además, fuentes cercanas al caso confirmaron a El Espectador que la menor indígena reconoció a cinco de ellos.

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“A la menor se le reestablecieron los derechos por parte de la Comisaría de Familia, se le escuchó en entrevista y se le practicaron los exámenes de rigor por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. De igual manera se han recibido 25 entrevistas de personas que pudieron tener conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual (...) La menor nos dijo lo que recuerda y con base en eso continúa la investigación. Tenemos la entrevista de la víctima, de presuntos testigos de los hechos y la aplicación de técnicas de investigación como son inspección al lugar de los hechos con fotógrafo y luces forenses que nos permiten determinar la existencia de elementos materiales probatorios para establecer cómo y dónde ocurrieron los hechos”, afirmó la fiscal.

Por ahora los soldados se encuentran en el lugar de asentamiento de su sede laboral y, según Torres, la justicia militar ha estado en constante comunicación y aportando la información necesaria para el desarrollo de la investigación.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró en sus redes sociales que no se tolerará “ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena”.

Lo propio hizo el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro: “rechazo y condeno el abuso sexual contra menor del resguardo indígena Embera Chamí en Risaralda, en el que estarían involucrados soldados. Como colombiano, soldado, comandante y padre de familia, mi apoyo irrestricto a las autoridades en el desarrollo de las investigaciones”.

El Ejército anunció que se se abrió una investigación disciplinaria “con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a que haya lugar, que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables”. La menor de edad indígena fue trasladada al puesto de salud del corregimiento para ser valorada. Allí llegó la Unidad de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia de Pueblo Rico para iniciar el proceso de restitución de derechos.

Por el momento, se desconocen las identidades de los soldados involucrados en este caso de abuso sexual. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que casos como estos “duelen en el alma. Se le compacta a uno al corazón porque estas cosas no pueden seguir ocurriendo. No se puede abusar de la indefensión de esta niña”. El hecho fue repudiado por la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Procuraduría asumió actuación disciplinaria por caso de niña Embera Chamí

La Procuraduría General de la Nación asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados, por establecer, del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda. 

 “Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente. 

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, en el que reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

Asimismo, la entidad indicó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Además, que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad. 

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

Nota de la editora: la noticia se ha actualizado conforme se han conocido detalles del caso.