Fiscalía investigará por siete delitos a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado

Las supuestas irregularidades encontradas en la adjudicación de cinco contratos, por un valor de $20.000 millones, llevaron a que la Fiscalía capturara a cuatro personas, entre exfuncionarios y contratistas, por supuestamente estar comprometidos en el pago de coimas a servidores públicos por más de $3.000 millones. El ente investigador aseguró que en estos hechos se habría contado con la complacencia de algunos funcionarios de Quindío (2012 – 2015), entre ellos la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado, quien también será investigada.

Según las indagaciones preliminares, antes de la licitación de obras de acueducto, vías terciarias y jardines infantiles en el departamento, se habría acordado la entrega de los convenios al constructor José Carlos Vergara Mendoza a cambio, presuntamente, del 15% del valor de los contratos adjudicados. La Fiscalía sostuvo que cuenta con evidencias sobre actos cometidos, al parecer, por algunos funcionarios de la gobernación y que habrían acordado con el contratista los pliegos de condiciones.

(Lea también: Exgobernadora del Quindío fue destituida y suspendida por 12 años)

Además de haber ajustado los requisitos de experiencia y capacidad, la Fiscalía, en sus indagaciones, constató que el constructor, representante legal de la firma Inalcon, no tenía la idoneidad exigida por la ley y eso al parecer generó dificultades en el desarrollo del proceso contractual.Esto habría permitido que los contratos fueran cedidos y se subcontratara, figuras que estarían prohibidas en las cláusulas legales.

Los contratos firmados entre Inalcon y la entonces gobernación de Quindío son un contrato por valor de $5.324 millones para la construcción y recuperación de los acueductos y obras de saneamiento básico en los municipios Córdoba, Finlandia, Génova, Quimbaya y Salento (afectados por el fenómeno de la Niña en 2010 – 2011); dos contratos de mantenimiento y recuperación de vías terciarias en Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya, por valor de $12.858 millones; y un convenio para la construcción de jardines infantiles en Quimbaya y Calarcá, que ascendían a $2.498 millones.

(Le sugerimos: Abren indagación contra tres exgobernadores por caso de corrupción en la Corte Suprema)

Los cuatro detenidos son: Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo de la Gobernación de Quindío; Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa; José Carlos Vergara Mendoza, contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon; y Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon.

“La Fiscalía tiene evidencia física y testimonial que da cuenta de múltiples irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de los contratos. Todos quedaron en manos del mismo constructor, así como las consultorías previas, estudios de diagnóstico estructural, análisis de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural y demás requerimientos complementarios”, cuestionó el ente investigador.

(Lea: Procuraduría confirma destitución de exgobernadores del Quindío)

Los detenidos, así como la exgobernadora Hurtado, serán investigados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado. Las audiencias se cumplirán en las próximas horas en Armenia (Quindío).

Las supuestas irregularidades encontradas en la adjudicación de cinco contratos, por un valor de $20.000 millones, llevaron a que la Fiscalía capturara a cuatro personas, entre exfuncionarios y contratistas, por supuestamente estar comprometidos en el pago de coimas a servidores públicos por más de $3.000 millones. El ente investigador aseguró que en estos hechos se habría contado con la complacencia de algunos funcionarios de Quindío (2012 – 2015), entre ellos la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado, quien también será investigada.

Según las indagaciones preliminares, antes de la licitación de obras de acueducto, vías terciarias y jardines infantiles en el departamento, se habría acordado la entrega de los convenios al constructor José Carlos Vergara Mendoza a cambio, presuntamente, del 15% del valor de los contratos adjudicados. La Fiscalía sostuvo que cuenta con evidencias sobre actos cometidos, al parecer, por algunos funcionarios de la gobernación y que habrían acordado con el contratista los pliegos de condiciones.

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Además de haber ajustado los requisitos de experiencia y capacidad, la Fiscalía, en sus indagaciones, constató que el constructor, representante legal de la firma Inalcon, no tenía la idoneidad exigida por la ley y eso al parecer generó dificultades en el desarrollo del proceso contractual.Esto habría permitido que los contratos fueran cedidos y se subcontratara, figuras que estarían prohibidas en las cláusulas legales.

Los contratos firmados entre Inalcon y la entonces gobernación de Quindío son un contrato por valor de $5.324 millones para la construcción y recuperación de los acueductos y obras de saneamiento básico en los municipios Córdoba, Finlandia, Génova, Quimbaya y Salento (afectados por el fenómeno de la Niña en 2010 – 2011); dos contratos de mantenimiento y recuperación de vías terciarias en Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya, por valor de $12.858 millones; y un convenio para la construcción de jardines infantiles en Quimbaya y Calarcá, que ascendían a $2.498 millones.

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Los cuatro detenidos son: Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo de la Gobernación de Quindío; Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa; José Carlos Vergara Mendoza, contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon; y Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon.

“La Fiscalía tiene evidencia física y testimonial que da cuenta de múltiples irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de los contratos. Todos quedaron en manos del mismo constructor, así como las consultorías previas, estudios de diagnóstico estructural, análisis de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural y demás requerimientos complementarios”, cuestionó el ente investigador.

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Los detenidos, así como la exgobernadora Hurtado, serán investigados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado. Las audiencias se cumplirán en las próximas horas en Armenia (Quindío).