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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Fiscalía General de la Nación ganaron un costoso proceso judicial por valor de 5,2 billones de pesos tras enfrentarse contra la empresa inmobiliraria Good Luck Silva Asociados P&L. El Consejo de Estado confirmó el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que la empresa también perdió tras pedir una reparación por parte del Estado por presuntamente haberlos afectado con fallas en la administración de justicia.
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En 2015, la empresa presentó una demanda de reparación directa porque consideraban que la Fiscalía General de la Nación había cometido en un error judicial en la decisión del 21 de marzo de 2014, con la que perdieron la oportunidad de recuperar un bien inmueble del cual, afirman, eran propietarios y poseedores. Con esta decisión les habrían causado perjuicios materiales y morales, a tal punto que los llevó a la quiebra, pues la Fiscalía decidió archivar el expediente de una edificación ubicada en la ciudad de Bogotá.
Cuando la empresa interesada pidió desarchivar el caso un tiempo después, se les volvió a negar porque no aportaron nuevas pruebas. Para la empresa demandante este hecho perjudicaba su acceso al debido proceso.
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Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó la decisión que se había tomado en primera instancia, pues consideraron que todos los argumentos presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron válidos. La empresa demandante no logró demostrar por completo que se les causó un daño jurídico.
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