Fiscalía le pidió a la Corte que ratifique la condena contra Andrés Felipe Arias

Mientras la sentencia a 17 años de prisión que profirió la Corte Suprema de Justicia en 2014 contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, es revisada, en segunda instancia, por una Sala Especial en el alto tribunal, la Fiscalía solicitó que se mantenga la sentencia condenatoria en contra del exministro del gobierno de Álvaro Uribe argumentando que “en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”.

Hasta este viernes 23 de octubre había plazo para que la Procuraduría, el Ministerio de Agricultura, la Contraloría y la Fiscalía se pronunciaran frente al alegato de la defensa de Arias que lo que busca es que se tumbe la sentencia. La Fiscalía hizo lo que le correspondía y en un documento de 245 páginas conocido en su integridad por este diario, desestimó los argumentos de la defensa del exfuncionario. Para el ente investigador, los fundamentos con los que acusó a Arias, en su momento, siguen vigentes.

El exministro de Agricultura fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, luego de que conocieran las irregularidades que había detrás del programa Agro Ingreso Seguro. Se abrió paso entonces un extenso proceso judicial en contra del exfuncionario -reconocido, además, por sostener una estrecha relación con el expresidente Uribe- en el que la Fiscalía logró llevarlo a juicio. Por eso, no sorprende la postura del ente acusador y su solicitud para que se mantenga en firme la condena de Arias.

En el documento, firmado por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Iban Mejía, la entidad señala que los reproches en contra de la sentencia son “infundados”. Para empezar, se refirió a los cuestionados convenios celebrados por el exministro. Uno a uno, citó los argumentos de la defensa de Arias para recalcar las irregularidades que, según las pruebas, se encontraron en el trámite de los mismos y la responsabilidad del exfuncionario en cada una de estas conductas.

“El doctor Arias Leiva conocía, orientaba, dirigía, instruía, decidía y controlaba, desde la primera convocatoria, los aspectos relevantes vinculados con la génesis de los negocios jurídicos, al punto que luego intervino y estuvo conforme con la celebración de estos negocios jurídicos”, indicó el ente investigador. (Lea también: Lista la Sala de Decisión que conocerá en segunda instancia el caso de Andrés Felipe Arias)

Además, en otro aparte del documento manifiesta que “aunque el señor defensor trate de justificar el comportamiento del doctor Arias Leiva en la irregular situación contractual ello en si mismo, de manera autónoma, constituye una violación a los principios contenidos en el Estatuto de Contratación (...) el entonces ministro, como ordenador del gasto y titular de la función contractual, permitió la ejecución de actividades propias de negocios jurídicos no celebrados y sin las pólizas de garantías aprobadas”.

Para la Fiscalía, resulta “inexplicable” que, a pesar de las características profesionales, personales y académicas del exministro Arias, su defensa argumente que el funcionario desconocía cómo debía operar la contratación pública pues, tanto para la Corte Suprema de Justicia, como para el ente investigador, Arias era consciente de que se estaba desconociendo la normatividad en la contratación.

Asimismo, la entidad explicó que fue el análisis de las pruebas el que permitió hacer un razonamiento sobre el comportamiento del exministro y concluir que él conocía la normatividad aplicable, los requisitos, la delimitación legal de la contratación pública y hasta el manual de contratación del Ministerio que lideraba, por lo cual para la Fiscalía existe certeza en que el exfuncionario actuó de manera libre y voluntaria. En ese sentido, indicó que “pretender que exista una prueba de dolo (intención), en la que se señale que el señor Andrés Felipe Arias le indicó de manera cierta y sin equívoco a sus funcionarios que procedieran a la transgresión de la ley, sería lo deseable, pero no lo de común ocurrencia”.

Por otro lado, en lo que respecta al delito de peculado por apropiación que fue endilgado por la Fiscalía la cual sustentó que hubo una entrega indiscriminada de subsidios a partir de fraccionamiento de predios, en favor de terceros, la Fiscalía manifestó en su pronunciamiento que “no resulta aplausible que, según ahora se sostiene, sus integrantes y el ministro a quien semanalmente y en forma detallada rendían cuenta de sus actuaciones, no se hubiera percatado del fraccionamiento de predios (...) el desprendimiento que ahora se exhibe no es más que una forma de eludir su responsabilidad”.

Añadió el ente investigador que las conductas de Arias “son antijurídicas” porque estuvieron orientadas al beneficio de particulares y no a garantizar el interés general y el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad, por ello, el delegado de la Fiscalía señaló que la condena de Arias por peculado por apropiación en favor de terceros está fundamentada en abundantes pruebas directas y sustentadas que acreditan la certeza de la responsabilidad del exfuncionario. (Le puede interesar: Corte Suprema admitió impugnación del exministro Andrés Felipe Arias)

“Pare el ente acusador el fallo (condenatorio) cuenta con un análisis probatorio completo que le permitía a la Sala concluir, como lo hizo, que el doctor Arias actuó dolosamente en la comisión de las conductas delictivas por las que fue condenado y, por tal motivo, no debe acogerse la solicitud de la defensa. Así las cosas, revisados los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Andrés Felipe Arias, le solicito a la H. Sala Especial que confirme integralmente la condena en su contra”, concluyó la Fiscalía insistiendo en que no se está en presencia de una irregularidad sustancial que le haya vulnerado derechos o garantías fundamentales al exministro.

En julio pasado, desde la Escuela de Caballería, guarnición militar en el norte de Bogotá donde se encuentra recluido desde hace un año, el exministro de Agricultura le envió a la Corte Suprema de Justicia una comunicación en la que indicó que reiteraba la impugnación contra su sentencia a 17 años de prisión. Ese recurso lo radicó el 10 de diciembre de 2018 en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte su abogado Víctor Mosquera. Lo hizo un mes después de anunciar con bombos y platillos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había reconocido que Arias tenía derecho a una segunda instancia, como llevaba años pidiéndolo.

Él ya había presentado dos impugnaciones ante la Corte Suprema. La primera, el 25 de mayo de 2016. La segunda, el 7 de marzo de 2018, dos meses después de que el Congreso cambiara las reglas de juegos para los aforados constitucionales (como lo era Arias en su condición de ministro), quienes hasta ese momento solo tenían una única instancia en la justicia para sus procesos: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En enero de 2018, Cámara y Senado aprobaron que los aforados tuvieran acceso a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.

Ahora, solamente queda esperar a que la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia que tiene la tarea de revisar la sentencia evalúe las diferentes posturas allegadas al proceso y determine el futuro del alfil del uribismo, Andrés Felipe Arias.

Mientras la sentencia a 17 años de prisión que profirió la Corte Suprema de Justicia en 2014 contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, es revisada, en segunda instancia, por una Sala Especial en el alto tribunal, la Fiscalía solicitó que se mantenga la sentencia condenatoria en contra del exministro del gobierno de Álvaro Uribe argumentando que “en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”.

Hasta este viernes 23 de octubre había plazo para que la Procuraduría, el Ministerio de Agricultura, la Contraloría y la Fiscalía se pronunciaran frente al alegato de la defensa de Arias que lo que busca es que se tumbe la sentencia. La Fiscalía hizo lo que le correspondía y en un documento de 245 páginas conocido en su integridad por este diario, desestimó los argumentos de la defensa del exfuncionario. Para el ente investigador, los fundamentos con los que acusó a Arias, en su momento, siguen vigentes.

El exministro de Agricultura fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, luego de que conocieran las irregularidades que había detrás del programa Agro Ingreso Seguro. Se abrió paso entonces un extenso proceso judicial en contra del exfuncionario -reconocido, además, por sostener una estrecha relación con el expresidente Uribe- en el que la Fiscalía logró llevarlo a juicio. Por eso, no sorprende la postura del ente acusador y su solicitud para que se mantenga en firme la condena de Arias.

En el documento, firmado por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Iban Mejía, la entidad señala que los reproches en contra de la sentencia son “infundados”. Para empezar, se refirió a los cuestionados convenios celebrados por el exministro. Uno a uno, citó los argumentos de la defensa de Arias para recalcar las irregularidades que, según las pruebas, se encontraron en el trámite de los mismos y la responsabilidad del exfuncionario en cada una de estas conductas.

“El doctor Arias Leiva conocía, orientaba, dirigía, instruía, decidía y controlaba, desde la primera convocatoria, los aspectos relevantes vinculados con la génesis de los negocios jurídicos, al punto que luego intervino y estuvo conforme con la celebración de estos negocios jurídicos”, indicó el ente investigador. (Lea también: Lista la Sala de Decisión que conocerá en segunda instancia el caso de Andrés Felipe Arias)

Además, en otro aparte del documento manifiesta que “aunque el señor defensor trate de justificar el comportamiento del doctor Arias Leiva en la irregular situación contractual ello en si mismo, de manera autónoma, constituye una violación a los principios contenidos en el Estatuto de Contratación (...) el entonces ministro, como ordenador del gasto y titular de la función contractual, permitió la ejecución de actividades propias de negocios jurídicos no celebrados y sin las pólizas de garantías aprobadas”.

Para la Fiscalía, resulta “inexplicable” que, a pesar de las características profesionales, personales y académicas del exministro Arias, su defensa argumente que el funcionario desconocía cómo debía operar la contratación pública pues, tanto para la Corte Suprema de Justicia, como para el ente investigador, Arias era consciente de que se estaba desconociendo la normatividad en la contratación.

Asimismo, la entidad explicó que fue el análisis de las pruebas el que permitió hacer un razonamiento sobre el comportamiento del exministro y concluir que él conocía la normatividad aplicable, los requisitos, la delimitación legal de la contratación pública y hasta el manual de contratación del Ministerio que lideraba, por lo cual para la Fiscalía existe certeza en que el exfuncionario actuó de manera libre y voluntaria. En ese sentido, indicó que “pretender que exista una prueba de dolo (intención), en la que se señale que el señor Andrés Felipe Arias le indicó de manera cierta y sin equívoco a sus funcionarios que procedieran a la transgresión de la ley, sería lo deseable, pero no lo de común ocurrencia”.

Por otro lado, en lo que respecta al delito de peculado por apropiación que fue endilgado por la Fiscalía la cual sustentó que hubo una entrega indiscriminada de subsidios a partir de fraccionamiento de predios, en favor de terceros, la Fiscalía manifestó en su pronunciamiento que “no resulta aplausible que, según ahora se sostiene, sus integrantes y el ministro a quien semanalmente y en forma detallada rendían cuenta de sus actuaciones, no se hubiera percatado del fraccionamiento de predios (...) el desprendimiento que ahora se exhibe no es más que una forma de eludir su responsabilidad”.

Añadió el ente investigador que las conductas de Arias “son antijurídicas” porque estuvieron orientadas al beneficio de particulares y no a garantizar el interés general y el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad, por ello, el delegado de la Fiscalía señaló que la condena de Arias por peculado por apropiación en favor de terceros está fundamentada en abundantes pruebas directas y sustentadas que acreditan la certeza de la responsabilidad del exfuncionario. (Le puede interesar: Corte Suprema admitió impugnación del exministro Andrés Felipe Arias)

“Pare el ente acusador el fallo (condenatorio) cuenta con un análisis probatorio completo que le permitía a la Sala concluir, como lo hizo, que el doctor Arias actuó dolosamente en la comisión de las conductas delictivas por las que fue condenado y, por tal motivo, no debe acogerse la solicitud de la defensa. Así las cosas, revisados los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Andrés Felipe Arias, le solicito a la H. Sala Especial que confirme integralmente la condena en su contra”, concluyó la Fiscalía insistiendo en que no se está en presencia de una irregularidad sustancial que le haya vulnerado derechos o garantías fundamentales al exministro.

En julio pasado, desde la Escuela de Caballería, guarnición militar en el norte de Bogotá donde se encuentra recluido desde hace un año, el exministro de Agricultura le envió a la Corte Suprema de Justicia una comunicación en la que indicó que reiteraba la impugnación contra su sentencia a 17 años de prisión. Ese recurso lo radicó el 10 de diciembre de 2018 en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte su abogado Víctor Mosquera. Lo hizo un mes después de anunciar con bombos y platillos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había reconocido que Arias tenía derecho a una segunda instancia, como llevaba años pidiéndolo.

Él ya había presentado dos impugnaciones ante la Corte Suprema. La primera, el 25 de mayo de 2016. La segunda, el 7 de marzo de 2018, dos meses después de que el Congreso cambiara las reglas de juegos para los aforados constitucionales (como lo era Arias en su condición de ministro), quienes hasta ese momento solo tenían una única instancia en la justicia para sus procesos: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En enero de 2018, Cámara y Senado aprobaron que los aforados tuvieran acceso a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.

Ahora, solamente queda esperar a que la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia que tiene la tarea de revisar la sentencia evalúe las diferentes posturas allegadas al proceso y determine el futuro del alfil del uribismo, Andrés Felipe Arias.