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3 Nov 2020 - 3:45 p. m.

Fiscalía leyó la acusación contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La Fiscalía octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó de manera formal al general (r) Rodolfo Palomino por, presuntamente, intentar retardar la orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, empresario investigado por lavado de activos y desplazamiento forzado en Córdoba.
General (r) Rodolfo Palomino, presentó su carta de renuncia el 17 de febrero de 2016, tras destaparse el escandalo de una red de prostitución dentro de la Policía. Archivo El Espectador.
General (r) Rodolfo Palomino, presentó su carta de renuncia el 17 de febrero de 2016, tras destaparse el escandalo de una red de prostitución dentro de la Policía. Archivo El Espectador.

En febrero de 2014, el entonces director general de la Policía, Rodolfo Palomino, se presentó en el apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, a quien habría intentado frenar en un operativo de captura contra el ganadero investigado por desplazamiento forzado, Luis Gonzalo Gallo. Por ese supuesto tráfico de influencias que denunció la propia fiscal Velásquez, la fiscalía octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Palomino por un delito que podría darle hasta ocho años de prisión.

Tras dos semanas de suspensión de la audiencia de acusación, a raíz de la solicitud de la fiscal Sonia Lucero Velásquez de acreditarse en calidad de víctima -la cual fue admitida-, la Fiscalía acaba de terminar de leer la acusación contra el exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino. “De los elementos materiales de prueba, evidencia física y demás información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que el imputado es autor del delito de tráfico de influencias”, explicó la funcionaria Elba Beatriz Silva ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

En contexto: General (r) Palomino, a juicio porque habría tratado de frenar captura de empresario.

Para esta Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, el general (r) Rodolfo Palomino habría incurrido en un acto contrario a sus deberes legales y constitucionales de servicio a la comunidad. Concretamente habría vulnerado el articulo 218 de la Carta Magna, en el cual se establece que el objetivo principal de la fuerza pública es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en paz. Además, habría violado el articulo 411 del Código Penal, al presuntamente abusar de sus funciones para intentar redireccionar la investigación de la fiscal Sonia Velásquez.

Así mismo, de acuerdo con la fiscalía delegada, el general (r) Rodolfo Palomino habría violado el Código de Buen Gobierno de la Policía Nacional, específicamente en el “compromiso de honor” del director general de la instrucción. “Estos compromisos son los siguientes: ser ejemplo de honestidad, lealtad, transparencia, rectitud, solidaridad, prudencia, objetividad, justicia, entusiasmo, y demás valores que rigen la labor policial tanto al interior de la institución como el entorno social, sometiendo todos los actos al severo juicio de Dios, la sociedad y la familia”, explicó Elba Beatriz Silva.

La audiencia de acusación inició el pasado 22 de febrero, sin embargo, fue suspendida por un recurso de reposición elevado por la defensa de Palomino, el cual quería desestimar a la fiscal Velásquez como víctima en el proceso. De acuerdo con la abogada de la fiscal, Patricia Cantor, ella debía ser reconocida como tal dado que la visita del general (r) Rodolfo Palomino “causó conmoción al interior del hogar, pues estaban los dos hijos de la fiscal Velásquez. Luego, recibió una llamada con un mensaje grabado, indicando que había un lote en el cementerio la Inmaculada de Bogotá”. La Corte Suprema tardó 12 días en validar tales argumentos.

En su momento, el general (r) Rodolfo Palomino expresó con vehemencia su oposición al reconocimiento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez: “Más bien yo soy la víctima. La misma Policía es víctima en este momento”, aseguró ante la Corte Suprema. Así mismo, sus abogados afirmaron que la visita no tiene nada que ver con una intimidación. “¿Por qué en el apartamento? Ella despachaba el expediente desde allí y ella hizo la cita al general Palomino. Había alistado los mecanismos de grabación. No hay ninguna situación de miedo, al contrario, hay una premeditación”, aseguró la defensa del exdirector de la Policía.

La visita de Palomino al apartamento de la fiscal Velásquez

Los hechos por los cuales Rodolfo Palomino podría ir a prisión se remontan al 8 de febrero de 2014, cuando faltaban dos días para la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo. Como lo expuso la fiscal Sonia Velásquez, quien venía siguiéndole la pista al empresario y a una decena más por la investigación acerca del despojo en Las Tulapas (Córdoba), el general retirado llegó a su propia casa y habría intentado trabar el operativo, indicando los nexos de Gallo con el expresidente Andrés Pastrana y el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Además, vinculó al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

La fiscal Velásquez consideró la sorpresiva visita como un acto intimidatorio, cuyo objetivo sería frenar la captura de Luis Gonzalo Gallo, situación que Rodolfo Palomino ha negado desde el principio. De hecho, el general retirado aseguró que su intención era “participar en la operación”, sin embargo, según su versión, su decisión fue malinterpretada por la funcionaria judicial cuando solo se trataba de una recomendación. Palomino aseguró, además, que estuvo al mando de la captura del empresario vinculado con el despojo de tierras en el Urabá y Córdoba, del cual él se ha declarado inocente.

En ese momento, Luis Gonzalo Gallo era investigado por concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y desplazamiento forzado agravado. Al final, fue capturado el 10 de febrero de 2014 junto a 13 personas más, todas relacionadas con el Fondo Ganadero de Córdoba. Como lo relató El Espectador¸ desde 2016 esa agremiación ha venido fortaleciendo el Fondo de Reparación de Víctimas, dado que un Tribunal de Justicia y Paz de Bucaramanga la encontró responsable por ayudar al esquema económico que estructuró el paramilitarismo para el despojo en Las Tulapas (Urabá).

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En respuesta a una solicitud de la Fiscalía, el Tribunal autorizó el embargo y la suspensión del poder dispositivo de casi ocho millones de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba, que han sido utilizadas por el Estado para restaurar los derechos de las comunidades en el Urabá. Estas tierras fueron despojadas por los hermanos paramilitares Castaño Gil, creadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes se enriquecieron, especialmente, a costas de la población de Las Tulapas durante la década de los ochenta.

En 2015, Luis Gonzalo Gallo fue llamado a juicio por la Fiscalía, junto a siete de los capturados en la operación liderada por la funcionaria Sonia Velásquez, aunque la Fiscalía no encontró motivo para ordenar su detención. De acuerdo con el testimonio de Benito Osorio Villadiego, quien fue gerente del Fondo Ganadero, un predio baldío de 4.300 hectáreas en Córdoba (Las Tulapas) fue despojado a campesinos de la zona y pasó a manos de la organización de la cual hacía parte Gallo. El empresario, por su parte, ha reiterado su inocencia y ha indicado que entro al Fondo solo buscando la expansión de sus negocios.

El general (r) Rodolfo Palomino fue imputado en 2017, sin embargo, en esa instancia no aceptó los cargos y se declaró inocente. “No me puedo allanar a los cargos, no he cometido ningún delito”, le explicó al Tribunal Superior de Bogotá. Ahora, tras la acusación presentada formalmente por la Fiscalía, el organismo investigativo deberá demostrar que Palomino intentó frenar la captura del empresario Gallo.

La prueba reina

Las denuncias de la fiscal Sonia Velásquez se fundamentan en un elemento material probatorio obtenido durante la visita del exdirector de la Policía: una grabación hecha con mismo celular de la funcionaria, cuando el general (r) Rodolfo Palomino habría intentado trabar la operación contra el empresario vinculado con el paramilitarismo. Cuando el ente investigador presentó el escrito de acusación, el pasado 16 de octubre, consignó la transcripción de la conversación entre los protagonistas de este proceso.

-General (r) Rodolfo Palomino: Óigame, doctora.

-Fiscal Sonia Velásquez: Cuénteme.

- General (r) Rodolfo Palomino: Para no quitarle mucho tiempo.

-Fiscal Sonia Velásquez: Sí, general.

-General (r) Rodolfo Palomino: (...) Cuando uno ve una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues uno, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo, ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo, digamos, porque siendo como es... ese hombre de ayer estaba haciendo en Estados Unidos un... a través de una fundación de él, una recepción de... recursos de donantes precisamente, eh... de puros filántropos, gente que con dinero quieren ayudar a las causas más nobles...

El general (r) siguió hablando y luego le dijo a la fiscal:

-General (r) Rodolfo Palomino: Eso (la detención del empresario Gallo) tendría una connotación enormemente grave, es más, uno podría pensar que esta persona si en algún momento pudo haber invertido en uno de estos predios lo haría no con el propósito de tal vez (inaudible) a alguien, me atrevería yo a pensar, no sé cómo vea usted eso.

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