Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, se convirtieron este 30 de abril en los primeros exjefes de cartera del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser llamados a juicio por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusó a los exfuncionarios por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. En diciembre de 2025 habían sido imputados porque, al parecer, intentaron comprar a congresistas con coimas y contratos para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso.
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Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía señalan que los exministros Bonilla y Velasco habrían hecho parte de una “organización delincuencial” en cuyo centro estaba que iniciativas claves del gobierno Petro, como la reforma pensional, la reforma a la salud y algunas operaciones de créditos internacionales, fueran aprobadas. Con ese objetivo, según el ente investigador, se habría comprometido el desvío de COP 612.000 millones.
Según la acusación, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Bonilla y Velasco “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias”. Fue en el marco de ese “pacto criminal” que habrían acordado con congresistas el pago de coimas y el direccionamiento de contratos de dos entidades públicas: la Ungrd y del Invías.
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De esa presunta coordinación criminal, según la Fiscalía, también hicieron parte Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, hoy condenados por su participación en el mismo entramado de corrupción. Estos dos exfuncionarios han sido testigos claves para la Fiscalía que en los últimos dos años se ha dedicado a armar un rompecabezas de corrupción que salpica a altos funcionarios del gobierno actual y congresistas de distintos partidos.
“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, dice la acusación de la Fiscalía en contra de los exministros Bonilla y Velasco.
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La audiencia se adelantó ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, a quien le correspondió el expediente en contra de los exministros. La diligencia fue virtual. El exministro Bonilla se conectó desde su residencia, en Bogotá, luego de que hace un par de semanas quedara libre por orden del Tribunal Superior de Bogotá. Velasco, por el contrario, asistió desde Escuela de Carabineros de Cali, donde está en prisión preventiva desde diciembre pasado.
A la audiencia también asisteron representantes de la Ungrd, el Invías y la Contraloría General de la República, entidades que pidieron ser reconocidas como víctimas dentro del caso. Sin embargo, los abogados de los exministros de Hacienda e Interior manifestaron su oposición porque, en palabras del propio Velasco, consideran que han caído “en el juego narrativo de la Fiscalía”. El magistrado no atendió su pronunciamiento y avaló su reconocimiento.
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