Fiscalía llamó a juicio a exfuncionario de Procuraduría investigado por corrupción

Avanza el proceso penal contra el abogado sustanciador de la Procuraduría Jesús Alejandro Garzón investigado por, presuntamente, direccionar fallos disciplinarios en la Procuraduría a cambio de sumas millonarias de dinero. La Fiscalía llamó al exfuncionario a juicio como presunto responsable del delito de concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo exige a una persona contribuciones por debajo de la mesa.). (Lea también: Los detalles de la investigación a un exfuncionario de la Procuraduría por supuesta corrupción)

Caracol Radio reveló el escrito de acusación de la Fiscalía que compromete al exfuncionario en dos eventos. El primero tiene que ver con una investigación disciplinaria contra el senador Richard Aguilar. Según el ente investigador, los hechos se remontan al año 2019, época en la que Garzón fungía como sustanciador de algunos de los casos más importantes que investigaba el entonces procurador general Fernando Carrillo.

Al parecer, el sustanciador del Ministerio Público realizó una exigencia económica de $300 millones al senador Aguilar a cambio de que el exfuncionario sustanciara favorablemente la revocatoria de un fallo de primera instancia que comprometía disciplinariamente al congresista por la supuesta contratación irregular de servicios de vigilancia, cuando Aguilar fungía como gobernador de Santander (2012-2015).

Según la acusación de la Fiscalía, en diciembre de 2019 el entonces procurador general Fernando Carrillo, en compañía del procurador auxiliar Juan Fernando Gómez y el mayor Oscar David Bonilla, funcionario de la División de Seguridad de la Procuraduría, se reunió con la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Nasly Teresa Hoyos, quien entonces era la jefa directa de Jesús Alejandro Garzón para hablar sobre las conductas presuntamente irregulares por parte del sustanciador.

El 2 de marzo de 2020 acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento de la entidad que por información aportada por el mayor Oscar David Bonilla, el funcionario Jesús Alejandro Garzón podría estar incurriendo en un delito. En respuesta el ente investigador dio inicio a las pesquisas con las que, según afirma, pudo establecer que el funcionario se aprovechó de su cargo para exigir dinero a cambio de favores en procesos disciplinarios.

El segundo evento que compromete a Jesús Alejandro Garzón es similar a los hechos mencionados anteriormente. Según lo consignó la Fiscalía en su escrito de acusación, a través de interceptaciones a las comunicaciones del exsustanciador de la Procuraduría, se logró evidenciar que el 20 de abril de 2020 Garzón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón Hormaza.

El uniformado le preguntó a Garzón qué trámite debía realizar para que le reintegraran el dinero que dejó de recibir durante el tiempo en el que estuvo suspendido por causa de una investigación disciplinaria de la cual, al final, salió bien librado. La respuesta del exfuncionario de la Procuraduría fue que se trataba de un trámite que podía hacerse sin ningún problema, pues la solución era instaurar una tutela que le costaría entre uno y dos millones de pesos.

El ente investigador señaló que, en efecto, el mayor Rondón pagó la suma exigida por Garzón para la elaboración de la tutela que sería realizada por Aura Matilde Garzón Rincón, hermana del procesado. Días después de la llamada, el 8 de mayo, el mayor Manuel Alejandro Rondón envió un derecho de petición a la Procuraduría para que, en el fallo que lo absolvió de la investigación disciplinaria, se ordenara el reintegro del dinero que dejó de recibir. (Le puede interesar: A la cárcel exfuncionario de la Procuraduría investigado por corrupción)

Luego, el 28 de mayo, el oficial instauró la mencionada tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Ese despacho admitió la tutela e inmediatamente le pidió a la Procuraduría que se pronunciara sobre el derecho de petición allegado por el mayor Rincón. En ese momento, Jesús Alejandro Garzón, entra en escena y el 9 de junio de 2020, en nombre del Ministerio Público, realiza la proyección de la decisión en favor del oficial y concede la devolución de los dineros que el uniformado dejó de recibir durante la sanción.

El concepto de Jesús Alejandro Garzón en este caso fue conocido por la jefa del sustanciador, Nasly Teresa Hoyos quien, antes de pasar el proyecto para que fuera firmado por el procurador general, evidenció que la decisión de Garzón era irregular, toda vez que estos asuntos no se definían a través de ese trámite. Además, la Fiscalía indicó en su acusación que el 26 de abril de 2020 el procesado se comunicó con quien sería su hermana para acordar que ella cobrara cinco millones de pesos por realizar la tutela.

“La Fiscalía, acorde a los elementos materiales probatorios y evidencia física, puede con probabilidad de verdad endilgar como presunto responsable al señor Jesús Alejandro Garzón Rincón, la conducta que se adecua en el Código de las Penas art. 404, el cual cita: el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”, concluyó el ente investigador.

Avanza el proceso penal contra el abogado sustanciador de la Procuraduría Jesús Alejandro Garzón investigado por, presuntamente, direccionar fallos disciplinarios en la Procuraduría a cambio de sumas millonarias de dinero. La Fiscalía llamó al exfuncionario a juicio como presunto responsable del delito de concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo exige a una persona contribuciones por debajo de la mesa.). (Lea también: Los detalles de la investigación a un exfuncionario de la Procuraduría por supuesta corrupción)

Caracol Radio reveló el escrito de acusación de la Fiscalía que compromete al exfuncionario en dos eventos. El primero tiene que ver con una investigación disciplinaria contra el senador Richard Aguilar. Según el ente investigador, los hechos se remontan al año 2019, época en la que Garzón fungía como sustanciador de algunos de los casos más importantes que investigaba el entonces procurador general Fernando Carrillo.

Al parecer, el sustanciador del Ministerio Público realizó una exigencia económica de $300 millones al senador Aguilar a cambio de que el exfuncionario sustanciara favorablemente la revocatoria de un fallo de primera instancia que comprometía disciplinariamente al congresista por la supuesta contratación irregular de servicios de vigilancia, cuando Aguilar fungía como gobernador de Santander (2012-2015).

Según la acusación de la Fiscalía, en diciembre de 2019 el entonces procurador general Fernando Carrillo, en compañía del procurador auxiliar Juan Fernando Gómez y el mayor Oscar David Bonilla, funcionario de la División de Seguridad de la Procuraduría, se reunió con la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Nasly Teresa Hoyos, quien entonces era la jefa directa de Jesús Alejandro Garzón para hablar sobre las conductas presuntamente irregulares por parte del sustanciador.

El 2 de marzo de 2020 acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento de la entidad que por información aportada por el mayor Oscar David Bonilla, el funcionario Jesús Alejandro Garzón podría estar incurriendo en un delito. En respuesta el ente investigador dio inicio a las pesquisas con las que, según afirma, pudo establecer que el funcionario se aprovechó de su cargo para exigir dinero a cambio de favores en procesos disciplinarios.

El segundo evento que compromete a Jesús Alejandro Garzón es similar a los hechos mencionados anteriormente. Según lo consignó la Fiscalía en su escrito de acusación, a través de interceptaciones a las comunicaciones del exsustanciador de la Procuraduría, se logró evidenciar que el 20 de abril de 2020 Garzón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón Hormaza.

El uniformado le preguntó a Garzón qué trámite debía realizar para que le reintegraran el dinero que dejó de recibir durante el tiempo en el que estuvo suspendido por causa de una investigación disciplinaria de la cual, al final, salió bien librado. La respuesta del exfuncionario de la Procuraduría fue que se trataba de un trámite que podía hacerse sin ningún problema, pues la solución era instaurar una tutela que le costaría entre uno y dos millones de pesos.

El ente investigador señaló que, en efecto, el mayor Rondón pagó la suma exigida por Garzón para la elaboración de la tutela que sería realizada por Aura Matilde Garzón Rincón, hermana del procesado. Días después de la llamada, el 8 de mayo, el mayor Manuel Alejandro Rondón envió un derecho de petición a la Procuraduría para que, en el fallo que lo absolvió de la investigación disciplinaria, se ordenara el reintegro del dinero que dejó de recibir. (Le puede interesar: A la cárcel exfuncionario de la Procuraduría investigado por corrupción)

Luego, el 28 de mayo, el oficial instauró la mencionada tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Ese despacho admitió la tutela e inmediatamente le pidió a la Procuraduría que se pronunciara sobre el derecho de petición allegado por el mayor Rincón. En ese momento, Jesús Alejandro Garzón, entra en escena y el 9 de junio de 2020, en nombre del Ministerio Público, realiza la proyección de la decisión en favor del oficial y concede la devolución de los dineros que el uniformado dejó de recibir durante la sanción.

El concepto de Jesús Alejandro Garzón en este caso fue conocido por la jefa del sustanciador, Nasly Teresa Hoyos quien, antes de pasar el proyecto para que fuera firmado por el procurador general, evidenció que la decisión de Garzón era irregular, toda vez que estos asuntos no se definían a través de ese trámite. Además, la Fiscalía indicó en su acusación que el 26 de abril de 2020 el procesado se comunicó con quien sería su hermana para acordar que ella cobrara cinco millones de pesos por realizar la tutela.

“La Fiscalía, acorde a los elementos materiales probatorios y evidencia física, puede con probabilidad de verdad endilgar como presunto responsable al señor Jesús Alejandro Garzón Rincón, la conducta que se adecua en el Código de las Penas art. 404, el cual cita: el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”, concluyó el ente investigador.