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La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y uno de los exaltos funcionarios del gobierno Petro señalados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia se adelantó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
González fue llamado a juicio para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El exdirector del Dapre, hoy prófugo en Nicaragua, se conectó de forma virtual a la diligencia en la que la Fiscalía lo señaló de ser, al parecer, el cerebro del millonario desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país.
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Las investigaciones adelantadas por el equipo que lidera María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, darían cuenta del presunto rol de González dentro del caso. Según su teoría, el exdirector del Dapre habría ordenado millonarios pagos ilegales y entregas de contratos a congresistas de la República, para que ayudaran a destrabar las iniciativas del gobierno Petro durante sus discusiones en el Legislativo.
En su acusación, la Fiscalía lo señaló de al parecer ser responsable, por ejemplo, de las coimas ofrecidas y entregadas a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, hoy tras las rejas por su presunta participación en el mismo escándalo de corrupción. Según el ente investigador, González ordenó inicialmente que les ofrecieran más de COP 60.000 millones a los funcionarios, de dineros de la Ungrd.
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Ese plan inicial que se habría fraguado en la oficina de González, dijo la Fiscalía en su acusación, habría sido modificado a mitad de camino. ¿La razón? La acusación expone que la premura del tiempo para que avanzaran los proyectos del gobierno en el Congreso y el afán de los congresistas Name y Calle por recibir los sobornos prometidos, habrían movido la orden para que se les entregara menos dinero en un tiempo más corto.
Los recursos, señaló el ente investigador, tendrían su origen en la orden de proveeduría con la que se ordenó la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a las comunidades más necesitadas del departamento de La Guajira. Los sobrecostos en el contrato, señaló la Fiscalía, habrían facilitado el pago de COP 3.000 millones al senador Name y COP 1.000 millones al representante Calle. La entrega habría sido mediada por otra alta funcionaria.
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Se trata de Sandra Ortiz, quien para la época de los hechos, septiembre de 2023, era la consejera presidencial para las regiones del gobierno Petro. La Fiscalía señala a la exfuncionaria, hoy presa también en una guarnición policial de Bogotá, de presuntamente haber transportado maletas con dinero en efectivo que habría salido de forma irregular de las arcas de la Ungrd y habría sido desviado a los bolsillos de congresistas señalados por corrupción.
“Se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”, señala la acusación de la Fiscalía. Aunque González está prófugo en Nicaragua, el proceso en su contra seguirá avanzando en Colombia.
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