19 Oct 2020 - 2:03 p. m.

Fiscalía ordenó inspección a Fundación para la Libertad de Prensa

El director de la FLIP, Jonathan Bock, le manifestó su preocupación al fiscal general, Francisco Barbosa, por la forma en que la Fiscalía está llevando el proceso judicial contra Diana Díaz a quien investiga por filtrar el audio que prueba la censura contra el programa Los Puros Criollos, por parte de Juan Pablo Bieri.

Una vez más, el episodio de la censura que ejerció Juan Pablo Bieri (gerente de RTVC) en contra del programa los Puros Criollos vuelve a ser noticia. En esta ocasión, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Jonathan Bock, le envió una carta al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, manifestando su rechazo a la solicitud que hizo la Fiscalía de realizar una inspección judicial a la sede de la FLIP, una situación nunca antes vista, y su preocupación frente al proceso penal contra Diana Díaz (en ese entonces directora de Señal Colombia), la fuente que filtró el audio sobre Juan Pablo Bieri y sus órdenes de censurar el programa.

“Resulta necesario expresarle nuestra más alta preocupación frente al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, explicó el director luego de que se conociera que, el 8 de octubre, la Fiscalía le requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones. (Noticia relacionada: Fiscalía le imputará cargos a periodista que reveló caso de censura en RTVC)

El objetivo del ente investigador era el de obtener “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de Diana Díaz (...). En caso positivo establecer a qué dependencias compareció, en cuántas oportunidades, y obtener toda la documentación de dichos registros de ingreso y salida, así como los videos de seguridad”. Además, solicitó una copia de la grabación obtenida y publicada por la Fundación el 23 de enero de 2019 denominada: Juan Pablo Bieri, un censor puro criollo.

Luego, que el 15 de octubre la Fiscalía citó a tres integrantes del equipo de la FLIP para que asistieran a una entrevista presencial en el proceso penal contra Díaz, desconociendo la directiva 007 de 2016 de la Fiscalía que dispone que está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o una entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes. Pese a esto, Jonathan Bock aseguró que asistirá a la citación en aras de contribuir a la justicia y aportará la información que sea solicitada siempre y cuando no exista interés de conocer datos que comprometan la reserva de la fuente. (Lea también: ¿Por qué dejaron de emitir Los Puros Criollos el día en que su presentador salió en La Pulla?)

“No existe en la historia de la FLIP un precedente donde de manera tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores. La eventual realización de la inspección de la sede de la Fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato. Esto constituiría una intromisión excesiva de tal magnitud que un juez de control de garantías no avalaría dicha diligencia”, manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa.

En ese sentido, consideró el director de la FLIP que, en caso de que este tipo de acciones no cuenten con el rechazo abierto y explícito por parte del Fiscal General se puede correr el riesgo de legitimar estas prácticas y que estas solicitudes se repitan en el futuro contra otras organizaciones civiles encargadas de advertir violaciones contra derechos fundamentales o contra medios de comunicación. También, recordó que la FLIP siempre ha colaborado con las instituciones del Estado, cuando están enmarcadas bajo los principios de imparcialidad y publicidad.

Por otro lado, para la FLIP es de “extrema gravedad” que la investigación en contra de Diana Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia, "se valga de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados” y que le resulta difícil no ver estas decisiones como una retaliación por haber defendido a Diana Díaz y haber publicado el audio de Bieri. Y es que la Fiscalía notificó que el 13 de noviembre habrá una audiencia de imputación de cargos contra Diana Díaz por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva'.

“Imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes. Los mecanismos legales y penales no deben ser utilizados para acosar e intimidar a personas, que como Diana Díaz, se atrevieron de buena fe a entregar información sobre acciones irregulares que ocurrían en la institución pública en la que trabajaba”, expresó Bock insistiendo en que el Estado está en la obligación de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien de buena fe actos de corrupción.

Para la FLIP, luego de un año de inactividad de la investigación penal contra Diana Díaz (denunciada por Juan Pablo Bieri en marzo de 2019), esta se retomó recientemente y desde entonces se ha caracterizado por adoptar medidas intimidatorias agresivas e invasivas. El pasado lunes 5 de octubre, Diana Díaz fue interrogada sobre la reunión del 6 de diciembre de 2018 y, cómo se divulgó el audio, buscando su incriminación. De hecho, agregó la FLIP que el fiscal solicitó acceso al correo electrónico de Díaz e, incluso, sugirió la posibilidad de hacerlo por medio de acceso remoto con el fin de realizar una prueba “lo que resulta a todas luces desproporcionado”. (Le puede interesar: Juan Pablo Bieri renuncia a RTVC por escándalo de censura a Los Puros Criollos)

“Este proceso penal contra Diana Díaz es un despropósito en sí mismo, no solo contraviene lo dicho, sino que también es un desgaste para la administración de justicia que evidencia una política de persecución en contra de las fuentes. Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia”, explicó la FLIP.

Finalmente, desde la Fundación para la Libertad de Prensa le solicitaron al fiscal Barbosa una reunión lo más pronto posible. “Queremos conocer de primera mano qué medidas y directrices va a impartir desde la dirección general para que las acciones en el marco de este proceso cumplan con la obligación de no penalizar a los denunciantes de buena fe sobre asuntos de interés público; cómo se garantizará la seguridad de quienes están aportando información de interés general; y de qué manera se está vigilando el cumplimiento de la Directiva 007 ‘Por medio de la cual se establecen pautas para la citación de periodistas a rendir entrevista o testimonio dentro de una investigación y/o un proceso penal’", expresó la FLIP.

La carta, firmada por el director de la Fundación, Jonathan Bock, concluye informándole al fiscal que la FLIP solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el proceso en contra de Diana Díaz y que pondrá en conocimiento de este asunto a organismos internacionales. (Noticia relacionada: #LaPulla: EXCLUSIVO: El audio que prueba que CENSURARON a Los Puros Criollos)

El 16 de enero de 2019 la FLIP transcribió y publicó una conversación en la que se evidencia la orden de Juan Pablo Bieri que buscaba censurar el programa Los Puros Criollos, por las opiniones de su presentador. En marzo de 2019, Juan Pablo Bieri denunció a Diana Díaz ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva (Art. 419 del Código Penal), acusándola de ser quien habría grabado y divulgado la reunión en la que él había participado y en la que se tomó la decisión de sacar dicho programa de la parrilla de programación de Señal Colombia.

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