Fiscalía pide medidas cautelares para frenar crisis ambiental de Hidroituango

La Fiscalía había anunciado en marzo de este año que abriría una investigación para establecer lo ocurrido en Hidroituango y cómo se llegó a la crisis que atraviesa hoy la represa. / AFP

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió una serie de acciones inmediatas para frenar la crisis ambiental que desató el proyecto de Hidroituango en el ecosistema del río Cauca y que hoy afecta la vida de 60 mil habitantes de la zona. Las medidas cautelares, que quedan a criterio de un juez de control de garantías, nacen de los hallazgos de un equipo técnico en los las inmediaciones del proyecto. En su pronunciamiento, el fiscal no hizo referencia a los posibles responsables del daño. 

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A través de la recolección de muestras ambientales y testimonios de los locales, los peritos a cargo de la investigación buscaban “verificar la eventual afectación de las obras y de las medidas tomadas para atender las contingencias del proyecto”. Tras analizar los primeros avances de esa indagación, la Fiscalía señaló hoy que en la zona hay una “grave situación” y que ponía el tema en los estrados judiciales “a efecto de que se adopten las medidas correctivas urgentes que impone la situación”. La adoptación de estas medidas, aclaró la entidad, se hará "sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar en el marco de la indagación en curso". “Estamos hablando de la vida del río Cauca”, agregó Martínez Neira.

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Según el ente investigador, hay cuatro causales del daño ambiental que hoy atraviesa la zona y que se deben corregir de inmediato. Para la Fiscalía, se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Tarazá y Caucasia. Entre las razones está, en primer lugar, “la invasión acelerada de buchón”, una especie de maleza acuática que crece en las zonas de aguas estancadas y que produce un olor de putrefacción. Esta planta, que ahora crece en el segundo río más caudaloso de Colombia, se habría extendido 8,5 kilómetros en apenas dos meses, lo que impide que “se desarrolle vida dentro del agua”, según señaló la entidad.

Por otro lado, la Fiscalía aseguró haber encontrado una planta de asfalto abandonada y una escombrera en cercanías del proyecto de EPM (otrora, Empresas Públicas de Medellín). Según declaraciones del ente investigador “hay residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos provenientes de los trabajos de obra civil realizados para la hidroeléctrica (Hidroituango)” en la planta, ubicada entre Toledo y Puerto Valdivia (Antioquia). Asimismo, entre este municipio y la hidroeléctrica, en la zona de El Higuerón, el ente investigador aseguró haber encontrado una escombrera en la que habría residuos sólidos dispuestos allí tras ser extraídos para la construcción de la represa. “En varios puntos ya existen desprendimientos de tierra” y hay amenazas de desprendimientos, que podrían generar una avalancha sobre las poblaciones aledañas.

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Por último, los investigadores aseguraron que las afectaciones producidas por los tres puntos anteriores “están reteniendo la riqueza biológica y de minerales del río Cauca en la parte sur del proyecto Hidroituango”, es decir, antes de la represa. Estas condiciones ponen en peligro a las comunidades que viven en la rivera del Cauca, pues “golpean la seguridad alimentaria y la principal actividad económica de los pobladores”, que es la pesca. Ante este panorama, el ente investigador sugiere un plan de choque para la recolección del buchón, el cierre urgente de la planta de asfalto, la estabilización urgente de las tierras cercanas a la escombrera y la correcta e inmediata disposición de los residuos. Además, “mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones”.

La Fiscalía había dicho a comienzos de este año que emprendería tres líneas de investigación para establecer lo ocurrido en Hidroituango y cómo se llegó a la crisis que atraviesa hoy la represa. La primera de esas líneas tiene que ver con la indebida gestión de residuos sólidos. En este caso, el ente investigador indaga, además de posibles irregularidades en el manejo de residuos orgánicos y escombros, el presunto incumplimiento de protocolos que habrían influido negativamente en los recursos naturales. Por ejemplo, en la calidad, cantidad y fluidez del agua, la erosión del suelo y la eventual inestabilidad de la montaña donde está la hidroeléctrica.

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La segunda línea está relacionada con las obras y modificaciones sin las respectivas licencias. La Fiscalía indaga, por ejemplo, el impacto que tuvieron en el ecosistema las modificaciones en los diseños iniciales y en la ejecución de las obras sin los permisos ambientales. Y, por último, se busca establecer si los encargados del proyecto desestimaron los riesgos y el plan de contingencia respectivo. “Durante la ejecución del proyecto ocurrieron contingencias que habrían sido desestimadas por los encargados del proyecto, quienes no habrían tenido la capacidad de atenderlas porque estaban preparados para una situación de menor dimensión”, precisó el fiscal Martínez en ese momento.

Así empezaron a ser investigados en febrero de este año, por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM-Ituango. De igual manera, la Fiscalía citó a interrogatorio a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque (en calidad de gerente EPM Hidroituango) y Juan Estaban Calle Restrepo (gerente de EPM E.SP.) para esclarecer las líneas mencionadas.

En 2018 la crisis de Hidroituango fue calificada de calamidad pública durante 30 días, después de que se denunciara el bajísimo nivel del caudal del río Cauca. Desde 2017, la Fiscalía investiga el impacto ambiental de la obra sobre su entorno, a petición del movimiento Ríos Vivos, que reúne a habitantes del sector y a académicos y ambientalistas. Según han denunciado, con Hidroituango se inundaron zonas donde estaban enterradas víctimas del conflicto. Y, desde el año pasado, el ente investigador indaga si hubo anomalías en la adjudicación de las obras al Consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto.