Fiscalía imputará cargos por supuestas irregularidades en contratación en Hidroituango

El organismo investigativo le imputará cargos al ingeniero Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango, y a Luis Javier Vélez Duque, quien hasta agosto del año pasado fue el director del proyecto. Además, el ente investigador llamó a interrogatorio a ocho funcionarios más.

El proyecto de Hidroituango debía comenzar a operar en noviembre de 2018, pero, hasta la fecha, sus problemas aún están sin resolverse.Nelson Sierra - El Espectador

Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM-Ituango, serán investigados por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, acaba de anunciar la Fiscalía, organismos que señaló que les imputará cargos en marzo. De igual manera, el ente investigador citó a interrogatorio a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque (en calidad de gerente EPM Hidroituango) y Juan Estaban Calle Restrepo (gerente de EPM E.SP.). 

Para llegar a esta determinación, la Fiscalía se remitió al comienzo de este megaproyecto que nació con la idea de realizar “el diseño, construcción y explotación a nivel nacional y/o internacional de la Central Hidroeléctrica de Pescadero – Ituango”. Fue así como la empresa se constituyó el 8 de junio de 1998 con accionistas como Isagén, el Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia (IDEA), la Empresa Antioqueña de Energía (EADE S.A. E.S.P.), el Departamento de Antioquia, la empresa Integral S.A., y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).  

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Casi 10 años después de su nacimiento, la empresa decidió dejar en manos de terceros el proyecto y fue ahí en donde, supuestamente, comenzaron las irregularidades. El 17 de noviembre de 2009, Hidroituango invitó a todas las empresas interesadas en participar de esta obra. El 18 de enero del año siguiente, se conocieron los nombres de las siete que presentaron sus propuestas: China Three Georges Corporation; el Consorcio Kepco; Electrobrás; Odebrecht; Constructores Comercio Camargo Correa S.A.; Constructora Andrade Gutiérrez S.A.; y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

En marzo de ese mismo año, Hidroituango publicó las reglas para la adjudicación de esta obra para construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande de Colombia. Pero sin más explicaciones, la junta directiva de la empresa suspendió el proceso de subasta. Lo que pudo encontrar la Fiscalía es que, mientras la búsqueda de la empresa quedó en vilo, Hidroituango inició diálogos directos con EPM para negociar con ellos el futuro del contrato.

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Según las pesquisas del ente investigador, para el 10 de septiembre de 2010 estaba claro que EPM iba a ser el destinatario del contrato, aunque para ese momento el proceso de subasta con las demás empresas no se había cancelado y seguía suspendido. La decisión solo se vino a saber el 4 de noviembre de 2010, cuando Hidroituango le informó a los otros seis oferentes que la subasta había cerrado porque habían preferido trabajar con una empresa regional como lo es EPM. El 29 de marzo de 2011 se firmó el contrato con la nueva sociedad de nombre EPM Ituango S.A. E.S.P.​

El fiscal Néstor Humberto Martínez fue quien dio los detalles de esta investigación y aclaró que este habría sido un proceso irregular y que Hidroituango terminó asignando este contrato “a dedo”. Por estas supuestas irregularidades es que la Fiscalía le imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroitunago para la fecha de los hechos,  y Luis Javier Vélez Duque, quien era el gerente de EPM Ituango cuando se firmó el contrato cuestionado.  

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La investigación no terminó allí. Luego de que EPM Ituango se quedó con el negocio de la hidroeléctrica, en enero de 2013 la sociedad decidió ceder el contrato que había conseguido en 2011 para favorecer a la EPM (entendida como las Empresas Públicas de Medellín). Para ese momento, la cifra del contrato era de $18.519.893.719. Por este cambio en el operador de la obra, la Fiscalía quiere establecer si quienes participaron de esta cesión cometieron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. 

Sobre los daños ambientales de la crisis de la hidroeléctrica

 

La Fiscalía tiene tres líneas de investigación para establecer lo ocurrido y, si es el caso, tomar decisiones judiciales. La primera línea tiene que ver con la indebida gestión de residuos sólidos. En este caso, el ente investigador indaga, además de posibles irregularidades en el manejo de residuos orgánicos y escombros, el presunto incumplimiento de protocolos que habrían influido negativamente en los recursos naturales. Por ejemplo, en la calidad, cantidad y fluidez del agua, la erosión del suelo y la eventual inestabilidad de la montaña donde está la hidroeléctrica.

La segunda línea está relacionada con las obras y modificaciones sin las respectivas licencias. La Fiscalía indaga, por ejemplo, el impacto que tuvo en el ecosistema las modificaciones en los diseños iniciales y en la ejecución de las obras sin los permisos ambientales de ley. Y, por último, el ente investigador quiere establecer si se desestimó los riesgos y el plan de contingencia. “Durante la ejecución del proyecto ocurrieron contingencias que habrían sido desestimadas por los encargados del proyecto, quienes no habrían tenido la capacidad de atenderlas porque estaban preparados para una situación de menor dimensión”, precisó el fiscal Martínez. 

Claves para entender lo que pasa en Hidroituango

 

La crisis de Hidroituango estalló en mayo del año pasado. El cronograma de las EPM indicaba que la hidroeléctrica empezaría a proveer el 16% de la energía que requerirá el país a partir de noviembre de 2018, después de casi ocho años de trabajos de construcción. Para 2013, sin embargo, ya había retrasos, lo que llevó a EPM a pactar con el consorcio constructor un plan para acelerar las obras a cambio de $70.000, siempre y cuando la planta entrara a funcionar en la fecha ya programada. Se acordaron jornadas laborales extendidas y acciones complementarias para lograrlo.

El plan era desviar el río Cauca, encauzarlo por tres túneles que se habían construido con ese fin específico, y usar el movimiento del río para transformarlo en energía en la casa de máquinas eregida para tal fin. La desviación se hizo en 2014 pero, luego, EPM bloqueó dos de los tres túneles y dejó habilitado solo uno, decisión que resultó siendo de alto riesgo: entre abril y mayo de 2018, durante una dura temporada de lluvias, el único túnel vigente se taponó luego de algunos derrumbes. El proyecto, las directivas de EPM y las autoridades antioqueñas empezaron entonces a padecer. 

Entre las medidas que se tomaron para solucionar el asunto, se activó la casa de máquinas sin que estuviera completamente terminada, lo que implicó unos altos costos para EPM y, peor aún, se produjo una consecuencia inesperada: en un punto el túnel taponado por los derrumbes se destapó naturalmente, y el agua que por ahí corría, junto con el agua que pasaba por la casa de máquinas, triplicó el cauce del Cauca. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, advirtió que de seguir así, a Puerto Valdivia podría afectarla una ola de 26 metros de altura. 

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El año pasado, la crisis de Hidroituango fue calificada de calamidad pública durante 30 días. La crisis, desde ese momento, no ha cesado. Desde 2017, la Fiscalía investiga el impacto ambiental de la obra sobre su entorno, a petición del movimiento Ríos Vivos, que también ha denunciado que con Hidroituango se inundaron zonas donde estaban enterradas víctimas del conflicto. Y, desde 2018, el organismo investigativo indaga si hubo anomalías en la adjudicación de las obras al Consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto. 

La Procuraduría, por su parte, también está con los reflectores puestos sobre esta ambiciosa iniciativa. El jefe de esta entidad, Fernando Carrillo, anunció hace unos días que el organismo disciplinario investigará a  los miembros de la junta directiva de EPM, a algunos ejecutivos de la misma empresa y a varios funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). "Aquí con medidas ordinarias y curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado”, sentenció Carrillo, quien hoy mismo reclamó: "Que se sepa toda la verdad".

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Redacción Judicial

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