Fiscalía pidió cárcel para implicados en red de corrupción en la justicia en el Meta
El ente acusador aseguró que los implicados se concertaron para otorgar libertades y diversos beneficios judiciales a implicados en delitos como hurto en la ciudad de Villavicencio.
Redacción Judicial
Para la Fiscalía está claro que un fiscal, un abogado y tres particulares, capturados el pasado martes, conformaron una red ilegal en el departamento del Meta para otorgar libertades y otros beneficios judiciales como casa por cárcel a varios detenidos que habrían pertenecido a organizaciones criminales entre 2015 y 2016. Por tal motivo, solicitó al Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Villavicencio que los implicados sean enviados a la cárcel.
(En contexto: Continúan las capturas por supuestos actos de corrupción en el Meta)
De acuerdo con las investigaciones del caso, el abogado Nelson Guzmán Hernández sostenía comunicación con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), para acordar los términos y costos por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.
“En el juzgado también fueron escuchadas conversaciones en las que el abogado Guzmán llamaba a su esposa, Paola Andrea Dávila Tafur, con quien compartía lo planeado y de paso acordaban el modo de entregar los pagos que habrían sido acordados con el Fiscal”, señaló el ente acusador. María Cristina Acosta Olaya, también fue vinculada al proceso, por ofrecer y entregar dinero a cambio de beneficios judiciales a los hoy investigados.
Por su parte, los sindicados se declararon inocentes de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, asesoramiento ilegal y prevaricato. “En este caso la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya. En el caso de Óscar Fernando Albán Caicedo, Nelson Guzmán Hernández y Solandy Parra Gómez, el ente investigador pidió detención en centro carcelario”, agregó el ente acusador.
(Lea también: Capturan a 10 funcionarios judiciales por actos de corrupción en Villavicencio)
El próximo lunes el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Villavicencio definirá la medida de aseguramiento que impondrá a los investigados por este caso de corrupción en la justicia.
Para la Fiscalía está claro que un fiscal, un abogado y tres particulares, capturados el pasado martes, conformaron una red ilegal en el departamento del Meta para otorgar libertades y otros beneficios judiciales como casa por cárcel a varios detenidos que habrían pertenecido a organizaciones criminales entre 2015 y 2016. Por tal motivo, solicitó al Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Villavicencio que los implicados sean enviados a la cárcel.
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De acuerdo con las investigaciones del caso, el abogado Nelson Guzmán Hernández sostenía comunicación con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), para acordar los términos y costos por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.
“En el juzgado también fueron escuchadas conversaciones en las que el abogado Guzmán llamaba a su esposa, Paola Andrea Dávila Tafur, con quien compartía lo planeado y de paso acordaban el modo de entregar los pagos que habrían sido acordados con el Fiscal”, señaló el ente acusador. María Cristina Acosta Olaya, también fue vinculada al proceso, por ofrecer y entregar dinero a cambio de beneficios judiciales a los hoy investigados.
Por su parte, los sindicados se declararon inocentes de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, asesoramiento ilegal y prevaricato. “En este caso la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya. En el caso de Óscar Fernando Albán Caicedo, Nelson Guzmán Hernández y Solandy Parra Gómez, el ente investigador pidió detención en centro carcelario”, agregó el ente acusador.
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El próximo lunes el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Villavicencio definirá la medida de aseguramiento que impondrá a los investigados por este caso de corrupción en la justicia.