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La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, en el caso que se sigue en su contra por el escándalo de los pasaportes.
Según señaló el ente investigador Leyva Durán, en ejercicio de su cargo, “habría proferido tres actos administrativos contrarios a la Ley para obstruir la licitación 001 de 2023, que tenía por objeto la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por valor de 559.000 millones de pesos”. Por ese mismo escándalo, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por un período de 10 años. Para el Ministerio Público, el exfuncionario declaró desierta la licitación sin fundamento legal.
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La Fiscalía comenzó a investigar al exfuncionario en diciembre de 2023 luego de que en septiembre de ese mismo año, por instrucciones de Leyva, se suspendió la licitación para la gestión del servicio de pasaportes. El proceso había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons, firma que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación y cuya propuesta superaba los COP 600.000 millones. Por estos hechos, ante el Tribunal Superior de Bogotá, el excanciller negó su responsabilidad.
Según el abogado Roberto Badel García, quien representa al excanciller, lo único que Leyva buscaba mediante los tres actos administrativos investigados por la Fiscalía era garantizar “la pluralidad” de ofertas para el contrato de pasaportes.
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Durante la audiencia de imputación contra el excanciller Leyva, que se realizó el 9 de diciembre de 2025, la fiscal del caso señaló que el entonces funcionario tenía pleno conocimiento de que la licitación para la producción y distribución de los pasaportes se hizo bajo los parámetros de la ley. Pese a ello, declaró la urgencia manifiesta por un período de 12 meses con el objetivo de dejar por fuera del proceso a la empresa que tenía luz verde para hacerse al millonario contrato y hacer una contratación directa.
“Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”, dijo la fiscal. Agregó que para la época de los hechos “no existían situaciones excepcionales” que justificaran la declaración de la urgencia manifiesta y que, por el contrario, lo que buscaba por medio de ese acto administrativo con el que, al parecer, abusó de su poder, era “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación” al frente de la Cancillería.
Luego de hacer un recuento detallado de los hechos en los que el excanciller Leyva habría actuado en contra de la ley durante la licitación para el contrato de los pasaportes, la fiscal del caso formalizó la imputación como autor del cargo de prevaricato por acción en concurso homogéneo. La investigadora detalló que el delito se habría cometido “con conocimiento y con voluntad; es decir, con dolo directo mientras ejercía en calidad de ministro de Relaciones Externas”.
Tras la radicación del escrito de acusación, la Fiscalía fijó la próxima audiencia para el 23 de abril a las tres de la tarde.
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