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No hay marcha atrás. El próximo 5 de mayo, el precandidato presidencial Sergio Fajardo será imputado por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito -un préstamo que una entidad financiera le hace a una institución del Estado-, entre el banco Corpbanca y la Gobernación de Antioquia, el 5 de diciembre de 2013. La defensa de Fajardo solicitó evaluar la decisión, pero la Fiscalía se lo negó a menos de una semana para llevar a cabo la audiencia.
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De acuerdo con la Fiscalía, a finales de 2013, la Gobernación de Antioquia adquirió un préstamo por US$ 77 millones por parte de Corpbanca. Según lo imputa el ente investigador, Sergio Fajardo habría ordenado el gasto, firmado el contrato y aprobado el pagaré que garantizaba el préstamo, con el cual se pretendía cubrir deudas con otros bancos. Sin embargo, el precandidato presidencial no habría evaluado la necesidad de aprobar el préstamo en dólares.
“Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”, agregó la Fiscalía. La hipótesis investigativa de la institución es que pudo haber un detrimento fiscal por la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, pues en 2013 el dólar estaba a $1.926 y, dos años después, para 2015, la divisa extranjera incrementó su valor a $3.140.
El pasado 11 de abril, el abogado Mauricio Pava, representante de Fajardo, solicitó a la Fiscalía convocar un comité técnico-jurídico, para evaluar la imputación que viene en camino. “Le escribo con el pleno convencimiento de la ausencia de comportamiento o voluntad criminal predicable de los hechos contenidos en el mencionado comunicado de prensa. Por el contrario, los elementos acreditados no dejan duda de que la actuación de SFV se ajustaba a la legalidad”, allegó Pava.
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Sin embargo, hoy el fiscal general Francisco Barbosa le respondió a Mauricio Pava en una carta de tres páginas. Lo primero que hizo la máxima cabeza de la institución fue dejar claro que, según la Constitución, él está en la capacidad de “determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley”.
Luego, Barbosa respondió a Pava indicándole que la convocatoria de un comité técnico-jurídico es iniciativa de funcionarios de la entidad y no de representantes de las partes involucradas en los procesos penales. Sin embargo, el fiscal general dejó claro que cualquier abogado podría solicitar la conformación de un comité, a través de un derecho de petición. “Se trata de una herramienta de uso excepcional”, respondió.
“En el caso bajo examen, las decisiones adoptadas dentro de la actuación penal de la referencia son producto de una investigación extensa, juiciosa y fundamentada en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, por parte de la fiscal delegada que lidera el caso. Esta funcionaria, que pertenece al más alto nivel de la institución, ha gestionado el proceso en el marco de su independencia y autonomía”, concluyó el fiscal Barbosa.
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En contraste, la representación de Fajardo cree que la investigación de la Fiscalía no fue suficiente. Pava asegura que el estudio de necesidad lo hizo, en su momento, el Comité Financiero y de Tesorería del Departamento de Antioquia. Además, el abogado critico que en el llamado a imputación se haya tenido en cuenta la falta de “proyección de la volatilidad del dólar”. “Si bien imputar un delito a un ciudadano en Colombia es discrecional de la Fiscalía General de la Nación, no puede ser algo arbitrario”, concluyó.
